El 7 de octubre de 1993 murió un menor, arrollado por un vehículo particular, durante su jornada académica, en la institución educativa publica a la que asistía, en el momento que por disposición de su maestra se encontraba en las afueras de la instalación educativa. El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Educación a indemnizar a los familiares de las víctimas, por la falla en la obligación de tutela de la institución educativa sobre los alumnos durante la jornada escolar.