Hace 28 años la violencia paramilitar se ensañó con Segovia

La historia de Segovia, en el Nordeste de Antioquia, cambió radicalmente hace 28 años. Justo el 11 de noviembre de 1.988, cuando un grupo paramilitar llegó hasta la vía principal del casco urbano, con lista en mano, para asesinar a 43 personas. Todo por el simple hecho de haber elegido a Rita Ivonne Tobón como alcaldesa de ese municipio, por el partido de la Unión Patriótica, en la primera elección popular de mandatarios locales.

En una decisión libre de los segovianos, dedicados a la minería del oro por excelencia, se rompió la tradición que lideraba en ese momento César Pérez García, quien fue condenado en 2.013, por la Corte Suprema de Justicia, a 30 años de prisión por ser el autor intelectual de la masacre perpetrada por los paramilitares que comandaba Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir.

Fue una matanza anunciada, según los testimonios que se recolectaron en el juicio a Pérez García: con amenazas, mensajes en las paredes del pueblo y panfletos de una agrupación que se hacía llamar Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño, MRN, quienes alertaban que algo iba a pasar.

Ese día, los paramilitares atravesaron la calle principal, conocida como la Calle de la Reina, irrumpiendo en casas, tumbando puertas, asesinando por doquier, dejando además decenas de heridos y toda una comunidad afectada.

Este crimen atroz llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el año 2.000 por una denuncia presentada por Javier Villegas Abogados, que argumentaba la responsabilidad internacional del Estado Colombiano por el silencio cómplice de la Policía y las Fuerzas Militares, quienes permitieron el ingreso de los paramilitares al eliminar controles y patrullajes.

La firma de Villegas actúa en respresentación de 246 personas (familiares y parientes de 28 víctimas fatales, 7 lesionados y familiares de éstos), por violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la indemnización, a la protección de la honra y la dignidad, a la protección de la familia, a la circulación y residencia y a la protección judicial.

Igualmente manifiesta que estas víctimas no fueron representadas en un proceso que adelantó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia y que terminó con un fallo en el que se ordenó al Estado indemnizar a las víctimas de estos hechos que también dejaron condenas penales contra cinco militares y cuatro civiles.

En 2.015, las víctimas representadas por Villegas Abogados llegaron al Acuerdo de Solución Amistosa No. 38/05 Petición 108-00, que fue homologado por la Comisión y en virtud del cual, el 20 de diciembre de ese año el Estado hizo un acto público de reconocimiento de responsabilidad.

En el acuerdo, el Estado aceptó indemnizar a los grupos familiares de las víctimas por omisión en el deber de prevención de graves violaciones a los derechos humanos, así como investigar, procesar e imponer las respectivas sanciones a los responsables de tan cruento hecho.

Actualmente, la firma Javier Villegas Abogados se encuentra haciendo seguimiento al cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa, que incluye igualmente la realización y proyección de un documental por parte de la Unidad de Víctimas, en garantía de las medidas de satisfacción y de los estándares de reparación integral internacionales.

A esto se suma el deber de hacer rehabilitación física, mental y psicosocial de las víctimas que hoy, 28 años después, siguen clamando justicia, verdad y reparación.