Condenada la Policía y el Ejército Nacional por la toma guerrillera de Granada (Antioquia)
El 6 y 7 de diciembre del 2000 un grupo de aproximadamente 600 guerrilleros pertenecientes a las guerrillas de las FARC y el ELN, incursionaron al municipio de Granada(Antioquia), efectuando un ataque terrorista al comando de policía con un carro bomba, que, al hacer explosión, ocasiona la muerte de varios agentes de Policía y la muerte de varios civiles, entre ellos, Claudia Milena Aristizábal y Jorge Andrés Agudelo, (menores de edad) y la señora Herminia Rosa Aristizábal Noreña.
La fuerza pública sabía de antemano la inminencia de la toma guerrillera y del numeroso grupo terrorista que acechaba la población, sin embargo, lo único que hizo el alto mando para contrarrestarla fue enviar un grupo de apoyo de 25 agentes de contraguerrilla de la Policía Nacional a todas luces insuficiente.
El Ejército Nacional, también brillo por su ausencia y durante las 20 horas que aproximadamente duro el ataque contra el comando y los Policías sobrevivientes, fue la fuerza aérea la única que brindo apoyo a la defensa de la policía y Población del municipio.
La Policía de Granada, y su población civil fue literalmente masacrada por la guerrilla de las FARC y el ELN, durante 20 horas, sin recibir apoyo eficaz que contratacara el brutal ataque de que fueron víctimas.
Los familiares de los menores Jorge Andrés y Claudia Milena, como también los de la señora Herminia Rosa, fallecidos en el ataque apoderaron a Javier Villegas Posada y su firma para instaurar demandas y lograr la correspondiente indemnización de la Nación.
El Tribunal administrativo de Antioquia en fallo definitivo y de segunda instancia y después de trascurrir 16 años de iniciarse el proceso condeno en sentencia notificada esta semana a indemnizar a los familiares de las tres víctimas fatales, argumentando para ello lo siguiente:
“De acuerdo con el oficio n° 0745 del 16 de junio de 2003, suscrito por el comandante del Departamento de Policía Antioquia, el atentado terrorista dejo un saldo de 19 personas muertas, entre ellas 5 miembros de la Fuerza Pública, aproximadamente 21 heridos, 200 inmuebles destruidos y 120 averiados, y el mismo se atribuyó a la guerrilla de las FARC.”
“En concordancia con ello, en el informe n° FGN-CTI-SI-no.51 del 14 de diciembre de 2000 de la Fiscalía General de la Nación, se concluyó, que los desastres ocurridos en el municipio de Granada fueron causados por grupos subversivos del frente 47 y 09 de la FARC, además el grupo CARLOS ALIRIO BUITRAGO del ELN y las MILICIAS POPULARES de ese municipio. Y que, el objetivo de la incursión guerrillera era el Comando de la Policía del municipio de Granada – Antioquia con el fin de darle a conocer al pueblo que ellos son los del poder, como lo demuestran con sus pasquines en las paredes de las residencias y locales comerciales donde la mayoría de las personas que se encontraban en sus negocios fueron alertadas con anticipación y por ello desocuparon los locales y residencias”
“Los medios de convicción que anteceden resultan suficientes para avizorar, que para la época de los hechos, la situación de violencia que aquejaba a los pobladores del municipio de Granada, era un hecho notorio, siendo tal la gravedad del escenario, que los homicidios y ataques por parte de los grupos subversivos termino siendo una constante en las anualidades 1999 y 2000, sim embargo la fuerza pública omitió sus deberes de protección a la vida e integridad de la comunidad, tanto así, que el municipio solo contaba con 23 policías, y pese a las amenazas directas sobre esta localidad no se tenía por el Ejército Nacional un plan de acción que garantizara la protección de la población, al punto que cuando ocurrió el ataque, estuvieron a merced de los insurgentes por espacio de veinte (20) horas, sin que recibieran apoyo de las fuerzas militares, lo cual se tradujo en una flagrante violación de los derechos fundamentales de los habitantes de la zona, así como de las normas del Derecho Internacional Humanitario, habida cuenta, la multiplicidad de masacres, desplazamientos, y en general, el terror y zozobra constante a la que terminaron sometidos los Granadinos.”
“Por ende, resultan irrefutables las conclusiones a las que llego el juez de primera instancia, esto es, que la Fuerza Pública estaba advertida de la inminente incursión guerrillera, esto debido a los constantes hostigamientos en contra de la policía que se habían presentado en el municipio de Granada – Antioquia, Cuyos pobladores eran acusados de ser colaboradores de la guerrilla y un mes antes habían sido víctimas de una masacre de 21 personas por parte de los paramilitares, lo que genero la reacción violenta de los guerrilleros en contra del Estado representado en los policías de dicha municipalidad, sin embargo, lo único que hicieron para repeler un eventual ataque fue enviar un grupo e contraguerrilla de 25 uniformados de la Policía Nacional, los cuales no eran suficientes para detener el actuar violento de por lo menos 600 guerrilleros ,aunado, el Ejercito nacional brillo por su ausencia, durante las aproximadas 20 horas que duró la toma guerrillera no hicieron arribo al lugar.”
“Así entonces, el conocimiento previo que tenían sobre el mismo, impide predicar que haya sido un suceso imprevisible e irresistible para la Fuerza Pública, Y en tal sentido, no tiene cabida la eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, siendo en cambio procedente declarar una falla en la debida protección, seguridad y bienestar que deben dispensar a los ciudadanos las fuerzas del orden instituidas legítimamente para ellos, pues en palabras del órgano de cierre de esta jurisdicción, “no es ideal esperar del Estado que proteja la vida y bienes de los habitantes de una población, cuando el contexto de la época y de la región abatida, permitían prever lo que aconteció, de modo que sus habitantes, como mínimo esperaban una respuesta del Estado para proteger sus vidas e integridades, lo que evidentemente no sucedió.”
La ausencia de Estado en la época de esta toma guerrillera fue un hecho notorio en muchas regiones del país, conllevando con ello la vulneración de todos los derechos fundamentales de la población por parte de grupos guerrilleros y paramilitares que dominaban a su antojo muchos municipios con precaria o ninguna presencia de la fuerza pública.