¿Quién se llevó a Felipe? Parte 3
Como si fueran pocas las irregularidades ya relatadas en la historia de Felipe*, el proceso penal que emprendió la familia para esclarecer los hechos estuvo atravesado por baches que impidieron su normal desarrollo.
El arma que supuestamente portaba Felipe y con la que aparentemente había disparado a los agentes de la Policía fue expuesta a un análisis realizado por un técnico de Medicina Legal. Este confirmó, que el arma encontrada tenía trabados los mecanismos externos y no estaba en condiciones de lograr un disparo. El informe arrojó también, que las vainillas encontradas junto al arma no correspondían con el artefacto bélico.
Así se lo hizo saber el técnico de Medicina legal al Juez 93 de Instrucción Penal Militar de Medellín, cuando este último, en compañía de un grupo de agentes, recogió el arma para realizarle una segunda e inusual revisión. El segundo resultado era completamente diferente al primero; este nuevo informe estableció que el arma sí se encontraba en condiciones de disparar y que las vainillas correspondían a la subametralladora calibre 9 mm analizada. Según las sentencias del Tribunal Administrativo y del Consejo de Estado, el segundo resultado fue consecuencia de una manipulación realizada por parte de 2 agentes de la policía y del Juez 93 de Instrucción Penal Militar de Medellín.
En ese borroso escenario, se pudo comprobar que no era cierta la afirmación realizada por los agentes de la Policía en la que indicaban que Felipe había disparado contra ellos. Quedaba por responder otro rosario de preguntas, una de ellas tenía que ver con los disparos que dieron muerte a Felipe, ya que estos se encontraban en zonas del cuerpo difíciles de acceder en medio del terreno en el que sucedió el operativo.
Después de un largo proceso de 20 años (10 años en el Tribunal Administrativo de Antioquia y 10 años en el Consejo de Estado) se logró demostrar la responsabilidad del Estado y la policía nacional en los hechos y se declaró al Estado colombiano como responsable de los daños ocasionados a la familia de Felipe con ocasión de su muerte; la sentencia definitiva es concluyente cuando afirma: “… la muerte del señor Romero Gil, no fue causada como reacción a un ataque armado sino como una ejecución extrajudicial…”.
El proceso penal que se adelantó, a través de la Jurisdicción Penal Militar, en el que se había declarado la responsabilidad de los autores de la muerte de Felipe Romero Gil*, se diluyó con la investigación del Juez 93 de Instrucción Militar y se agotó cuando, mediante sentencia proferida por el presidente del Consejo Verbal de Guerra, fueron absueltos los policías relacionados con este homicidio. Solo se elevó pliego de cargos en contra de los Oficiales de la Policía Nacional con facultades de Policía Judicial que, de alguna manera, participaron con funciones de mando en el operativo que dio lugar a los hechos; dichos cargos estaban relacionados con errores de táctica y procedimiento pero de ninguna manera con la muerte de Felipe.
La evidente impunidad penal y disciplinaria en los resultados de los procesos adelantados en Colombia, fueron elementos fundamentales para que el abogado Javier Villegas Posada y su firma presentara una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que todavía hace trámite.
Las violaciones a los derechos puestas en evidencia por la firma y contempladas en este documento, tienen que ver con el derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Derechos, que se supone, deben ser protegidos por las instituciones del Estado, por lo que resulta inadmisible que sean justamente ellos quienes perpetúen estos crímenes.
La familia Romero Gil no solo ha lidiado con la dolorosa pérdida de uno de sus miembros, sino que también, ha tenido que tolerar que se manchara su buen nombre y que, adicional a esto, los responsables de los crímenes cometidos en su contra no hayan sido castigados.
*Los nombres de los personajes han sido reemplazados por asuntos de seguridad y privacidad.
Un viaje sin retorno
Era el fin de semana en el que se conmemoraba una de las fiestas patrias más importantes, el grito de independencia que tuvo como detonante un florero roto y que desataría una discusión que derivó en la separación del yugo español. Doscientos años después, habitantes de una República soberana e independiente, los colombianos nos seguimos matando entre nosotros.
La ciudad amurallada, la India Catalina, el monumento de los zapatos viejos y las historias que encierra uno de los lugares más emblemáticos del país hicieron que Ernesto José Herrera*, Juan Camilo Correa* y Miguel Ángel Suarez* unieran sus ahorros para cumplir el sueño de muchos ciudadanos del interior del país: conocer Cartagena. Durante el puente festivo del 20 de julio este trío de amigos disfrutó de la playa, los sitios históricos y el calor de la zona caribe del país, sin embargo, su regreso fue una cadena de hechos desafortunados que hacen que esta historia no sea un relato más de viaje.
La falta de previsión y un mal cálculo, hizo que este grupo de amigos se quedara sin los recursos suficientes para regresar por aire a su ciudad de origen, razón por cual se vieron obligados a emprender una aventura por tierra poco predecible. La escena era propia de una película: tres jóvenes levantando su pulgar con la esperanza de ser llevados por tramos hasta sus hogares.
Así, recorrieron parte del camino hasta llegar a Caucasia, una población antioqueña ubicada a 285 kilómetros de Medellín, la capital del departamento antioqueño y ciudad de origen de Ernesto, Juan Camilo y Miguel Ángel. En Caucasia, y agotados por el viaje, estos amigos lograron hospedarse en un hotel gracias a la buena voluntad de su propietario; la intensión era descansar y continuar con la aventura que estaba cada vez más cerca de terminar.
Esa madrugada y luego de descansar, los jóvenes emprendieron nuevamente el viaje hasta llegar al municipio de Cáceres, Antioquia, sitio en el que fueron interceptados y retenidos en contra de su voluntad por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para la época en la que ocurrieron los hechos (1998), eran comunes las negociaciones entre las AUC y el Ejército Nacional. Dichas negociaciones tenían como botín a jóvenes – en su mayoría campesinos- que luego de ser asesinados eran presentados por algunos de los integrantes del ejército como guerrilleros muertos en combate, falsos positivos.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acerca de la situación de los derechos humanos en Colombia, revela que las ejecuciones extrajudiciales son justificadas bajo la presunta colaboración de estas personas con grupos insurgentes. El informe, afirma también, que muchas de estas ejecuciones han sido relacionadas con los privilegios obtenidos como resultado de las bajas efectivas por parte de los soldados de los diferentes batallones de Ejército.
Esta sería la suerte de Ernesto, Juan Camilo y Miguel Ángel cuando fueron negociados y separados con el fin de ser presentados ante instancias superiores del ejército como combatientes revolucionarios muertos en combate. Para tal fin, los jóvenes fueron vestidos con prendas de combate propias de las autodefensas y posteriormente asesinados por miembros del Ejército Nacional para ser presentados ante superiores y medios de comunicación.
Al notar la prolongada ausencia e injustificada falta de comunicación, los familiares de estos jóvenes emprendieron el mismo viaje que sus parientes; pero esta vez, los fines no eran turísticos. Padres y hermanos tenían como objetivo conocer el paradero de estos tres amigos, por lo que recorrieron los mismos pasos que los jóvenes preguntando si estos habían sido vistos y en qué condiciones.
Estas búsquedas resultan difíciles debido a aspectos económicos, falta de acompañamiento por parte de las autoridades competentes y por la intromisión de agentes relacionados con los hechos que ocultan información y obstruyen así, las investigaciones adelantadas por los familiares.
La angustia de los familiares duró diez años más. En octubre de 2008, un desmovilizado de las filas de las AUC confirmó en una audiencia, citada por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, que Ernesto José Herrera y Miguel Ángel Suarez fueron vendidos por su bloque al Ejército Nacional para ser presentados como bajas; sin embargo, hasta la fecha se desconoce el paradero de Juan Camilo Correa quien fue separado de sus compañeros aún con vida.
Javier Villegas Posada, en un principio presentó demanda en contra del Estado Colombiano (Ejército Nacional – Ministerio de Defensa), la cual tiene como resultado la condena efectiva del Estado Colombiano, después de 18 años de haber ocurrido los hechos.
Actualmente, hace su trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denuncia formulada, por este mismo, por la falta de garantías procesales y el incumplimiento de las obligaciones estatales y compromisos internacionales, respecto a los derechos fundamentales de estos tres jóvenes (entre ellos un menor de edad) y sus familias.
En primer lugar, se expone que el Estado no generó las garantías suficientes para que estos jóvenes pudieran circular de manera segura por el territorio nacional. Seguido de eso y mucho más delicado es la participación activa de agentes del Estado en la muerte injustificada e ilegal de estas personas, lo que traduce en una violación al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal , el derecho a un recurso efectivo y garantías judiciales y el derecho a la honra.
Estas historias se repiten más de lo que los ciudadanos colombianos quisiéramos: jóvenes estudiantes, trabajadores alejados de las armas que terminan involucrados en la guerra por medio de una especie de rifa desafortunada, que ha desmembrado a miles de familias en nuestro país que busca por medio de la paz hacer que estas historias hagan parte de un pasado que nadie quiere repetir.
*Los nombres de los personajes han sido reemplazados por asuntos de seguridad y privacidad.