La Corporación Autónoma Regional del Tolima no está entre las cuatro primeras entidades con más demandas en el país
La entidad manifestó que la cifra de 23.9 billones de pesos, citada por la revista Semana, no es correcta, porque el valor real es de 0.04 billones de pesos. Cortolima informó que el dato se debió dar por un error de registro del Ministerio de Hacienda.
El artículo
El hecho se dio luego de que la revista Semana, en su edición del 30 de enero, publicara la labor que tendrá Fernando Carrillo como Director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, creada recientemente por la reforma a la justicia y que tendrá como misión defender al Estado de las incontables demandas que aparecen a diario y que están colapsando la economía del país.
Todas las demandas que tiene el Estado suman mil 28 billones de pesos, de los cuales algunas corresponden, según el abogado que más casos ha ganado en contra del Estado, Javier Villegas Posada, a la ineficiencia de las entidades públicas, a que los colombianos conocen más sus derechos y también porque es el negocio de algunos abogados, que se aprovecharon de la ineficiencia del Estado para crear el negocio ‘lucrativo’ de las demandas.
Además, de acuerdo con una investigación de Mariana Carrillo, referenciada también en el artículo, “este banquete fiscal ha generado cosas tan absurdas como tener que endeudarse en un par de ocasiones para responder por fallos judiciales y no para hacer inversión social”.
De ahí, surgió la información de las 10 empresas que más demandas tienen en el país, incluyendo a Cortolima, por debajo del Ministerio de Agricultura, la Superintendencia Financiera de Colombia y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Curiosamente también por encima de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y de la Policía Nacional.
También es claro que frente a esta ineficiencia del gobierno y de la Justicia aparecieron carteles de abogados, funcionarios, jueces que encontraron en esas victorias jurídicas la gallina de los huevos de oro, tal y como ocurrió con Dragacol, Foncolpuertos o Cajanal. Incluso, aparecieron contratistas que ahora invocan cualquier error de procedimiento o retraso en un desembolso o un plazo para hacer una demanda multimillonaria aduciendo daños y perjuicios. Algunos llegan al extremo de ganar la licitación solo para demandar después, algo que termina siendo mejor negocio que hacer las mismas obras. A estas y otras causas se suma que el Estado nunca ha tenido ni una política ni una defensa de alto nivel para contrarrestar ese tsunami jurídico. De ahí que la creación de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado sea el primer intento serio de enfrentar esta hecatombe.