Los seguimos esperando

Lo que comenzó siendo un viaje de negocios terminó en un viaje de tortura y falsas acusaciones. El plan era simple: salir de Pereira hasta Medellín en busca de mercancía para revender luego en su ciudad. Jhair Andrés Palacio Ramírez, Luis Fabián Castaño Zuleta, Juan Manuel Castaño Zuleta y Leonardo Fabio Quitian, salieron de sus casas en agosto de 2007, pero luego de un injustificado retraso no volvieron ni ellos, ni la mercancía, ni el carro en el que se movilizaban.

Llegaron, eso sí, las acusaciones que indicaban que estos cuatro hombres pertenecían a las Águilas Negras y que por esto se les dio de baja en un operativo realizado en Segovia Antioquia el primero de septiembre de 2007, por el batallón ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No. 8 “Mayor Serpa Cuesto”.

Era inconcebible la idea de que estos cuatro hombres que residían en Pereira estuvieran relacionados con hechos delictivos tan lejos de sus hogares y de sus sitos de trabajo, resulta más extraño aún, que no apareciera ni la mercancía que habían comprado en Medellín, ni el dinero, ni el carro en el que se movilizaban, ya que luego de pasar por la capital de Antioquia, se dirigieron a Segovia en busca de joyas para completar su mercancía. Pero, ¿qué había detrás de esto? esa fue la pregunta que se hicieron los familiares, quienes decidieron emprender acciones legales para aclarar lo sucedido.

La investigación del caso en el que Javier Villegas y su firma de abogados representaron a las familias de estos cuatro hombres, logró revelar varias inconsistencias que van desde los errores cometidos en la cadena de custodia de los cuerpos, hasta llegar a la poca coherencia entre los testimonios de los militares implicados en este hecho, que no solo puede ser calificado como falso positivo, sino también, como hurto, en la medida que no aparecieron los bienes con los que se trasladaban Jhair Andrés, Luis Fabián, Juan Manuel y Leonardo Fabio.

Uno de los testimonios que resultó fundamental para la sentencia, fue el de Luis Nolberto Serna quien, como la sentencia indica, “expresó que fue partícipe de muchos homicidios mal llamados ‘falsos positivos’”. En este testimonio, Serna narró cómo le fueron solicitados los cuatro jóvenes de afuera de Medellín, dicha petición, según el testimonio, fue realizada por el cabo del Ejército Elvin Andrés Caro; según Serna, él viajó desde Pereira con los hombres para hacer las diligencias en Medellín, y en el parque del municipio de Itagüi los dejó con “ROMAN”, quien indica Nolberto Serna, era el puente con el cabo Caro. El testimonio concluye: “De la vuelta que les había mencionado a los muchachos de Pereira, empecé a notar que realmente era para un falso positivo con el Ejército, para hacerlos pasar como muertos en combate”.

La sentencia proferida nueve años después concluye, entre otras cosas, que “a partir de esta declaración puede decirse que el homicidio de los señores Jhair Andrés Palacio Ramírez, Luis Fabián Castaño Zuleta, Juan Manuel Castaño Zuleta y Leonardo Fabio Quitian, fue premeditado y no ocurrió en un enfrentamiento como lo quisieron hacer ver los uniformados que participaron en estos hechos”. Sumado a este testimonio, el Ejército no pudo demostrar la pertenencia de los cuatro hombres a las Águilas Negras, ni el supuesto ataque del que afirmaron ser víctimas los integrantes del batallón y por el cual se originó el combate.

Las investigaciones emprendidas por los familiares también confirmaron sus sospechas, según habitantes del municipio de Segovia, los hombres fueron sacados del hotel en el que se hospedaban, fueron vestidos de guerrilleros y los subieron a un camión; posteriormente se escucharon unas ráfagas la noche del sábado.

Así, todas las explicaciones dadas por los militares implicados perdieron credibilidad cuando indicaron que estas acciones tenían como objetivo “efectuar un registro ofensivo, sostenido a campo traviesa sobre el sector de la vereda Campo Alegre,  con el  fin de confirmar  diferentes informaciones recibidas sobre la presencia de un grupo de bandidos al parecer de bandas criminales al servicio del narcotráfico”.

El Tribunal Administrativo de Antioquia decidió declarar responsable al Ejército Nacional por la muerte de estos cuatro hombres y condenó al Estado por esta ejecución extrajudicial; sin embargo, dicha sentencia se quedó corta al no obligar a los culpables de estos hechos  a cumplir con la verdad, reparación y garantías de la no repetición, que constituirían un gran alivio para los familiares de estos hombres que nunca retornaron a sus hogares.