Condenada la Fiscalía y la Rama Judicial por privación injusta de la libertad

El 20 de noviembre de 1995 agentes del CTI capturaron a Luis Eduardo Rodríguez Herrera, sindicado por el delito de Homicidio, por orden de la fiscalía 187 delegada ante los jueces penales del circuito de Medellín.

El 7 de mayo de 1997, fue condenado por el juzgado 14 penal del circuito de Medellín, y el 5 de agosto del mismo año, la sala penal de tribunal superior de Medellín revoco la sentencia condenatoria, y en su lugar lo absolvió por el delito de homicidio y ordeno su libertad inmediata.

El tribunal lo absolvió porque las pruebas que sustentaban las acusaciones, y que fueron recogidos por la fiscalía, carecían de certeza y los testigos no lo incriminaban directamente, no eran presenciales, tampoco eran concordantes y generaban dudas, por ello indico:

“[…] Es que respecto de Rodríguez Herrera […] la acusación fue edificada con fundamentos muy deleznables, pues en los testimonios de los cuestionados testigos de cargo no aparece ninguna acusación en su contra.”

“[…] conclúyase que en aplicación al principio del in dubio pro reo […] debe absolverse al imputado por cuanto no existe certeza acerca de su responsabilidad […]”

Rodríguez Herrera, después de estar casi 2 años recluido en “cárceles” de Medellín apodero a Javier Villegas Posada para instaurar demanda contra la Fiscalía y la Rama Judicial por la privación y la prolongación injusta de la libertad de que fue victima.

Después de casi 20 años de instaurarse el proceso respectivo, y con Luis Eduardo Rodríguez ya fallecido, murió el 21 de junio del año 2003, el Consejo de Estado en decisión de segunda instancia condeno a pagar perjuicios (indemnizar) al ya fallecido Luis Eduardo, su esposa, hija y nietos, concluyendo para ello lo siguiente:

“La privación de la libertad en estos casos se da con pleno acatamiento de las exigencias legales, pero la expedición de una providencia absolutoria, pone en evidencia que la medida de aseguramiento fue injusta y la persona no estaba obligada a soportarla.”

“ Así las cosas, como la absolución del demandante fue con fundamento en el principio del in dubio pro reo, el titulo de imputación aplicable es el objetivo de daño especial, lo que torna en injusta la privación de su libertad”

“En tal virtud, el daño es imputable a la Nación- Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, pues la primera condeno en primera instancia a Luis Eduardo Rodríguez Herrera y la segunda recaudo los elementos materiales probatorios y evidencias físicas de los hechos materia de la investigación e impuso la medida de aseguramiento.”

Son innumerables los casos de los falsos positivos judiciales, de que han sido víctimas los ciudadanos colombianos, logrando en algunos de ellos demostrar su inocencia y por ende condenas de responsabilidad como esta, pero infortunadamente son muchos los que han purgado penas de privación injusta de la libertad que han destruido sus vidas y las de sus familias sin oportunidad alguna de ser medianamente reivindicados.

Un sistema judicial, ineficiente, parcializado, lento y contaminado por múltiples motivaciones distintas a la búsqueda de la verdad y la justicia, es una afrenta y una burla insoportable para una sociedad decente y democrática.