• EN UN CAMPO SEMBRADO DE MINAS ANTIPERSONALES FALLECIO JUAN BAUTISTA MUELAS CAMPO EL PRIMERO DE DICIEMBRE DEL 2009

    Juan Bautista Muelas Campo, campesino del departamento del Cauca, agobiado por la pobreza y las dificultades para conseguir los medios de subsistencia para él y su familia, decide para mediados del año 2006, vincularse a la actividad de erradicación de cultivos ilícitos, programa financiado por el Gobierno Nacional.

    El primero de diciembre del 2009 Juan Bautista, sufrió un accidente al caer en un campo minado con otros compañeros mientras laboraban en uno de los cultivos ilícitos en la vereda san isidro del muncipio la montanita del departamento del caqueta. Ese mismo día falleció y fueron informados de su muerte su madre, hermanos y sobrinos con los que vivía, y por los que veía económicamente ya que ante la falta de su padre había asumido las riendas del hogar.

    La familia Muelas Campo, acuerda demandar al Ministerio de Defensa Nacional con el fin de demostrar su responsabilidad en su desafortunada muerte, y para ello apoderan a Javier Villegas Posada y su Firma, quienes sostienen que se trató de una falla en el servicio por omisión en el deber de cuidado y vigilancia por parte del Ejército y Policía Nacional.

    El Ejército y la Policía alegan, que se oponen a que se declare su responsabilidad ya que Muelas Campo decide en el año 2006 vincularse a la actividad de erradicador de cultivos ilícitos bajo su propio riesgo.

    El Tribunal Administrativo del Caquetá con ponencia del magistrado Jesús Orlando Parra, profiere sentencia condenatoria contra el Ministerio de Defensa, aduciendo para ello lo siguiente:

    “Bajo estos supuestos, es forzoso concluir, que la fuerza pública es decir el Ejército y la Policía Nacional fallaron en su deber de Cuidado frente a los erradicadores, pues disponiendo de los medios tecnológicos y humanos para contrarrestar o prevenir la presencia de minas antipersonas o artefactos explosivos improvisados, no lo hicieron, evidenciándose una falla en el servicio.

    Aunado a lo anterior, se tiene que era hecho previsible que el campo estuviera minado, pues como es bien sabido los grupos delincuenciales utilizan estos instrumentos para protegerse, de la incursión de la fuerza pública a sus cultivos, laboratorios y en general a las zonas donde se encuentran…¨

    “…., no se puede perder de vista que cuando un ciudadano es contratado para erradicar cultivos ilicitos no esta asumiedo mas carga que la de su propio trabajo, mas no asume las cargas que corresponden a los uniformados en cumplimiento de sus funciones, como equivocadamente lo quiere hacer ver el apoderado de la Policia Nacional.”

    “ En consecuencia se tiene que la Nacion – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional y Policia nacional no lograron probar ninguna de las excepciones propuestas, y por tanto, se les declara responsables por el incumplimiento del deber de cuidado frente al grupo movil de erradicacion al que pertenecia el senor JUAN BAUTISTA MUELAS CAMPO.”

    Han sido miles los adultos, niños y ancianos, de los campos de la patria cuyas vidas se han sesgado o sus cuerpos mutilados por el infame flagelo de las minas antipersonales sembradas por las manos criminales de las guerrillas de las FARC, ELN, y otras organizaciones delincuenciales, cuyo único objetivo ha sido proteger el negocio ilícito de las drogas y su actividad criminal y terrorista.

    Muy pocas familias y víctimas directas han podido acceder a una indemnización y reparación justa y tendrán que resignarse, además, a que los autores de los hechos que generaron sus tragedias queden amparados por la mas repugnante y vergonzosa impunidad.

  • Condenado el Ejército Nacional por la muerte de Rodrigo Salas David y las lesiones de Luis Hernando Góez Lopera.

    “El 17 de noviembre del 2005 miembros del batallón de infantería 46 voltígeros, quienes se encontraban en cumplimientos de la misión táctica “Nápoles” en la vereda Arenas Altas del Corregimiento de San José de Apartadó, tuvieron un enfrentamiento armado con una cuadrilla de las FARC y, como consecuencia de la explosión de una granada que fue lanzada durante el enfrentamiento, se produjo la muerte del señor Rodrigo Salas David, quien se encontraba trabajando en un cultivo de maíz de una finca de la zona.

    De igual manera, Luis Hernando Góez Lopera también se encontraba recogiendo maíz en el mismo cultivo y una vez comenzó el enfrentamiento armado, huyo del lugar; no obstante, como consecuencia de un segundo hostigamiento que tuvo lugar en la misma vereda, fue alcanzado por un proyectil que se alojó en su espalda.”

    En un principio el Ejercito los señalo como guerrilleros y posteriormente admitió que eran civiles-agricultores de la zona victimas del enfrentamiento con la guerrilla.

    La familia de Salas David, y Góez Lopera y sus parientes más cercanos apoderaron a la firma Javier Villegas Posada Abogados para demandar al Ejercito con la finalidad de determinar su responsabilidad y consecuente indemnización.

    En sentencia proferida por el Concejo de Estado notificada el mes de Julio pasado y con ponencia del magistrado de la sección tercera, Carlos Alberto Zambrano, se confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, declarando la responsabilidad del Estado-Ejercito Nacional-Y ordenando indemnizar a las víctimas y concluyendo para ello lo siguiente:

    “Pues bien, acreditado como esta que los daños se produjeron durante el enfrentamiento armado sostenido entre agentes del Ejercito Nacional y una cuadrilla de las FARC, resulta irrelevante para la Sala, atendiendo los criterios jurisprudenciales expuestos, determinar el autor de los daños a fin de imputar responsabilidad al Estado, en consideración a que su declaratoria exige únicamente que aquel que se produzca en el marco de un enfrentamiento armado en el que estén involucradas fuerzas estatales, lo cual, como se vio, se encuentra demostrado en el plenario.”

    Miles de nuestros campesinos y agricultores, han caído víctimas de los enfrentamientos armados entre fuerzas del orden y los grupos subversivos, pero pocas familias han logrado una justa reparación por parte del Estado.

  • Condenado el Municipio de Villa de Leyva y la Policía Nacional por la muerte de Luz Marina Pulido y las lesiones de Martha Corina Pulido.

    El 6 de marzo del 2011, falleció la señora Luz Marina Pulido Pulido y resultó lesionada de gravedad su hermana Martha Corina, en un accidente en el parque ecológico “La Periquera” ubicado en el Municipio de Villa de Leyva (Boyacá),

     Las hermanas Pulido Pulido y demás familiares visitaba el parque ecológico y cuando se encontraban en la canastilla “Telesilla” se desprendió en la que se hallaban las hermanas Pulido, de una considerable altura, falleciendo instantáneamente luz marina debido al fuerte impacto y lesionándose de gravedad su hermana, quien después de múltiples intervenciones quirúrgicas y una prologada convalecencia recupero parcialmente su salud.

    El parque ecológico entro en funcionamiento sin obtener los permisos y licencias respectivas para su apertura como atracción turística, y sin la vigilancia y control de la Policía Nacional lo que desconocían los que allí concurrían.

    De manera tardía el, Municipio de Villa de Leyva decreto el cierra del parque de atracciones el 11 de abril del 2011, unos pocos días después del trágico accidente.

    Los familiares de las víctimas apoderaron a Javier Villegas Posada Abogados para demandar al Municipio de Villa de Leyva y a la Policía Nacional, quienes no realizaron las actuaciones necesarias para proteger la integridad de las personas que frecuentaban el parque en mención.

    El 30 de septiembre del 2014 el juzgado cuarto administrativo del circuito de Tunja, condenó solidariamente a la Policía Nacional y al Municipio de Villa de Leyva, a indemnizar a los demandantes y en sentencia notificada en mayo del año en curso, el tribunal administrativo de Tunja confirmo la decisión en segunda y última instancia, señalando que asiste la razón al fallador de primera instancia cuando precisa y advierte que:

    “….. La muerte de la señora Luz Marina Pulido Pulido y las lesiones sufridas por la señora Martha Corina Pulido, resultan imputables al Municipio de Villa de Leyva y a la Policía Nacional, por una falla en el servicio por omisión, toda vez que en los hechos que dieron lugar a la muerte y lesiones de las víctimas, el estado no desplego actividad eficaz alguna sobre una situación de amenaza que era previamente conocida por dichas autoridades, incumpliendo claramente con sus deberes de acción, seguridad y protección que le asistía, en ese sentido…”

    “….. La omisión que se le atribuye a las entidades demandas, consiste en que el parque ecológico la periquera nunca conto con las autorizaciones para su funcionamiento como atracción turística, de tal manera que le era exigible al Alcalde del Municipio de Villa de Leyva adelantar las actuaciones necesarias para proteger la integridad de las personas que frecuentaban el parque…”

    “….. La medida de cerrar temporalmente el parque resulto tardía, como quiera que se efectuó con posterioridad a la ocurrencia de la tragedia, es decir, la Administración guardo un comportamiento pasivo y negligente al abstenerse de tomar una decisión eficaz sobre el establecimiento de comercio; que si bien es cierto la canastilla “telesilla” comenzó a funcionar apenas quince días antes de los hechos, el Parque la Periquera con anterioridad, venía ejerciendo actividades de las cuales tuvieron conocimiento el Municipio de Villa de Leyva y la Policía Nacional…”

    “….. La Policía Nacional tenía conocimiento de la situación de riesgo, y por lo tanto tenía la obligación asignada por la Constitución Política (artículo 218), de garantizar la vida e integridad de los turistas, de manera que se le debe imputar fáctica y jurídicamente el resultado dañoso.”

  • CONDENADOS LA POLICIA NACIONAL Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR (UNP) POR LA MUERTE DEL PERSONERO MUNICIPAL DE AGUADAS (CALDAS).

    El abogado y personero del municipio de Aguadas (Caldas), Azael Ricardo Arias Loaiza , fue asesinado a las puertas de su casa por pistoleros, el 13 de enero de 2011 en las horas de la noche cuando regresaba de su trabajo, en total desprotección a pesar de las amenazas que pesaban en su contra y las reiteradas solicitudes de protección a la Policía Nacional y Ministerio del Interior – Unidad Nacional de Protección (UNP).

    Arias Loaiza en su afán de proteger y hacer respetar los derechos de los menores, promovió políticas efectivas para controlar la venta de alucinógenos y licor en su municipio lo que genero las amenazas que lo llevaron a solicitar protección para su vida.

    La Policía Nacional y el Ministerio de Interior, evaluaron el nivel de riesgo que tenia Azael Ricardo  y determinaron que su nivel era de naturaleza ordinario razón por la cual  no ameritaba escolta permanente ni medidas de seguridad adicionales a un simple monitoreo policial,  rondas de seguridad en su entorno laboral y residencial, e ilustrarlo con medidas de autoprotección. Medidas que a todas luces fueron insuficientes como quedo demostrado  con su desafortunada muerte.

    La compañera de Azael Ricardo, quien tenia un hijo de 5 años, con éste, y otro que no alcanzo a conocer a su padre, pues tenia 5 meses de embarazo al momento de su fallecimiento, apodero a Javier Villegas Posada y su firma para instaurar demanda contra las instituciones que fallaron en la defensa y protección de la vida de su esposo.

    El 1 de marzo del 2016, el Juzgado Segundo Administrativo del circuito de Manizales condeno a la Policía Nacional y Ministerio del Interior (UNP) a indemnizar a los demandantes, y el Tribunal Administrativo de Caldas confirmo en segunda y ultima instancia esta decisión en sentencia notificada el mes de junio anterior, razonando para ello de la siguiente manera:

    “ De acuerdo a lo expuesto, y una vez analizadas las pruebas que obran dentro del proceso ,…, se tiene que el señor Azael Ricardo Arias fue calificado en un riesgo ordinario, cuando realmente debía haberse calificado en un riesgo extraordinario o superior a este…”

    “No obstante las repetidas cartas, oficios y comunicados enviados por el señor Azael Ricardo Arias Loaiza a las entidades demandadas, estas no le brindaron mayor acompañamiento, ni le ofrecieron un adecuado servicio de protección o escolta permanente, … , situación que se evidencia cuando al momento de ser objeto del atentado que termino con su vida se encontraba solo y desprovisto de protección estatal alguna.

    Así pues, el error en la calificación del riesgo del señor Azael Ricardo Arias, a quien debió habérsele otorgado uno de naturaleza superior al ordinario, lo cual implicaba un esquema de protección adecuado al riesgo real en que se encontraba , …….. , conllevaron a la materialización de una falla en el servicio, tal como lo considero la Juez de Primera Instancia motivo por el cual se confirmara en tal sentido la sentencia proferida. “

    El error en la calificación del riesgo por parte de las entidades encargadas Policía Nacional y  ministerio del interior (UNP), a generado en múltiples oportunidades desenlaces fatales, habiendo quedado muchos de ellos en la mas completa impunidad y olvido.

  • Consejo de Estado condena a la Policía Nacional por muerte de Marleny Gil Lopez.

    La señora Marleny de las misericordias Gil López murió el 12 de diciembre del 2006 al ser atropellada por un vehículo automotor conducido por el teniente de la policía nacional Edwin Abel Álvarez Cristancho, en estado de embriaguez, en la ciudad de Santa Marta, y quien huyó del lugar de los hechos sin prestar auxilio a la víctima.

    El Teniente Álvarez Cristancho, prestaba servicio en la ciudad de Santa Marta asignado al área de vida, y había asistido un día antes de los hechos a su ceremonia de ascenso del grado de subteniente a teniente, razón por la cual le fue concedido un permiso desde las 12:00 horas del 11/12/2006 hasta las 7:00 horas del 13/12/2006.

    El 12 de diciembre el ya teniente Álvarez, solicito que el vehículo de placas LKT-781 marca Ford Explorer, que se encontraba retenido para investigación por la policía, le fuera prestado para remolcar otro automotor. Vehículo con el que posteriormente y en estado de embriaguez arrollara a la señora Gil López.

    Los familiares de la víctima fatal apoderaron a Javier Villegas Posada y su firma para instaurar demanda de responsabilidad contra la Policía Nacional.

    El tribunal administrativo del Magdalena en fallo del 25 de agosto de 2010 desestimo las suplicas de la demanda absolviendo a la entidad demandada (Policía Nacional) aduciendo, que el oficial de la policía que ocasiono el accidente de tránsito, no se encontraba en servicio y que por lo tanto el uniformado había actuado dentro de su ámbito personal.

    Villegas Posada impugno esta decisión, correspondiéndole resolver en segunda y última instancia al concejo de estado-sección tercera- que en fallo notificado en este mes de junio en curso, después de 11 años de presentarse la demanda y con ponencia de la Honorable Consejera Marta Nubia Velásquez Rico, revoco la sentencia del tribunal del Magdalena y condeno a la policía nacional concluyendo para ello lo siguiente:

    Pues bien, con los elementos de juicios obrantes en el expediente se tiene plenamente acreditado que el vehículo con el cual se ocasiono el accidente de tránsito, en el que lastimosamente perdió la vida la señora marleny de las misericordias gil López, había sido inmovilizado por la policía nacional, por cuanto se tenían indicios de que había sido matriculado de forma irregular ante la autoridad de transito correspondiente.

    Igualmente, se tenía acreditado que para la fecha en que ocurrió el siniestro, ese vehículo se encontraba bajo el cuidado de la policía nacional, toda vez que, si bien fue puesto a disposición de la fiscalía encargada de la instrucción, lo cierto es que materialmente el vehículo se encontraba bajo la guarda de la primera entidad, pues se encontraba en el parqueadero que esa institución del orden había destinado para ubicar los automotores recuperados e inmovilizados por ella.

    Así mismo, se tiene plenamente probado que la policía nacional accedió a que uno de sus agentes utilizara el rodante para remolcar otro vehículo, es decir, para un fin diferente para el cual había sido inmovilizado.

    En ese orden de ideas, en el caso sub examine se demostró que la policía nacional incurrió en una falla en el servicio, la cual ocasiono los daños por los cuales se demandó, pues incumplió flagrantemente las obligaciones impuestas a ella, dado que no puso materialmente a disposición de la fiscalía el vehículo inmovilizado y permitió que uno de sus agentes lo utilizara para unos fines totalmente diferentes para los cuales se había destinado.

    Ahora bien, la sala no puede pasar por alto el hecho de que el agente que conducía el rodante involucrado en la muerte de la víctima del daño se encontraba de permiso para el momento del accidente, lo cual en principio constituiría una culpa personal del agente.

    Sin embargo, la subsección estima que, para este caso en particular, el agente de la Policía Nacional Edwin Abel Álvarez Cristancho al momento de solicitar prestado el vehículo con el cual se ocasiono la muerte de la víctima del daño actuó prevalido de su condición de agente de la policía nacional y, por consiguiente, en nexo con el servicio público, razón por la cual ese hecho le resulta atribuible a la institución pública demandada.”

  • La injusticia es más dañina que el crimen mismo.

    Fabián de Jesús Pulgarín Caro, fue privado de su libertad por orden de la Fiscalía 68 Seccional de Medellín, el 6 de Julio del 2002, por ser presuntamente autor del delito de rebelión basado en un informe de inteligencia y testimonios que lo señalaban de ser un guerrillero de las Farc, apodado “Víctor” o “la Momia”.

    La privación injusta de Pulgarín Caro se prolongó hasta el 12 de agosto del 2003, cuando fue absuelto y dejado en libertad por el Juzgado 23 Penal del Circuito Judicial de Medellín, aduciendo para ello que … “A ninguno de los incriminados se les encontró en posesión de elementos de intendencia o de cualquiera otros que hiciere inferir de manera pacífica y sin dubitación alguna, la calidad de subversivos.”

    “No es cierto… que, a Fabián de Jesús Pulgarín Caro, se le haya mencionado con los remoquetes de “Víctor” o” la Momia”, como erróneamente lo afirma la señora fiscal.”

    Una vez recuperada su libertad, Pulgarín apodero para demandar a la Fiscalía General de la Nación a Javier Villegas y su Firma, y transcurridos casi 14 años, El Consejo de Estado en sentencia proferida este mes de mayo, condeno a La Fiscalía a indemnizarlo a él y sus familiares por la privación injusta de la libertad de que fue víctima.

    Son innumerables los casos de los falsos positivos judiciales, de que han sido víctimas los ciudadanos colombianos, logrando en algunos  demostrar su inocencia y por ende condenas de responsabilidad como esta, pero infortunadamente son muchos los inocentes que han purgado penas de privación injusta de la libertad, que destruyen su vida y la de su familia, sin oportunidad alguna de ser medianamente reivindicados

    Un sistema judicial, ineficiente, parcializado, lento y permeado por múltiples motivaciones distintas a la búsqueda de la verdad y la justicia, es una afrenta insoportable para una sociedad decente y democrática.

     

     

  • Condenado el Ejercito por la Muerte de Luis Antonio Villegas, el 27 de enero del 2008, en el Municipio del Carmen, Norte de Santander.

    El 27 de Enero del 2008, el campesino a agricultor Luis Antonio Villegas salió en bicicleta de su casa, ubicada en la finca Rocaflor del municipio del Carmen Norte de Santander, alrededor de las 5 o 6 de la tarde, a comprar huevos para el alimento familiar y justo en esos momentos transitaban por el lugar miembros del Ejército Nacional pertenecientes a la Unidad  Móvil N° 15.

    Los familiares de Luis Antonio que se encontraban en la finca, escucharon una balacera aproximadamente 15 minutos después de que este saliera, y preocupados por su suerte se dirigieron a pedir información a las autoridades municipales y policiales, quienes les informaron que el ejército se encontraba en una operación militar. A pesar de ello siguieron indagando sin respuesta satisfactoria sobre su suerte.

     Al día siguiente fueron informados de que Luis Antonio había sido dado de baja en un combate con el Ejército. 

    “… fue reportado como presunto miembro de la guerrilla, con la consigna de que fallece a causa de un combate terrorista el 27 de enero de 2008, con miembros de la Brigada Móvil N° 15 del Batallón de Contraguerrillas 98.” MY. Carlos Alberto Lara Rozo, en el Corregimiento Gramalito, Municipio del Carmen, Norte de Santander.”

    Los familiares de Villegas Angarita, denunciaron ante las autoridades respectivas para que se investigara, convencidos de que se trataba de una ejecución extrajudicial, resultando inútiles sus esfuerzos por hacerse justicia ya que le dieron absoluta credibilidad a la versión del Ejército, quedando en la impunidad penal y disciplinaria su conducta.

    A pesar de ello insistieron otorgando poder a Javier Villegas Posada y su firma para demandar al Ejército.

    Se demostró en el proceso instaurado por Villegas Posada, que Luis Antonio no pertenecía a ningún grupo al margen de la ley, que se dedicaba a las labores del campo, y que era reconocido ampliamente como una persona honrada y buen miembro de familia.

     Para el agente del Ministerio Público que intervino en este proceso; “…no es de credibilidad la versión del Ejercito Nacional de haber dado de baja al señor Luis Antonio Villegas Angarita, en combate en desarrollo de la operación emperador, sino que por el contrario fue una muerte selectiva conocida como ejecución extrajudicial, por lo cual solicita que se acceda a las pretensiones de la demanda.”

    En sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, notificada a comienzos de este mes de mayo, se condena y se encuentra responsable de la muerte de Luis Antonio Villegas al Ejercito Nacional, concluyendo para ello lo siguiente:

    ” Por lo anterior, la Sala analizará la responsabilidad bajo el título de imputación de falla del servicio, en razón de que la muerte del señor Luis Antonio Villegas Angarita fue producida por una acción de los miembros del Ejército Nacional, sin que existiera una razón que se encuentre debidamente probada para ello, con grave violación de los derechos humanos y de los deberes de protección a la ciudadanía que les asiste en virtud de las funciones asignadas y la autoridad conferida.”

    Así las cosas, para esta Sala son contundentes los indicios ya explicados, los cuales conducen de modo inequívoco a declarar configurada la falla del servicio por parte de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional, como consecuencia de la actuación irregular por parte los Miembros de la Brigada Móvil N° 15 del Batallón Contraguerrillas 98 “MY Carlos Alberto Lara  Rozo”, en los hechos ocurridos el 28 de enero de 2008, en los cuales falleció el señor Luis Antonio  Villegas Angarita.”

    ” Por lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que en el sub júdice se encuentra probada la conducta dolosa de los miembros del Ejército Nacional, pues las pruebas obrantes en el proceso evidencian que los militares adscritos a la Brigada Móvil N° 15, asesinaron a Luis Antonio e hicieron pasar su deceso como producto de un combate con terroristas.”

     

  • A Leiner Alejandro Abuchar se le resto oportunidad, no se le brindo un chance de vida, toda vez que no se le atendió con la prontitud y los recursos debidos.

    El 31 de mayo del año 2009, el menor Leiner Alejandro Abuchar (1 año 11 meses de edad) resulto seriamente lesionado al ser atropellado a las 9.30 am, por un vehículo automotor en la cabecera municipal de Chigorodo (Antioquia) . Siendo trasladado al hospital de dicha localidad donde llego consciente y después de 2 horas de valoración es remitido al hospital Antonio Roldan Betancur de Apartado, en donde se atendió e intervino quirúrgicamente en forma tardía.

    El 2 de junio, ante los ruegos de la madre y la evolución negativa de Leiner Alejandro se ordenó su traslado vía terrestre, a pesar de la gravedad, al hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, donde los médicos recibieron un paciente con shock séptico, peritonitis e inconsciente. Fue reintervenido en condición critica producto de la tardía remisión y el traslado vía terrestre de Urabá a Medellín ( 8 horas ).

    El 3 de junio se declara la muerte cerebral del menor y posteriormente, el mismo día fallece.

    Los familiares de Leiner apoderaron a Javier Villegas Posada Abogados con el fin de demandar al hospital Antonio Roldan Betancur, ya que consideraron que en esté se cometieron un sin numero de fallas en el manejo de la salud de Leiner Alejandro, que fueron determinantes para producir la muerte de este.

    En sentencia de marzo de este año el tribunal administrativo  de Antioquia encontró responsable al hospital en mención por la muerte del menor y lo condena a indemnizar a sus familiares concluyendo para ello lo siguiente:

    “No encuentra pues la sala ninguna justificación dentro de la historia clínica, como tampoco al interior del expediente, que explique la razón por que después de diez horas de estadía en el centro médico,  y con un deterioro paulatino no se tomaron medidas, máxime tratándose de un menor de tan poca edad, como tampoco hay explicación para que una vez intervenido y no encontrado mejoría, estando ordenada la remisión y existiendo la aceptación por una entidad de salud de un mayor nivel en Medellín, se deje al paciente toda una noche, anotándose simplemente que  va desmejorando, sin que se haga nada para la remisión ya tramitada”.

    “Todo lo anterior da cuenta de una prestación del servicio tardía y falta de diligencia, encontrando, de acuerdo a lo señalado por el perito, que se le resto oportunidad de vida al menor, sin desconocer que los traumas fueron importantes, no obstantes ello la forma de proceder de la entidad no fue coherente con los hallazgos y el deterioro que fue presentando el menor”.

    “Es entonces el hecho de no ofrecer todas las posibilidades al paciente de manera oportuna, de donde deviene la antijuricidad del daño, pues los usuarios del servicio de salud y los demandantes no tienen la obligación de soportar las omisiones de las entidades de salud, pues afirmar lo contrario seria trasladarle una carga y peor aun, aceptar y justificar la vulneración sistemática del derecho a la salud”.

    “Lo anterior impone concluir que al paciente se le resto oportunidad, no se le brindo un chance de vida, toda vez que no se le atendió con la prontitud y los recursos debidos…”

    Es lamentable la perdida sistemática y permanente de vidas en nuestro deficiente sistema de salud y mas aun cuando se trata de menores que son la población más vulnerable. Tendremos que padecer este mal crónico y letal con una alta dosis de ineptitud y corrupción por muchos años más, sin que los gobernantes de turno, se ocupen eficientemente de resolver los gravísimos problemas de la salud de los colombianos…

  • Ejército Nacional responsable de la muerte de un menor de edad por ahogamiento en la piscina del Batallón de Ingenieros #2.

    El menor Jaime Andrés Martínez (8), falleció en hechos ocurridos el 16 de noviembre del 2009, cuando se encontraba en la piscina del Batallón de Ingenieros #2 “General Francisco Vergara Velasco” en el municipio de Malambo, Atlántico.

    En la fecha, la familia de Jaime Andrés Martínez fue invitada a una tarde campestre al batallón en mención, en donde existía una piscina, que se encontraba habilitada sin malla o barreras protectoras, detector de inmersión, como tampoco contaba con personal de rescate o salvavidas, para poder proteger a las personas que podían hacer uso de ella, o circularan por sus alrededores.

    En un momento del juego que realizaba el menor con otros niños en los alrededores de la piscina, Jaime Andrés cayó al agua y fue rescatado por un compañero de juego, ya tarde, pues Jaime no alcanzo a llegar con vida al hospital más cercano.

    No se le prestó atención adecuada, en el lugar de los hechos, ante la carencia del personal idóneo para ello, lo que facilito el fatal desenlace.

    Los familiares del menor solicitaron al Ejercito Nacional indemnización por los perjuicios que les causo el fallecimiento de Jaime Andrés en tales circunstancias, y apoderaron a Javier Villegas Posada y su firma con tal fin.

    El Tribunal Administrativo de Atlántico en fallo de segunda y última instancia en el mes de marzo de este año, encontró responsable al Ejercito Nacional por la muerte del menor y ordeno indemnizar a sus familiares más cercanos con fundamento en las siguientes conclusiones:

    “En suma, tanto a la familia, el Estado y a la sociedad en general, les corresponde adoptar medidas que garanticen en todo momento la vida y demás derechos que por su condición de debilidad, le son inherentes a los niños, consecuencia de su inmadurez física y mental, que por su corta edad, les impide analizar con suficiente prudencia las diferentes situaciones en que se pueden ver inmersos y de las cuales podrían derivarse peligro que atenten contra su existencia.”

    “Precisa la Sala, que una de las maneras como la familia, el Estado y la sociedad en general materializan su deber de cuidado referente a los niños, es mediante la identificación y anticipación de los riesgos que puedan generarles algún daño, con la finalidad de evitar que los menores sean víctimas de los peligros que los rodean.”

    “En ese sentido y descendiendo al caso concreto, la muerte del menor Jaime Andres Martínez, obedeció a la omisión del deber de cuidado y protección que el Estado -en este caso Nación -Ministerio de Defensa- Ejercito Nacional- tenia respecto del mencionado niño, comoquiera que la entidad demandada no previó un riesgo que estaba en la condición de anticipar, en tanto que permitió su estancia e ingreso a la piscina de adultos sin la compañía de un adulto responsable, y peor aún, no disponía del personal idóneo para que en caso de una situación de emergencia pudiera prestarle la atención medica requerida para preservar su vida. Todo lo anterior encuentra soporte probatorio, en la prueba testimonial que milita en el plenario, en la que en el lugar de los hechos había un flujo considerable de personas, entre adultos y niños, sin la presencia del requerido salvavidas y que la función de piscinero era ejercida por el soldado profesional, Francisco Manuel Martínez Román, quien manifestó no poseer los conocimientos ni certificación exigida por la ley 1209 de 2008, pues el solo se ocupaba del mantenimiento de las instalaciones, así como de su aseo y aplicar los químicos al agua.”

    Lamentable que sucedan innumerables eventos en que se pierdan la vida de menores de edad, en las piscinas públicas y privadas, sin que se adopten políticas rigurosas y efectivas para prevenir la enorme tragedia que implica la muerte de un menor de edad en tales circunstancias.

  • Condenan al Estado por grave violación de derechos humanos

    El 28 de diciembre del 2005, en la vereda “Vega seca” jurisdicción del municipio de San Francisco, departamento de Antioquia, fueron ultimados a balazos por miembros del Ejército nacional el joven (18) campesino Jhon Fredy Arias Mejía, y otro joven que lo acompañaba en labores agrícolas.

    La versión oficial del Ejército nacional fue que habían sido dados de baja en un combate con un grupo de por lo menos 30 miembros de las autodefensas, de las cuales estos hacían parte

    Los familiares de Arias Mejía, nunca aceptaron la versión del Ejército y convencidos como estaban, de que Jhon Fredy era un campesino honrado, buen miembro de la familia y dedicado a labores agrícolas apoderaron a Javier Villegas Posada y su firma para instaurar una demanda contra el Ejército y esclarecer la verdad de lo ocurrido.

    En el trascurso del proceso que tuvo una duración de 10 años se demostró que:  Jhon Fredy y su acompañante fueron ajusticiados por la espalda a quemarropa y que no existió ningún combate entre el Ejército y las Autodefensas y además que para hacerlos pasar como dados de baja en combate los vistieron con prendas de las Autodefensas y colocaron junto a sus cuerpos armas y municiones.

    El tribunal administrativo de Antioquia en su sentencia de primera instancia absolvió al Ejercito aduciendo que Arias perteneció a las Autodefensas y fue dado de baja en un combate con el Ejercito, de acuerdo a lo alegado por el Ejército nacional.

    La decisión fue impugnada por Villegas Posada y el Concejo de Estado en decisión notificada la semana anterior desestimó por completo la decisión del tribunal y condeno al Ejército concluyendo para ello lo siguiente:

    “Para la sala, el homicidio injustificado del joven Jhon Fredy Arias Mejía configura una vulneración grave y flagrante de derechos humanos, pues se trataba de un humilde campesino de escasos 18 años que se encontraba desarmado y que fue vilmente asesinado con un disparo en la espalda.”

    “La muerte infame del citado joven se enmarca dentro del fenómeno conocido como “falso positivo” y que, desde el punto de vista jurídico corresponde a lo que técnicamente se denomina o conoce como “ejecución extrajudicial u homicidio en persona protegida,” constitutiva de una muy grave violación de derechos humanos….”

    “Comportamientos como los asumidos por los uniformados que participaron en la muerte del joven Arias Mejía no se acompasa de ninguna manera con la finalidad del Ejército Nacional, pues este fue instituido para proteger la vida, bienes y honra de los habitantes del territorio nacional y para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, a fin de generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo que garanticen el orden constitucional de la nación.”

    “Desafortunadamente casos como este se volvieron reiterados en nuestro territorio, al punto que son numerosas las condenas penales contra los miembros de la fuerza pública involucrados en ellos, así como también son numerosas las condenas patrimoniales contra el Estado Colombiano… circunstancia que pone de presente una falla sistemática y estructural en la comisión de violaciones graves a derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario por parte de la fuerza pública del Estado Colombiano… falencias estas que sin duda debilitan la institución y dificultan su adecuado accionar en pos de cumplir con el cometido que le es propio, con lo cual, de paso, esta pierde legitimidad y se compromete la estabilidad misma del estado y de la sociedad.”

    Javier Villegas Posada y su firma, durante 36 años de existencia ha adelantado centenares de procesos por ejecuciones extrajudiciales de la fuerza pública (Ejercito, Policía, extinguido DAS) sin dejar de advertir que siendo un fenómeno que siempre ha existido al interior de estas instituciones, en el periodo del año 2002 al 2010 se produjo un notable incremento.

    Seguiremos en la denuncia permanente de la injusticia por el abuso de la autoridad.

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