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    Un viaje sin retorno

    Era el fin de semana en el que se conmemoraba una de las fiestas patrias más importantes, el grito de independencia que tuvo como detonante un florero roto y que desataría una discusión que derivó en la separación del yugo español. Doscientos años después, habitantes de una República soberana e independiente,  los colombianos nos seguimos matando entre nosotros. 

    La ciudad amurallada, la India Catalina, el monumento de los zapatos viejos y las historias que encierra uno de los lugares más emblemáticos del país hicieron que Ernesto José Herrera*, Juan Camilo Correa* y Miguel Ángel Suarez* unieran sus ahorros para cumplir el sueño de muchos ciudadanos del interior del país: conocer Cartagena. Durante el puente festivo del 20 de julio este trío de amigos disfrutó de la playa, los sitios históricos y el calor de la zona caribe del país, sin embargo, su regreso fue una cadena de hechos desafortunados que hacen que esta historia no sea un relato más de viaje.

    La falta de previsión y un mal cálculo, hizo que este grupo de amigos se quedara sin los recursos suficientes para regresar por aire a su ciudad de origen, razón por cual se vieron obligados a emprender una aventura por tierra poco predecible. La escena era propia de una película: tres jóvenes levantando su pulgar con la esperanza de ser llevados por tramos hasta sus hogares.

    Así, recorrieron parte del camino hasta llegar a Caucasia, una población antioqueña ubicada a 285 kilómetros de Medellín, la capital del departamento antioqueño y ciudad de origen de Ernesto, Juan Camilo y Miguel Ángel. En Caucasia, y agotados por el viaje, estos amigos lograron hospedarse en un hotel gracias a la buena voluntad de su propietario; la intensión era descansar y continuar con la aventura que estaba cada vez más cerca de terminar.

    Esa madrugada y luego de descansar, los jóvenes emprendieron nuevamente el viaje hasta llegar al municipio de Cáceres, Antioquia, sitio en el que fueron interceptados y retenidos en contra de su voluntad por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para la época en la que ocurrieron los hechos (1998), eran comunes las negociaciones entre las AUC y el Ejército Nacional. Dichas negociaciones tenían como botín a jóvenes – en su mayoría campesinos- que luego de ser asesinados eran presentados por algunos de los integrantes del ejército como guerrilleros muertos en combate, falsos positivos.

    Un  informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acerca de la situación de los derechos humanos en Colombia, revela que las ejecuciones extrajudiciales son justificadas bajo  la presunta colaboración de estas personas con grupos insurgentes. El informe, afirma también, que  muchas de estas ejecuciones han sido relacionadas con los privilegios obtenidos como resultado de las bajas efectivas por parte de los soldados de los diferentes batallones de Ejército.

    Esta sería la suerte de Ernesto, Juan Camilo y Miguel Ángel cuando fueron negociados y separados con el fin de ser presentados ante instancias superiores del ejército como combatientes revolucionarios muertos en combate. Para tal fin, los jóvenes fueron vestidos con prendas de combate propias de las autodefensas y posteriormente asesinados por miembros del Ejército Nacional  para ser presentados ante superiores y medios de comunicación.

    Al notar la prolongada ausencia e injustificada falta de comunicación, los familiares de estos jóvenes emprendieron el mismo viaje que sus parientes; pero esta vez, los fines no eran turísticos. Padres y hermanos tenían como objetivo conocer el paradero de estos tres amigos, por lo que recorrieron los mismos pasos que los jóvenes preguntando si estos habían sido vistos y en qué condiciones.

    Estas búsquedas resultan difíciles debido a aspectos económicos, falta de acompañamiento por parte de las autoridades competentes y por la intromisión de agentes relacionados con los hechos que ocultan información y obstruyen así, las investigaciones adelantadas por los familiares.

    La angustia de los familiares duró diez años más. En octubre de 2008, un desmovilizado de las filas de las AUC confirmó en una audiencia, citada por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, que Ernesto José Herrera y Miguel Ángel Suarez fueron vendidos por su bloque al Ejército Nacional para ser presentados como bajas; sin embargo, hasta la fecha se desconoce el paradero de Juan Camilo Correa quien fue separado de sus compañeros aún con vida.

    Javier Villegas Posada, en un principio presentó demanda en contra del Estado Colombiano (Ejército Nacional – Ministerio de Defensa), la cual tiene como resultado la condena efectiva del Estado Colombiano, después de 18 años de haber ocurrido los hechos.

    Actualmente, hace su trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denuncia formulada, por este mismo, por la falta de garantías procesales y el incumplimiento de las obligaciones estatales y compromisos internacionales, respecto a los derechos fundamentales de estos tres jóvenes (entre ellos un menor de edad) y sus familias.

    En primer lugar, se expone que el Estado no generó las garantías suficientes para que estos jóvenes pudieran circular de manera segura por el territorio nacional. Seguido de eso y mucho más delicado es la participación activa de agentes del Estado en la muerte injustificada e ilegal de estas personas, lo que traduce en una violación al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal , el derecho a un recurso efectivo y garantías judiciales y el derecho a la honra.

    Estas historias se repiten más de lo que los ciudadanos colombianos quisiéramos: jóvenes estudiantes, trabajadores alejados de las armas que terminan involucrados en la guerra por medio de una especie de rifa desafortunada, que ha desmembrado a miles de familias en nuestro país que busca por medio de la paz hacer que estas historias hagan parte de un pasado que nadie quiere repetir.

     

    *Los nombres de los personajes han sido reemplazados por asuntos de seguridad y privacidad.

  • Outlaw's Hands Locked in Handcuffs

    Ejecución extrajudicial de dos jóvenes y lesiones de otros dos por miembros de la Policía Nacional

    El 14 de agosto de 1992 cuatro ciudadanos que se transportaban en dos motocicletas en la ciudad de Medellín, fueron interceptados por una patrulla de la Policía Nacional compuesta por seis agentes, quienes los hicieron bajar de sus vehículos, los golpearon, les quitaron los cordones de los zapatos para atar con ellos sus manos por la espalda; y los trasladaron en dirección al corregimiento de Pajarito, donde fueron abaleados causando la muerte a dos de ellos y lesiones a los otros dos, quienes, milagrosamente, lograron huir del lugar. El Consejo de Estado en sentencia condenatoria contra la Nación, Ministerio de Defensa – Policía Nacional ordenó indemnizar a los grupos familiares de las cuatro víctimas y además ordenó pedir excusas públicas por la fragante y crasa violación de sus derechos humanos.

  • cuadernos

    Muerte de menor bajo custodia de institución educativa pública

    El 7 de octubre de 1993 murió un menor, arrollado por un vehículo particular, durante su jornada académica, en la institución educativa publica a la que asistía, en el momento que por disposición de su maestra se encontraba en las afueras de la instalación educativa. El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Educación a indemnizar a los familiares de las víctimas, por la falla en la obligación de tutela de la institución educativa sobre los alumnos durante la jornada escolar.

  • ejercito

    Muerte de civil en el operativo realizado por la Policía Nacional para rescatar a Diana Turbay Ayala quien había sido secuestrada por el grupo de Los Extraditables

    En hechos ocurridos el 25 de enero de 1991 resultó muerto un civil en el lugar del operativo de rescate de la periodista Diana Turbay Ayala. El civil fue reportado por la Policía Nacional como uno de sus secuestradores; se logró acreditar durante el proceso, que la muerte de éste obedeció a una falla en el servicio de la Policía Nacional, y en consecuencia fue condenada la entidad demandada a indemnizar los perjuicios a los demandantes.

  • accidente-carretera

    Muerte de menor al ser arrollado por una volqueta de propiedad de contratista del departamento de Antioquia

    El 24 de abril de 1997 en el municipio de Fredonia, Antioquia, un menor fue arrollado por una volqueta que se encontraba al servicio de una empresa contratista del departamento de Antioquia. En este proceso se declaró al Departamento de Antioquia y a la empresa contratista, administrativa y solidariamente responsables de los perjuicios ocasionados a los demandantes.

  • arma

    Convivencia de la fuerza pública y grupos al margen de la ley

    Muerte de un ciudadano a manos de un grupo ilegal que operaba en la zona con conocimiento de las autoridades, hechos ocurridos el 4 de mayo del 2002 en el municipio de Toledo, Antioquia. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional fue declarado administrativamente responsable por su proceder omisivo, por lo tanto debe reparar los perjuicios causados.

  • jail

    Muerte de recluso

    Mientras se encontraba detenido un joven, fue herido con arma de fuego en un motín presentado el 8 de diciembre de 1999, en el Centro Penitenciario y Carcelario La Modelo de Bogotá. El Consejo de Estado condenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC a indemnizar a los familiares de la víctima los perjuicios causados.

  • accidente

    Accidente fatal en obra pública por ausencia de señalización e iluminación

    El 29 de enero de 1993 un operario de maquina pesada, al cruzar el puente denominado El Mico de la ciudad de Medellín de la calzada sur a la norte, ayudándose con las luces de los vehículos ante la falta de iluminación, trató de protegerse en el pasamanos para mermar el natural impulso empleado para cruzarla, con la infortuna de que el puente carecía de ese medio de seguridad a ese lado y cayó a la avenida que bordea al rio, sufriendo heridas de consideración que finalmente lo llevaron a la muerte. En el proceso se obtiene una condena al municipio de Medellín quien era el dueño de la obra por la ausencia de señalización e iluminación, y se ordena que se indemnice a los familiares de la víctima por los perjuicios causados.

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