Si la justicia es a medias, no es justicia

Hace once años, el país fue testigo de uno de los episodios más crueles de la violencia entre el Ejército, las Autodefensas y la guerrilla. La Masacre de Mulatos constituye, no sólo una tajante violación a los derechos humanos, sino un atropello en contra de unos menores de edad que no fueron responsables de vivir una guerra ajena.

El 21 de febrero de 2005, sigue en la memoria de los habitantes de la comunidad de Paz de San José de Apartadó, como el día de la infamia: Los integrantes de dos familias de esta comunidad fueron brutalmente asesinados por miembros del Bloque Héroes de Tolová. Al doloroso suceso de esta injusta muerte, se le suma el hecho de que 3 de los 8 muertos eran menores de edad.

Los cadáveres de Luis Eduardo Guerra y su esposa Beyanira Aleiza fueron dejados al costado de un río en la vereda Mulatos; junto a ellos, se encontraba el cuerpo de Deyner Andrés, hijo de la pareja, quien fue crudamente decapitado a sus 11 años de edad. El derramamiento de sangre no terminó ahí, pues en la vereda La Resbalosa, Alfonso Tuberquia y su familia corrieron con la misma suerte de los Guerra Aleiza. Sandra Muñoz y sus hijos Santiago de 2 años y Natalia de 5 años, fueron asesinados y sus cadáveres fueron puestos en una fosa común luego de haberles mutilado sus extremidades. Junto a ellos, también se encontró a Alejandro Pérez, jornalero de la finca que corrió la misma mala suerte de los Tuberquia Muñoz.

¿Cómo se explica tanta infamia… tanta frialdad?

Los años no le bastarán a la comunidad de San José de Apartadó para asimilar la pérdida de dos de sus familias y las condiciones en las que se dieron estos desafortunados eventos. Sin embargo, el hecho de que estas muertes ocurrieran a pocos kilómetros de una base del Ejército Nacional despertó las sospechas de los habitantes, quienes debieron sobreponerse a la pérdida para dar con los responsables de la Masacre de Mulatos.

La reciente desmovilización del bloque Bananero de las Autodefensas anunciaba una guerra por el territorio y los rumores de que la guerrilla pretendía apoderarse de las tierras había oscurecido el ambiente en San José de Apartadó. Varios líderes de la comunidad apuntan a que hubo complicidad del Ejército en este hecho, ya que de otra manera, no puede explicarse cómo ocurrió una masacre de esta magnitud, a tan corta distancia de un cuartel en el que se encuentran los hombres que, supuestamente, protegen la vida y la integridad de los habitantes del país.

Desde que ocurrieron los hechos, tanto la comunidad de Paz, como sus mentores más reconocidos, han acusado a los miembros de la Brigada XVII del Ejército de haber participado en la masacre.

Un llamado a la justicia

Javier Villegas Posada y su firma de abogados, quien representó a las víctimas dentro del proceso de Reparación Directa, logró obtener el reconocimiento de la Responsabilidad Estatal frente al lamentable hecho, mediante sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia y posterior conciliación ante el Honorable Consejo de Estado.

Si bien, el reconocimiento obtenido es de vital importancia en aras de lograr una Reparación Integral de las víctimas, la firma, sigue en la lucha por defender los derechos vulnerados que aún no han sido reconocidos, recurriendo a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se instaurará la denuncia respectiva.

Para esta firma de abogados es importante resaltar los avances que se han dado en materia de  justicia en los últimos días: Toda vez que La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, con base en las declaraciones de varios desmovilizados de la estructura ilegal paramilitar,  se ordenó a la Fiscalía investigar a todos aquellos que presuntamente participaron en los hechos que rodearon la masacre, pues con las declaraciones, se vinculan a miembros de la fuerza pública.

Este, es un paso más en pro de la justicia y la verdad que tanto claman las víctimas.