Condenada la Policía Nacional y la Fiscalía General por la privación injusta de la libertad de Juan Pablo Gonzales.

Juan Pablo Gonzales Patiño fue privado de la libertad el 15 de enero del 2008, en un procedimiento policial, bajo el supuesto de que se encontraba robando un vehículo automotor en el municipio de Envigado.

El 4 de julio del 2008 y después de seis meses de serle arrebata su libertad y difamado al ser tratado como un delincuente, fue dejado libre por un juzgado penal de Envigado, por considerar que no cometió delito alguno.

Gonzales Patiño fue capturado con otras personas en el operativo que realizo la Policía Nacional para recuperar el vehículo y fue colocado a órdenes de la Fiscalía, a pesar de que las víctimas fueron enfáticas en afirmar a los agentes de policía, que el sindicado no estaba involucrado en el robo.

Juan Pablo y su familia otorgaron poder a Javier Villegas Posada, para demandar a la Policía Nacional y a la Fiscalía General.

El Consejo de Estado en decisión notificada en el mes de junio anterior, y con ponencia del consejero Guillermo Sánchez Luque, profirió condena contra la Fiscalía y la Policía Nacional ordenando indemnizar a Gonzales Patiño y su familia concluyendo para ello lo siguiente.

¨Sin embargo, el juzgado penal con funciones de conocimiento de Envigado absolvió a Juan Pablo Gonzales Patiño al concluir que no cometió el delito y que desde un principio las victimas informaron a los agentes de policía que el sindicado no estaba involucrado en el hurto (hecho probado 6.5). Así lo puso de relieve la providencia al indicar:

(…) Los testigos presentados por la fiscalía no dejan entrever que el hecho sucediera tal y como lo predice el ente fiscal en su teoría del caso, por ello el sentido del fallo se emitió absolutorio (…)

(…) El conductor del camión, Luis Fernando Cárdenas, a través de sus respuestas hace un relato de los hechos, pero no señala al acusado como coautor o participe en el delito por el que se le acusa (…) dice que los que atacaron el vehículo eran personas diferentes al acusado.

(…) Leiner Mosquera, propietario de la mercancía que se transportaba en el vehículo y quien viajaba con el conductor, manifiesta que fueron abordados por varios hombres quienes los obligaron a bajarse y adentrarse en un matorral, entre los cuales no se encontraba el acusado.

(…) Se cuenta entonces con dos personas que tienen conocimiento personal de los hechos, el conductor del camión y el propietario de la mercancía que transportaba, el primero, no proporciona detalles sobre la actividad realizada por el acusado, pero afirma en términos generales que no tuvo nada que ver en la detención del camión y el segundo asevera rotundamente que, no participo en la comisión de la conducta imputada.

Así las cosas, como la absolución del demandante fue con fundamento en que el sindicado no cometió los hechos punibles, (……) el título de imputación es el objetivo de daño especial, lo que torna en injusta la privación de su libertad.

En tal virtud, el daño es imputable a la Nación – Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Defensa – Policía Nacional y, por ello, se modificará la sentencia apelada.

Son innumerables los casos de los falsos positivos judiciales, de que han sido víctimas los ciudadanos colombianos, logrando en algunos demostrar su inocencia y por ende condenas de responsabilidad como esta, pero infortunadamente son muchos los inocentes que han purgado penas de privación injusta de la libertad, que destruyen su vida y la de si familia, sin oportunidad alguna de ser medianamente reivindicados.

Un sistema judicial, ineficiente, parcializado, lento y contaminado por múltiples motivaciones distintas a la búsqueda de la verdad y la justicia, es una afrenta insoportable para una sociedad decente y democrática.