Aquí las víctimas fuimos todos

La masacre ocurrida en el barrio La Chinita de Apartadó –  Antioquia, volvió a aparecer en las planas de los periódicos esta semana cuando, en un acto público, las FARC pidieron perdón al país y a las víctimas por este desalmado hecho que dejó 35 muertos hace 22 años. Sin embargo, para que el acto de perdón esté completo y se honre a quienes perdieron la vida, es necesario que el Estado también se sume a esta iniciativa.

El 23 de enero de 1994, se manchó de sangre, una vez más, la historia de la zona bananera de Antioquia, que por años, ha sufrido el abandono del Estado y la disciplina impuesta por diferentes grupos armados que se han apoderado ilegalmente de la zona.

“No maten a las mujeres”

Las disputas por el territorio, la presencia histórica de varios grupos armados al margen de la ley, la mutación del desmovilizado Ejército Popular de Liberación (EPL) al movimiento político Esperanza, Paz y Libertad – conservando sus siglas- y la presencia de sus disidentes en el territorio urabeño, había enrarecido el ambiente durante las fiestas decembrinas.

Los habitantes del terreno de invasión, conocido como La Chinita, optaron por cancelar las fiestas de fin de año, en respuesta al miedo que les producían las amenazas ante un posible atentado en contra de la población y como consecuencia a la falta de medidas tomadas por parte de las instituciones estatales delegadas para este propósito.

Después de un mes de prudente resguardo, las familias de La Chinita organizaron una verbena con el fin de recolectar fondos para los implementos de la temporada escolar que se avecinaba; las fiestas transcurrían con normalidad hasta que, a la 1 de la madrugada del domingo 23 de enero, un grupo de hombres y mujeres armados cambiaron el ruido del equipo de sonido por el de las balas. Dos de los asistentes de la fiesta alcanzaron a huir en una motocicleta para dar aviso a las autoridades, pero antes de partir, alcanzaron a escuchar que uno de los integrantes del grupo armado dijo: “no maten a las mujeres”.

Después de 10 minutos de disparos, el saldo fue desgarrador: 35 personas muertas, entre ellas una mujer y tres menores de edad.   

Los responsables

Hasta la zona se desplazaron diferentes ONG para establecer la responsabilidad en esta masacre que constituye, hasta hoy, uno de los episodios más dolorosos de la lucha armada en nuestro país. Las investigaciones lograron demostrar que fue un grupo de guerrilleros, del quinto frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes asesinaron a 35 indefensos habitantes del barrio La Chinita, el 23 de enero de 1994.  Por este hecho condenado públicamente, los integrantes de las FARC realizaron hoy, viernes 30 de septiembre, un acto público en el que pidieron perdón a las viudas, hermanas e hijos de las personas asesinadas hace 22 años. Este acto está enmarcado en el proceso de paz que se dio luego de la firma de los acuerdos.

Pero a este proceso le hace falta un eslabón. Un proceso legal liderado por Javier Villegas Posada y su firma de abogados, logró comprobar la responsabilidad del Estado en el episodio conocido como La masacre de La Chinita. La sentencia expedida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, proferida en 2004, asegura que: “siendo Apartadó una de las zonas más militarizadas del país, los uniformados oficiales, primero no detectaron el gran grupo armado que incursionó en el bloque 3 de La Chinita, para lo cual debieron transitar grandes distancias en terrenos controlados militarmente y después, solo a las cuatro de la mañana del 23 (más de dos horas después de cometida la matanza)llegaron los primeros al lugar de los hechos, lo que facilitó el escape de los asesinos, al no ser perseguidos ni enfrentados”.

En el proceso, también quedó establecido la negligencia por parte del Alcalde del Municipio, quien aún conociendo el peligro inminente en el que se encontraba la comunidad del barrio obrero “La Chinita”, se limitó a enviar la solicitud de protección al Comandante de la Brigada XVIII, quien a su vez, no hizo nada por evitar que se produjera tal masacre.

Al respecto, el Honorable Consejo de Estado ha señalado que: “en el presente caso aparece claro que para la producción del daño fue determinante la omisión de la administración en brindar la protección que reiteradamente habían solicitado los demandantes para sus vidas y bienes”.

En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cursa, actualmente una denuncia liderada por el doctor Villegas Posada en la que se expone de manera contundente las violaciones a los derechos humanos cometidas la madrugada del 23 de enero. El documento es claro cuando afirma que: ” La Policía Nacional debe cumplir con una función protectora de medio, por lo que se considera que la Administración falló al no brindarles a las víctimas los medios de protección suficientes y oportunos para prevenir y evitar la masacre que se presentó en ese barrio “La Chinita” el 23 de enero de 1994, como sí se hizo después de la ocurrencia de este hecho.”

En esta oportunidad el Estado, quien se supone que debe brindar las garantías a la protección de los derechos humanos, falló tajantemente al abandonar a los habitantes de La Chinita, quienes constituyen hoy, uno de los ejemplos de recuperación más dolorosas de esta guerra. Las disculpas públicas por parte de la Nación también son un anhelo de las víctimas.