En solo un instante, los pasajeros de un bus que viajaban a Medellín desde el departamento de Chocó, fueron víctimas de un accidente difícil de creer y de aceptar.

 Ocurrió el 14 de enero de 1998, cuando un bus de la empresa Rápido Ochoa que cumplía con la ruta Quibdó- Medellín cayó a las aguas del río Hábita, en una curva que hace el ingreso al puente sobre el río y el cual carecía de barreras protectores a los costados.

La carretera donde ocurrió el siniestro es una vía de orden nacional, cuya responsabilidad de mantenimiento es del Instituto Nacional de Vías “INVIAS”, siendo un hecho notorio que por años ha sido abandonada a su suerte y con ello la suerte de quienes transitan por ella. 

 Son muchos los accidentes ocasionados por el mal estado de la carretera y la nula o inadecuada señalización, provocando innumerables pérdidas de vidas humanas.

 En un proceso adelantado por Javier Villegas Posada y su firma de abogados, representando a los familiares de 7 víctimas fatales y a 4 lesionados, se demostró la responsabilidad de INVIAS, y 18 años después de los hechos el tribunal administrativo en fallo  definitivo y de segunda instancia condenó al instituto a indemnizarlos.

 La sentencia del tribunal concluye: “para la sala es evidente que, las deficiencias estructurales que tenía el puente construido sobre el rio Hábita constituían un peligro potencial para la seguridad de las personas, teniendo el INVIAS la obligación de instalar barreras protectoras a los costados del puente, a fin de evitar que los peatones y los vehículos que por allí transitaran cayeran al río.”

“Adicionalmente y para abundar en razones, es evidente la negligencia del INVIAS en el mantenimiento de una vía que tiene varias falencias: i) es una vía demasiado angosta y no pavimentada ii) es una vía que presenta muchos surcos y curvas iii) es una vía que siendo muy estrecha, se angosta aun más en la entrada del puente en donde ocurrió el accidente  iv) el puente siendo tan angosto no cuenta con barandas protectoras ni con señalización alguna.”

Con todo ello, después de años de promesas del gobierno central, esta vía sigue en buena parte inconclusa, generándose por parte de la comunidad protestas de toda índole, hasta el punto, que al día de hoy el departamento del Chocó se encuentra en paro cívico por el incumplimiento del Gobierno Nacional con los compromisos adquiridos.

Esta es una de esas historias que no deberían suceder pero que abundan en un país que cuenta con un sistema de salud precario, poco compasivo y carente de control. Cuando Yesica Herrera entró a la clínica para dar a luz a su hija, nunca se imaginó que esta sería la primera y la última vez que tendría la oportunidad de dar vida.

Dar a luz a un bebé puede ser considerado como uno de los milagros más bonitos de la naturaleza, pero puede convertirse en una tortura si no se cuenta con el personal adecuado para llevar a cabo esta labor. Un mal procedimiento médico, le negó a Yesica la posibilidad de volver a quedar en embarazo; nueve años después y luego de una larga lucha por hacer valer sus derechos, esta historia que suele repetirse en nuestro país, cuenta con un pequeño tinte de justicia.

Así es la historia de Yesica Natay Herrera, quien luego de un embarazo sin complicaciones se dirigió a la Unidad intermedia de Salud del barrio Buenos Aires, el 29 de septiembre de 2007 para traer al mundo a su bebé; luego de esto, el personal médico debía esperar un tiempo prudente a que la paciente expulsara de manera natural la placenta para continuar, pero la mecanización de sus labores médicas produjeron que el doctor que atendió el parto, se apresurara a extraer de manera manual y violenta la placenta de la madre, lo que desencadenó en complicaciones médicas que obligaron su traslado a una clínica con capacidad para reaccionar a estas circunstancias.
El procedimiento, según las declaraciones de la joven madre, fue incluso más doloroso que el mismo parto, lo que preocupó a Yesica quien le preguntaba de manera constante al doctor sobre su situación sin tener respuesta alguna. Luego, cuando la situación se salió de control, la paciente fue remitida de urgencia al Hospital General de Medellín, en el que al recibida se le practicó una histerectomía abdominal.

Esta intervención consiste en la extirpación del útero parcial o totalmente lo que impide un futuro embarazo; la decisión que fue tomada por el personal del Hospital General obedeció a la necesidad de detener el sangrado que mantenía a la paciente en un shock hipovolémico, en resumen, era la única manera de salvarle la vida a la paciente.

¿Cómo era posible que se llegara a esta situación si la madre no presentó complicaciones durante el embarazo? La respuesta a esta dolorosa pregunta debió ser respondida por una investigación correspondiente a un proceso legal emprendido por Yesica Herrera, su esposo y su familia; dicho proceso adelantado por Javier Villegas Posada y su firma de abogados, sacó a la luz las irregularidades médicas que llevaron al traslado de la paciente a una clínica de mayor nivel y con las consecuencias anteriormente expuestas.

En la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en septiembre del año en curso, se pudo establecer que “resulta claro entonces que en el presente asunto el tratamiento médico prestado por el ente público demandado a la señora Herrera Villamizar, para el momento del parto fue deficiente – por decir lo menos-, y trasgredió la integridad física de la madre y el hijo, sin tomar en cuenta que la condición de la mujer en estado de embarazo corresponde a una situación que requiere de un cuidado especial y único, y mucho más para el momento del parto, lo cual no puede admitir una atención descuidada, inadecuada y ni siquiera elemental, ni mucho menos deficiente como la que se dio en este caso”.

Por esta razón, dicho tribunal procedió a condenar a la E.S.E Metrosalud, administradora y responsable de las labores médicas de la Unidad Intermedia de Salud de Buenos Aires, como responsable de la falla en la prestación del servicio médico durante el parto de Yessica Herrera. A pesar de esta decisión que constituye un acto de justicia, en tanto se han reconocido a los responsables de estos actos, hay algo que no le puede cambiar el futuro a Yessica quien a sus 21 años perdió la posibilidad de volver a quedar nuevamente en embarazo y traer más vida al mundo.

En un confuso hecho ocurrido el 25 de junio de 2010, falleció, producto de una herida de bala, el cabo Iván Giovanny Duarte Soto, quien pertenecía al batallón de Selva No. 48 Morales del sur de Bolívar. Lo más lamentable de este hecho es que la bala que produjo la muerte de este joven provino del arma de un militar.

Giovanny tenía 18 años y a esa edad, los colombianos comenzamos a ser ciudadanos y a cumplir con las responsabilidades que esto implica. En el caso de Giovanny, esas responsabilidades estuvieron relacionadas con su ingreso a la vida militar, tal como les ocurre a muchos jóvenes de nuestro país.

En el año 2010, Giovanny comenzó a hacer parte de la contraguerrilla del Batallón de selva No. 48 Morales del Sur de Bolívar. El 25 de junio de ese mismo año fue enviado a patrullar entre los municipios de Morales y Arena del Sur de dicho departamento; hasta ese sitio también fue enviado otro grupo de contraguerrilla con los mismos fines. Pero la nefasta coincidencia produjo un enfrentamiento entre los dos grupos del mismo bando, causando un cruce de disparos entre los que Duarte Soto recibió una herida de bala que posteriormente lo llevaría a la muerte.

La vida en el Ejército implica ciertos riesgos que deben asumir quienes deciden entrar en ella; aún así, esta pérdida no deja de ser dolorosa para los familiares de estos jóvenes que se enfrentan a la guerra. Doris Soto sabía el riesgo que corría su hijo, pero dentro de sus posibilidades no estaba la muerte del mismo y menos en las manos de un combatiente del Ejército.

Inicialmente, las heridas que recibió el joven no parecían ser graves, como lo explican los testimonios de los militares que lo acompañaban en las labores de seguimiento, pero la demora en el traslado y las dificultades proporcionadas por el terreno en el que se dieron los hechos produjeron la muerte de este joven antes de llegar a la institución de salud.

La cadena de errores no concluye ahí. Está claro que se cometió un error de táctica y de comunicación por parte de los superiores de estos dos batallones al enviar a sus soldados a hacer reconocimiento de la misma zona. Es claro, también, que la demora en el traslado del cuerpo herido de Giovanny Duarte se debió a otro error de logística y, como si fuera poco, luego de la muerte de su hijo, Doris Soto se vio enfrentada a la negligencia del Superior de Giovanny, quien según, fue comprobado posteriormente, evadió la comunicación con la madre del joven y, en las pocas ocasiones que se pudo comunicar con él, la información fue vaga, poco creíble y con fundamentos insuficientes.

Fueron estos episodios los que impulsaron a la familia de Giovanny Duarte Soto a emprender acciones legales que impartieran justicia y les brindara consuelo por medio de la verdad. Durante el caso, en el que el abogado Javier Villegas y su firma representaron a la familia de Giovanny Soto, se puso en evidencia la falta de ordenamiento que es, literalmente vital, en una organización militar; además, la sospechosa actitud del Superior encargado al no brindar la información certera relacionada con los pormenores de este fatal desenlace.

Por esta razón, el Juzgado noveno administrativo de circuito de Cartagena de Indias profirió sentencia en la que condena al Estado y al Ejército Nacional por la muerte de Giovanny, esta condena no le regresa su hijo a doña Doris, ni regresa las otras vidas que se han perdido en la guerra. Esta sentencia es solo un paso que dan las familias en la búsqueda de la verdad y la justicia en un país en el que abundan los muertos inocentes.

Lo que comenzó siendo un viaje de negocios terminó en un viaje de tortura y falsas acusaciones. El plan era simple: salir de Pereira hasta Medellín en busca de mercancía para revender luego en su ciudad. Jhair Andrés Palacio Ramírez, Luis Fabián Castaño Zuleta, Juan Manuel Castaño Zuleta y Leonardo Fabio Quitian, salieron de sus casas en agosto de 2007, pero luego de un injustificado retraso no volvieron ni ellos, ni la mercancía, ni el carro en el que se movilizaban.

Llegaron, eso sí, las acusaciones que indicaban que estos cuatro hombres pertenecían a las Águilas Negras y que por esto se les dio de baja en un operativo realizado en Segovia Antioquia el primero de septiembre de 2007, por el batallón ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No. 8 “Mayor Serpa Cuesto”.

Era inconcebible la idea de que estos cuatro hombres que residían en Pereira estuvieran relacionados con hechos delictivos tan lejos de sus hogares y de sus sitos de trabajo, resulta más extraño aún, que no apareciera ni la mercancía que habían comprado en Medellín, ni el dinero, ni el carro en el que se movilizaban, ya que luego de pasar por la capital de Antioquia, se dirigieron a Segovia en busca de joyas para completar su mercancía. Pero, ¿qué había detrás de esto? esa fue la pregunta que se hicieron los familiares, quienes decidieron emprender acciones legales para aclarar lo sucedido.

La investigación del caso en el que Javier Villegas y su firma de abogados representaron a las familias de estos cuatro hombres, logró revelar varias inconsistencias que van desde los errores cometidos en la cadena de custodia de los cuerpos, hasta llegar a la poca coherencia entre los testimonios de los militares implicados en este hecho, que no solo puede ser calificado como falso positivo, sino también, como hurto, en la medida que no aparecieron los bienes con los que se trasladaban Jhair Andrés, Luis Fabián, Juan Manuel y Leonardo Fabio.

Uno de los testimonios que resultó fundamental para la sentencia, fue el de Luis Nolberto Serna quien, como la sentencia indica, “expresó que fue partícipe de muchos homicidios mal llamados ‘falsos positivos’”. En este testimonio, Serna narró cómo le fueron solicitados los cuatro jóvenes de afuera de Medellín, dicha petición, según el testimonio, fue realizada por el cabo del Ejército Elvin Andrés Caro; según Serna, él viajó desde Pereira con los hombres para hacer las diligencias en Medellín, y en el parque del municipio de Itagüi los dejó con “ROMAN”, quien indica Nolberto Serna, era el puente con el cabo Caro. El testimonio concluye: “De la vuelta que les había mencionado a los muchachos de Pereira, empecé a notar que realmente era para un falso positivo con el Ejército, para hacerlos pasar como muertos en combate”.

La sentencia proferida nueve años después concluye, entre otras cosas, que “a partir de esta declaración puede decirse que el homicidio de los señores Jhair Andrés Palacio Ramírez, Luis Fabián Castaño Zuleta, Juan Manuel Castaño Zuleta y Leonardo Fabio Quitian, fue premeditado y no ocurrió en un enfrentamiento como lo quisieron hacer ver los uniformados que participaron en estos hechos”. Sumado a este testimonio, el Ejército no pudo demostrar la pertenencia de los cuatro hombres a las Águilas Negras, ni el supuesto ataque del que afirmaron ser víctimas los integrantes del batallón y por el cual se originó el combate.

Las investigaciones emprendidas por los familiares también confirmaron sus sospechas, según habitantes del municipio de Segovia, los hombres fueron sacados del hotel en el que se hospedaban, fueron vestidos de guerrilleros y los subieron a un camión; posteriormente se escucharon unas ráfagas la noche del sábado.

Así, todas las explicaciones dadas por los militares implicados perdieron credibilidad cuando indicaron que estas acciones tenían como objetivo “efectuar un registro ofensivo, sostenido a campo traviesa sobre el sector de la vereda Campo Alegre,  con el  fin de confirmar  diferentes informaciones recibidas sobre la presencia de un grupo de bandidos al parecer de bandas criminales al servicio del narcotráfico”.

El Tribunal Administrativo de Antioquia decidió declarar responsable al Ejército Nacional por la muerte de estos cuatro hombres y condenó al Estado por esta ejecución extrajudicial; sin embargo, dicha sentencia se quedó corta al no obligar a los culpables de estos hechos  a cumplir con la verdad, reparación y garantías de la no repetición, que constituirían un gran alivio para los familiares de estos hombres que nunca retornaron a sus hogares.

Hace once años, el país fue testigo de uno de los episodios más crueles de la violencia entre el Ejército, las Autodefensas y la guerrilla. La Masacre de Mulatos constituye, no sólo una tajante violación a los derechos humanos, sino un atropello en contra de unos menores de edad que no fueron responsables de vivir una guerra ajena.

El 21 de febrero de 2005, sigue en la memoria de los habitantes de la comunidad de Paz de San José de Apartadó, como el día de la infamia: Los integrantes de dos familias de esta comunidad fueron brutalmente asesinados por miembros del Bloque Héroes de Tolová. Al doloroso suceso de esta injusta muerte, se le suma el hecho de que 3 de los 8 muertos eran menores de edad.

Los cadáveres de Luis Eduardo Guerra y su esposa Beyanira Aleiza fueron dejados al costado de un río en la vereda Mulatos; junto a ellos, se encontraba el cuerpo de Deyner Andrés, hijo de la pareja, quien fue crudamente decapitado a sus 11 años de edad. El derramamiento de sangre no terminó ahí, pues en la vereda La Resbalosa, Alfonso Tuberquia y su familia corrieron con la misma suerte de los Guerra Aleiza. Sandra Muñoz y sus hijos Santiago de 2 años y Natalia de 5 años, fueron asesinados y sus cadáveres fueron puestos en una fosa común luego de haberles mutilado sus extremidades. Junto a ellos, también se encontró a Alejandro Pérez, jornalero de la finca que corrió la misma mala suerte de los Tuberquia Muñoz.

¿Cómo se explica tanta infamia… tanta frialdad?

Los años no le bastarán a la comunidad de San José de Apartadó para asimilar la pérdida de dos de sus familias y las condiciones en las que se dieron estos desafortunados eventos. Sin embargo, el hecho de que estas muertes ocurrieran a pocos kilómetros de una base del Ejército Nacional despertó las sospechas de los habitantes, quienes debieron sobreponerse a la pérdida para dar con los responsables de la Masacre de Mulatos.

La reciente desmovilización del bloque Bananero de las Autodefensas anunciaba una guerra por el territorio y los rumores de que la guerrilla pretendía apoderarse de las tierras había oscurecido el ambiente en San José de Apartadó. Varios líderes de la comunidad apuntan a que hubo complicidad del Ejército en este hecho, ya que de otra manera, no puede explicarse cómo ocurrió una masacre de esta magnitud, a tan corta distancia de un cuartel en el que se encuentran los hombres que, supuestamente, protegen la vida y la integridad de los habitantes del país.

Desde que ocurrieron los hechos, tanto la comunidad de Paz, como sus mentores más reconocidos, han acusado a los miembros de la Brigada XVII del Ejército de haber participado en la masacre.

Un llamado a la justicia

Javier Villegas Posada y su firma de abogados, quien representó a las víctimas dentro del proceso de Reparación Directa, logró obtener el reconocimiento de la Responsabilidad Estatal frente al lamentable hecho, mediante sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia y posterior conciliación ante el Honorable Consejo de Estado.

Si bien, el reconocimiento obtenido es de vital importancia en aras de lograr una Reparación Integral de las víctimas, la firma, sigue en la lucha por defender los derechos vulnerados que aún no han sido reconocidos, recurriendo a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se instaurará la denuncia respectiva.

Para esta firma de abogados es importante resaltar los avances que se han dado en materia de  justicia en los últimos días: Toda vez que La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, con base en las declaraciones de varios desmovilizados de la estructura ilegal paramilitar,  se ordenó a la Fiscalía investigar a todos aquellos que presuntamente participaron en los hechos que rodearon la masacre, pues con las declaraciones, se vinculan a miembros de la fuerza pública.

Este, es un paso más en pro de la justicia y la verdad que tanto claman las víctimas.

La masacre ocurrida en el barrio La Chinita de Apartadó –  Antioquia, volvió a aparecer en las planas de los periódicos esta semana cuando, en un acto público, las FARC pidieron perdón al país y a las víctimas por este desalmado hecho que dejó 35 muertos hace 22 años. Sin embargo, para que el acto de perdón esté completo y se honre a quienes perdieron la vida, es necesario que el Estado también se sume a esta iniciativa.

El 23 de enero de 1994, se manchó de sangre, una vez más, la historia de la zona bananera de Antioquia, que por años, ha sufrido el abandono del Estado y la disciplina impuesta por diferentes grupos armados que se han apoderado ilegalmente de la zona.

“No maten a las mujeres”

Las disputas por el territorio, la presencia histórica de varios grupos armados al margen de la ley, la mutación del desmovilizado Ejército Popular de Liberación (EPL) al movimiento político Esperanza, Paz y Libertad – conservando sus siglas- y la presencia de sus disidentes en el territorio urabeño, había enrarecido el ambiente durante las fiestas decembrinas.

Los habitantes del terreno de invasión, conocido como La Chinita, optaron por cancelar las fiestas de fin de año, en respuesta al miedo que les producían las amenazas ante un posible atentado en contra de la población y como consecuencia a la falta de medidas tomadas por parte de las instituciones estatales delegadas para este propósito.

Después de un mes de prudente resguardo, las familias de La Chinita organizaron una verbena con el fin de recolectar fondos para los implementos de la temporada escolar que se avecinaba; las fiestas transcurrían con normalidad hasta que, a la 1 de la madrugada del domingo 23 de enero, un grupo de hombres y mujeres armados cambiaron el ruido del equipo de sonido por el de las balas. Dos de los asistentes de la fiesta alcanzaron a huir en una motocicleta para dar aviso a las autoridades, pero antes de partir, alcanzaron a escuchar que uno de los integrantes del grupo armado dijo: “no maten a las mujeres”.

Después de 10 minutos de disparos, el saldo fue desgarrador: 35 personas muertas, entre ellas una mujer y tres menores de edad.   

Los responsables

Hasta la zona se desplazaron diferentes ONG para establecer la responsabilidad en esta masacre que constituye, hasta hoy, uno de los episodios más dolorosos de la lucha armada en nuestro país. Las investigaciones lograron demostrar que fue un grupo de guerrilleros, del quinto frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes asesinaron a 35 indefensos habitantes del barrio La Chinita, el 23 de enero de 1994.  Por este hecho condenado públicamente, los integrantes de las FARC realizaron hoy, viernes 30 de septiembre, un acto público en el que pidieron perdón a las viudas, hermanas e hijos de las personas asesinadas hace 22 años. Este acto está enmarcado en el proceso de paz que se dio luego de la firma de los acuerdos.

Pero a este proceso le hace falta un eslabón. Un proceso legal liderado por Javier Villegas Posada y su firma de abogados, logró comprobar la responsabilidad del Estado en el episodio conocido como La masacre de La Chinita. La sentencia expedida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, proferida en 2004, asegura que: “siendo Apartadó una de las zonas más militarizadas del país, los uniformados oficiales, primero no detectaron el gran grupo armado que incursionó en el bloque 3 de La Chinita, para lo cual debieron transitar grandes distancias en terrenos controlados militarmente y después, solo a las cuatro de la mañana del 23 (más de dos horas después de cometida la matanza)llegaron los primeros al lugar de los hechos, lo que facilitó el escape de los asesinos, al no ser perseguidos ni enfrentados”.

En el proceso, también quedó establecido la negligencia por parte del Alcalde del Municipio, quien aún conociendo el peligro inminente en el que se encontraba la comunidad del barrio obrero “La Chinita”, se limitó a enviar la solicitud de protección al Comandante de la Brigada XVIII, quien a su vez, no hizo nada por evitar que se produjera tal masacre.

Al respecto, el Honorable Consejo de Estado ha señalado que: “en el presente caso aparece claro que para la producción del daño fue determinante la omisión de la administración en brindar la protección que reiteradamente habían solicitado los demandantes para sus vidas y bienes”.

En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cursa, actualmente una denuncia liderada por el doctor Villegas Posada en la que se expone de manera contundente las violaciones a los derechos humanos cometidas la madrugada del 23 de enero. El documento es claro cuando afirma que: ” La Policía Nacional debe cumplir con una función protectora de medio, por lo que se considera que la Administración falló al no brindarles a las víctimas los medios de protección suficientes y oportunos para prevenir y evitar la masacre que se presentó en ese barrio “La Chinita” el 23 de enero de 1994, como sí se hizo después de la ocurrencia de este hecho.”

En esta oportunidad el Estado, quien se supone que debe brindar las garantías a la protección de los derechos humanos, falló tajantemente al abandonar a los habitantes de La Chinita, quienes constituyen hoy, uno de los ejemplos de recuperación más dolorosas de esta guerra. Las disculpas públicas por parte de la Nación también son un anhelo de las víctimas.

” Las fuerzas de seguridad han perpetrado un elevado número de asesinatos premeditados de civiles y han presentado fraudulentamente a esos civiles como ‘bajas en combate’. Aunque al parecer estos llamados falsos positivos no respondían a una política de Estado, tampoco fueron aislados. Estos homicidios fueron cometidos por un gran número de unidades militares y en todo el país. Se produjeron porque las unidades militares se sintieron presionadas para demostrar que su lucha contra las guerrillas tenía resultados positivos a través de ‘número de bajas’ […] En general, hubo una falta fundamental de rendición de cuentas y problemas en todas las etapas de los procesos disciplinarios y de investigación”

Doña Rosa Gaviria de López sabe que nada en el mundo puede reemplazar la emoción que le producían las tardes de charla con su hijo Juan Carlos. Nada superará jamás, el goce de servirle su desayuno caliente antes de ir a trabajar. Doña Rosa entendió que la vida nunca será la misma, pues su hijo le fue arrebatado de la vida injustamente cuando apenas estaba formando una familia.

Sin embargo, ella también sabe que hoy la justicia hizo su parte. Hubo reparación para ella y las personas que amaron a Juan Carlos. Este es uno de los episodios más sonados de falsos positivos en nuestro país.

En enero de 2008, la Octava Brigada del Ejército informó, que luego de 15 días de seguimiento e inteligencia, fueron dados de baja tres guerrilleros del frente 50 de las FARC, quienes pretendían secuestrar a un profesional de la región. Los cuerpos expuestos pertenecían a tres hombres que salieron de sus casas una semana antes para acampar en la zona.

Los familiares de Carlos Arturo Velásquez, Fernel Andrés Londoño y Juan Carlos López aseguran que los tres jóvenes salieron de sus viviendas a acampar una semana antes de los hechos; la falta de comunicación y la prolongación no justificada del viaje generó sospechas entre las familias que emprendieron la búsqueda de estos tres hombres. Dicha búsqueda, los condujo a la morgue de Calarcá en la que se les informó que la muerte había sido producto de un enfrentamiento sostenido con tropas del Ejército en la vereda La Paloma.

La situación, en ese entonces, fue relacionada con presuntos reclutamientos de la guerrilla pero para las familias no era coherente que los reclutaran, los llevaran a otro sitio y resultaran muertos en enfrentamientos con el Ejército a tan poco tiempo de haber llegado. A pesar del miedo que genera enfrentarse al poder de las fuerzas armadas, las familias de los jóvenes que tenían entre 17 y 35 años, decidieron hablar y emprender acciones legales para aclarar la situación y limpiar los nombres de estos tres hombres que se dedicaban a labores del campo.

En ese momento, la Octava Brigada respondió que la “Operación Estocolmo”, como fue denominada por el Ejército, fue ajustada a los procedimientos militares; pero una extensa investigación que reunió pruebas y entrevistó a testigos desvirtuó la versión del Ejército sobre las muertes ocurridas en la vereda La Paloma, del municipio de Calarcá, durante operativos de patrullaje nocturno para detener una supuesta extorsión.

La investigación de peritaje comprobó que hubo contradictorios o falsos testimonios de soldados que participaron en la operación; además, encontró que a Carlos Arturo, Fernel Andrés y Juan Carlos se les plantaron armas y objetos relacionados con las FARC . Las declaraciones fueron contrapuestas con los testimonios de habitantes de la zona.

Esta situación fue puesta en evidencia en la sentencia expedida el mes de septiembre de 2016, por el Tribunal Administrativo del Quindío, en la que se indica que “se puede evidenciar y corroborar que lo ocurrido no fue para nada un combate en ejercicio legítimo de la fuerza pública, sino un montaje del mismo, en donde se plantaron los cuerpos de tres personas asesinadas previamente y evidentemente manipulados, de acuerdo con las manchas de sangre, la posición de los cuerpos, ropas y descripción de las lesiones. No existe alguna razón por la que una vez ocurrido el supuesto combate los cuerpos fueran movidos de su posición original…”

En este caso, en el que el abogado Javier Villegas Posada y su firma representaba a dos de las tres familias afectadas, se pudo establecer la responsabilidad de integrantes del Ejército Nacional en la muerte violenta de estos esposos, padres y hermanos.

En una decisión trascendental la Nación deberá brindar apoyo psicológico a las familias de estos tres jóvenes que encontraron la muerte en un fin de semana de esparcimiento. El Estado, también deberá organizar un acto público en el Batallón de Alta Montaña N.5 “General Urbano Castellano Castillo” en el que el comandante de dicho batallón exprese su reproche por los hechos investigados y ofrezca perdón público a los familiares y, como garantía de no repetición, todos los integrantes del Batallón deberán realizar un curso con una duración no menor a 50 horas acerca de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.