• Condenada la Nación por la muerte del sargento segundo Oscar Alexander Sanabria en siniestro aéreo

    “Para el 8 de febrero del 2008, el sargento segundo Sanabria Díaz, se encontraba en Florencia- Caquetá, cumpliendo las funciones propias de su servicio y cargo, junto a varios miembros del Ejercito, entre ellos el Capitán Hayden Rodolfo Cerón Martínez”.

    “En las horas de la noche de este mismo día el capitán Cerón Martínez, según versiones, departía unas copas con los miembros del Ejército, en un establecimiento de Florencia- Caquetá, hasta las altas horas de la madrugada del día 09 de febrero de 2009”.

    “Al día siguiente, el señor Oscar Alexander Sanabria Díaz, cumpliendo las funciones propias de su servicio y cargo, debió desplazarse vía aérea desde la ciudad de Florencia – Caquetá con destino al municipio de San Vicente de Caguan en compañía del Capitán Hayden Rodolfo Cerón Martínez y otros cuatro compañeros de armas. Abordaron el avión SENECA PA-34 de matrícula EJC 110 perteneciente a la Aviación del Ejercito de Colombia, como piloto al mando el mencionado Capitán. La aeronave emprendió el vuelo a las 8:40 de la mañana aproximadamente, y entre las 8:53 y 9:15am desaparece”.

    “El avión SENECA PA-34 de matrícula EJC 110 se había siniestrado en la vereda de Jordán, municipio de la Montañita cerro de Pajoy y toda su tripulación había fallecido, entre ellos el sargento segundo Oscar Alexander Sanabria Díaz”.

     Javier Villegas Posada y su firma presento demanda contra el Ejército Nacional Ministerio de Defensa, representando a sus familiares (esposa, hijos, madre, abuela y hermanos) por su responsabilidad en los hechos que causaron la muerte del sargento segundo Sanabria.

    El tribunal Administrativo de Caquetá en sentencia del 19 de marzo de 2015, condeno a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional a indemnizar a los demandantes, y concluye que la Nación-Ejercito Nacional debe responder bajo el régimen de responsabilidad objetiva por el ejercicio de actividad peligrosa (Transporte Aéreo) y para ello concluye:

    “De otro lado, se evidencia con claridad que quien estaba al mando de la aeronave siniestrada era una persona diferente al suboficial Oscar Alexander Sanabria Díaz, ya que el piloto al mando del avión SENECA PA-34 de matrícula EJC 110 pertenecía a la Aviación del Ejército de Colombia que se estrelló en el cerro Pajoy vereda Alto Jordán del municipio de la montañita Caquetá por causas no establecidas, era el Capitán Hayden Rodolfo Cerón Martínez, de allí que, la decisión sobre el derecho a ser indemnizado deberá gobernarse con fundamento en un régimen objetivo por actividad peligrosa”.

     “De lo anterior se infiere que el régimen de responsabilidad Objetivo por riesgo excepcional resulta aplicable al funcionario de las fuerzas militares que resulte lesionado o muerto en una actividad aérea, cuando ésta le ha sido asignada para el cumplimiento de sus funciones y el pilotaje no sea ejercido por la misma víctima, o lo que es lo mismo, cuando no tenga la guarda material de la actividad”.

    Las partes, Villegas Posada Abogados en representación de los demandantes y el Ministerio de Defensa, acordaron conciliar aceptando el ejercito la condena proferida por el Tribunal Administrativo de Florencia.

     La conciliación fue aprobada por el Consejo de Estado y notificada a las partes en este mes de enero del 2017.

     Es de común ocurrencia la muerte de funcionarios y miembros de las fuerzas armadas en estas circunstancias, siendo en muchos de los casos causados por desperfectos de las aeronaves o vehículos o impericia y negligencia de la tripulación.

  • Nuestras cárceles se han convertido en verdaderos “Campos de Concentración”

    “Para saber realmente cómo es una nación hay que conocer sus cárceles, pues una sociedad no debe ser juzgada por el modo en que trata a sus ciudadanos de más alto rango, sino por la manera en la que trata a los de más abajo”. Nelson Mandela

    Condenada la nación (INPEC) por el suicidio de un recluso en la Cárcel “Las Heliconias” en la ciudad de Florencia departamento de Caqueta.

    El 24 de abril del 2011 mientras se encontraba pagando una pena al interior del Establecimiento Carcelario “Las Heliconias” de Florencia (Caquetá) resulto muerto por ahorcamiento el señor Jaime Andrés Flechas Díaz.

    El señor Jaime Andrés se encontraba recluido en la cárcel “Las Heliconias” desde el 4 de marzo del 2011, en cumplimiento de una condena de 16 meses impuesta por el juzgado 4 penal municipal. Jaime Andrés había manifestado a su familia la angustia y preocupación que le embargaba debido a los malos tratos de los internos y guardianes del centro de reclusión.

    El día 24 de abril sus familiares trataron de visitarlo y no les fue posible, debido a que según les informaron estaba castigado y no podía recibir visitas. Al día siguiente se enteraron a través de un periódico local de su muerte.

    En proceso instaurado por Javier Villegas Abogados, y en sentencia notificada este mes de enero, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia condeno a la nación (INPEC) a indemnizar a los familiares por la muerte de su hijo, hermano y sobrino Jaime Andrés Flechas.

    Señala la sentencia en sus conclusiones para proferir el fallo que: “Con las pruebas arrimadas al expediente, se puede evidenciar que el señor Jaime Andrés, presentaba un trastorno mental, por el cual había sido internado en el hospital María Inmaculada antes de su ingreso al Centro Penitenciario, y que encontrándose dentro de este último le fue confirmado su diagnóstico…”. 

    “Nótese que el señor Jaime Andrés, por un lado, se encontraba en el Centro de Reclusión para el momento en que ocurrieron los hechos, en calidad de condenado; y por el otro lado, que este padecía una condición mental que lo indujo a atentar contra su propia vida en repetidas ocasiones, sin que, a pesar de ello, la entidad demandada hubiere tomado medidas necesarias para garantizar el deber de protección que tenía respecto de este”.

    “Así las cosas, resulta forzoso concluir que el INPEC, si bien lógicamente no produjo de manera directa la muerte del señor Jaime Andrés Flechas Díaz, su actuar negligente no permitió hacer resistible un hecho que resultaba perfectamente previsible”.

    Nuestras cárceles por decenas de años se han convertido en verdaderos “Campos de Concentración”, en donde se vulnera de forma masiva y sistemática la dignidad humana y todos los derechos fundamentales, contribuyendo a ello en forma significativa el hacinamiento, escases de personal, la casi nula atención en salud, la corrupción vergonzosa y generalizada del personal de guardia y la inexistencia de verdaderas y eficientes políticas rehabilitadoras de los reclusos.

    La población carcelaria es una población de alta vulnerabilidad por su crítica situación de reclusión, y por la afectación que conlleva la privación de la libertad que es el derecho más preciado del ser humano

    Los traumas asociados a la privación de la libertad y a la inhumana reclusión generan graves afectaciones mentales que en muchos de los casos terminan en el suicido, sin que en nuestras cárceles se haga algo para evitarlo.

     

  • Después de ocho años la impunidad en los falsos positivos de Soacha se va desvaneciendo con condenas contra el estado y militares implicados.

    En fallo penal de primera instancia de hace un mes, se anuncio condena por parte del juez primero especializado de Cundinamarca, de 21 militares entre ellos un coronel y un mayor, por el asesinato a sangre fría de 5 jóvenes humildes de Soacha que enterraron como NN abatidos en combate, en el departamento de Norte de Santander. Entre ellos se encontraban Víctor Fernando Gómez y Jader Andrés Palacio, cuyos familiares han sido representados en el proceso por Javier Villegas Posada y  su firma de abogados.

    De acuerdo a lo probado en la investigación, Víctor Fernando Gómez,  Jader Andrés Palacio y Diego Alberto Tamayo,  fueron conducidos a Ocaña por dos “reclutadores” con falsos ofrecimientos de trabajo y promesa de una buena remuneración. Cuando llegaron fueron retenidos en el cuarto de Alexander Carretero (uno de los reclutadores), les dieron bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas. En la noche fueron recogidos por dos miembros del ejercito que se los entregaron a otros de la brigada móvil 15. Estos los asesinaron y manipularon el lugar para simular contacto armado legitimo, reportar las muertes como resultados operacionales exitosos y obtener recompensas por ello. El ejercito y los militares han sostenido a través de este proceso su inocencia, bajo la afirmación que verdaderamente se trataban de guerrilleros activos dados de baja en combate.

    El sargento John Jairo Muñoz Rodríguez, que se convirtió en testigo, confeso que después de varios regaños por los pocos “ resultados en el nivel estratégico” (muertos en combate y otros) decidió pedirle ayuda al sargento Sandro Pérez Gonzales, que era de inteligencia del batallón Santander.  La respuesta  fue escalofriante: “curso, si quiere le traigo gente, se la entrega a la tropa y se presentan como muerto en combate”. Muñoz dice que el coronel Gabriel rincón amado, jefe de operaciones de la Móvil 15, le dio el visto bueno a la oferta. El salió del ejercito en la histórica purga de noviembre, pero hasta ahora no se conoce decisión de la fiscalía en su contra. “Pérez dijo que por persona había que pagar un millón de pesos mas el pasaje –se lee en la confesión-. (..) rincón me dijo . “bueno, consígame dos personas”.

    En sentencia del tribunal administrativo de Norte de Santander de comienzos del año, originada en demanda instaurada por Villegas Posada y su firma se condena al estado por la muerte de Jader Andres Palacio Bustamante y en ella se afirma:  “Quedo demostrado que el señor Jader Andres Palaco Bustamante, junto con otros jóvenes residía en Soacha, Cundinamarca, fueron transportados en un bus de Coopetran y dos días después aparecieron muertos en un supuesto combate contra miembros del Ejercito Nacional, combate que fue inexistente y de lo que se trato en realidad fue de homicidios predeterminados, en una actuación de miembros del ejercito para aparentar enfrentamientos con la guerrilla.” 

    “ La sala encuentra debidamente acreditado, con las pruebas aportadas al expediente, que permitieron el análisis sobre la circunstancias de la muerte de Jader Andres Palaco Bustamante, que tal ocurrió como consecuencias de una “ejecución extralegal, arbitraria y sumaria” .

     “ De otra parte, el relato de los hechos por el comandante Janner Duque Marin, al mando del Batallón de Contraguerrilla 96 de la Brigada Móvil # 15, precisa que la muerte de los tres N.N a las afueras del municipio de Ocaña, Norte de Santander, Ocurrió debido a un enfrentamiento armado, lo cual no resulto creíble, para la sala no tiene fundamento, ya que existen contradicciones que se evidencian con las pruebas que reposan en el expediente, ya enunciadas.”

    “Así mismo en el sub judice es evidente que el joven Jader Andres Palaco Bustamante fue victima de una red criminal de civiles en Soacha, Cundinamarca, quienes mediante engaños lo llevaron al municipio de Ocaña, Norte de Santander, lo entregaron a las tropas de Batallón de Contraguerrilla 96 adscritos a la Brigada Móvil #15, lo despojaron de sus documentos de identificación y posteriormente lo asesinaron el 25 de agosto de 2008, junto con dos victimas mas como “resultado de operaciones militares” , tal y como lo acredita la Fiscalía General de la Nación en escrito de acusación, elementos materiales probatorios y evidencia física anexa al proceso penal adelantado por el juez primero penal del Circuito Especializado de Cundinamarca”.

    Javier Villegas y su firma, durante sus 36 años de existencia ha adelantado centenares de procesos por ejecuciones extrajudiciales de la fuerza publica ( Ejercito, Policía, DAS) sin dejar de advertir que es un fenómeno que siempre ha existido al interior de estas instituciones, en el periodo del año 2002 al 2010, se produjo un notable incremento.

    Seguiremos en la denuncia permanente de la injusticia por el abuso de la autoridad. 

     

     

  • Condenada la nación INVIAS por la muerte de Jhon Anderson Goez David

    El Mal Estado de las Vías Sigue Cobrando Victimas Mortales

    Se transportaba Goez David en un bus de transporte publico, el 1 de noviembre del 2008, en la vía que de Medellín conduce al Urabá Antioqueño, a la altura del municipio de Cañasgordas, cuando se desprendió una enorme roca del talud de la montaña, destruyendo la carrocería del bus y acabando con la vida de Jhon Anderson.

    La vía en este sector se encontraba en constante deterioro de la capa asfáltica y la caída constante de rocas debido a la pronunciada inclinación de las laderas sin que hubiese ninguna señalización que advirtiera del peligro.

    Los familiares de la victima apoderaron a Javier Villegas Posada y su firma de abogados, para demandar a INVIAS responsable del mantenimiento de la vía y en sentencia definitiva y de segunda instancia, proferida por el tribunal administrativo de Antioquia en el mes de noviembre del año en curso, condeno al Instituto a indemnizar a los familiares.

    Se probo en el proceso que el accidente ocurrió por la grave omisión y negligencia de la entidad demandada, al no haber realizado las labores de mantenimiento, señalización, estabilización del terreno, conservación y recuperación de la vía.

    El tribunal señala en su fallo lo siguiente: “… de tal suerte que el INVIAS, debió tomar las precauciones del, caso, pero ello no se hizo, pues no acredito que hubiese realizado mantenimiento puntual sobre el tramo de la carretera donde se produjo el accidente, ni tampoco que la hubiera señalizado advirtiendo peligro, cuando precisamente las circunstancias climáticas y geológicas a que la misma entidad hace referencia, hacían perentorio el despliegue de sus funciones de prevención, mitigación y mantenimiento, que le confiere expresamente la ley.”

     “…y por tanto debe responder por la totalidad de los daños y prejuicios que su falla en la prestación del servicio ocasione por la ausencia de mantenimiento y señalización en las carreteras, y su consecuente inseguridad.

     En tal sentido, para la sala queda claro que, de haberse tomado medidas preventivas y correctivas del caso, se hubiera podido evitar la tragedia que enluto a los demandantes.”

     El mal estado de las vías en el país ocasiona centenares de muertes cada año, sin que mejore sensiblemente el estado de estas y las medidas preventivas para evitarlas.

     

  • shutterstock_138869090

    Carretera de la muerte en Chocó sigue generando condenas contra el Estado y pérdidas de vidas humanas

    En solo un instante, los pasajeros de un bus que viajaban a Medellín desde el departamento de Chocó, fueron víctimas de un accidente difícil de creer y de aceptar.

     Ocurrió el 14 de enero de 1998, cuando un bus de la empresa Rápido Ochoa que cumplía con la ruta Quibdó- Medellín cayó a las aguas del río Hábita, en una curva que hace el ingreso al puente sobre el río y el cual carecía de barreras protectores a los costados.

    La carretera donde ocurrió el siniestro es una vía de orden nacional, cuya responsabilidad de mantenimiento es del Instituto Nacional de Vías “INVIAS”, siendo un hecho notorio que por años ha sido abandonada a su suerte y con ello la suerte de quienes transitan por ella

     Son muchos los accidentes ocasionados por el mal estado de la carretera y la nula o inadecuada señalización, provocando innumerables pérdidas de vidas humanas.

     En un proceso adelantado por Javier Villegas Posada y su firma de abogados, representando a los familiares de 7 víctimas fatales y a 4 lesionados, se demostró la responsabilidad de INVIAS, y 18 años después de los hechos el tribunal administrativo en fallo  definitivo y de segunda instancia condenó al instituto a indemnizarlos.

     La sentencia del tribunal concluye: “para la sala es evidente que, las deficiencias estructurales que tenía el puente construido sobre el rio Hábita constituían un peligro potencial para la seguridad de las personas, teniendo el INVIAS la obligación de instalar barreras protectoras a los costados del puente, a fin de evitar que los peatones y los vehículos que por allí transitaran cayeran al río.”

    “Adicionalmente y para abundar en razones, es evidente la negligencia del INVIAS en el mantenimiento de una vía que tiene varias falencias: i) es una vía demasiado angosta y no pavimentada ii) es una vía que presenta muchos surcos y curvas iii) es una vía que siendo muy estrecha, se angosta aun más en la entrada del puente en donde ocurrió el accidente  iv) el puente siendo tan angosto no cuenta con barandas protectoras ni con señalización alguna.”

    Con todo ello, después de años de promesas del gobierno central, esta vía sigue en buena parte inconclusa, generándose por parte de la comunidad protestas de toda índole, hasta el punto, que al día de hoy el departamento del Chocó se encuentra en paro cívico por el incumplimiento del Gobierno Nacional con los compromisos adquiridos.

     

  • shutterstock_139581323

    Un milagro interrumpido

    Esta es una de esas historias que no deberían suceder pero que abundan en un país que cuenta con un sistema de salud precario, poco compasivo y carente de control. Cuando Yesica Herrera entró a la clínica para dar a luz a su hija, nunca se imaginó que esta sería la primera y la última vez que tendría la oportunidad de dar vida.

    Dar a luz a un bebé puede ser considerado como uno de los milagros más bonitos de la naturaleza, pero puede convertirse en una tortura si no se cuenta con el personal adecuado para llevar a cabo esta labor. Un mal procedimiento médico, le negó a Yesica la posibilidad de volver a quedar en embarazo; nueve años después y luego de una larga lucha por hacer valer sus derechos, esta historia que suele repetirse en nuestro país, cuenta con un pequeño tinte de justicia.

    Así es la historia de Yesica Natay Herrera, quien luego de un embarazo sin complicaciones se dirigió a la Unidad intermedia de Salud del barrio Buenos Aires, el 29 de septiembre de 2007 para traer al mundo a su bebé; luego de esto, el personal médico debía esperar un tiempo prudente a que la paciente expulsara de manera natural la placenta para continuar, pero la mecanización de sus labores médicas produjeron que el doctor que atendió el parto, se apresurara a extraer de manera manual y violenta la placenta de la madre, lo que desencadenó en complicaciones médicas que obligaron su traslado a una clínica con capacidad para reaccionar a estas circunstancias.
    El procedimiento, según las declaraciones de la joven madre, fue incluso más doloroso que el mismo parto, lo que preocupó a Yesica quien le preguntaba de manera constante al doctor sobre su situación sin tener respuesta alguna. Luego, cuando la situación se salió de control, la paciente fue remitida de urgencia al Hospital General de Medellín, en el que al recibida se le practicó una histerectomía abdominal.

    Esta intervención consiste en la extirpación del útero parcial o totalmente lo que impide un futuro embarazo; la decisión que fue tomada por el personal del Hospital General obedeció a la necesidad de detener el sangrado que mantenía a la paciente en un shock hipovolémico, en resumen, era la única manera de salvarle la vida a la paciente.

    ¿Cómo era posible que se llegara a esta situación si la madre no presentó complicaciones durante el embarazo? La respuesta a esta dolorosa pregunta debió ser respondida por una investigación correspondiente a un proceso legal emprendido por Yesica Herrera, su esposo y su familia; dicho proceso adelantado por Javier Villegas Posada y su firma de abogados, sacó a la luz las irregularidades médicas que llevaron al traslado de la paciente a una clínica de mayor nivel y con las consecuencias anteriormente expuestas.

    En la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en septiembre del año en curso, se pudo establecer que “resulta claro entonces que en el presente asunto el tratamiento médico prestado por el ente público demandado a la señora Herrera Villamizar, para el momento del parto fue deficiente – por decir lo menos-, y trasgredió la integridad física de la madre y el hijo, sin tomar en cuenta que la condición de la mujer en estado de embarazo corresponde a una situación que requiere de un cuidado especial y único, y mucho más para el momento del parto, lo cual no puede admitir una atención descuidada, inadecuada y ni siquiera elemental, ni mucho menos deficiente como la que se dio en este caso”.

    Por esta razón, dicho tribunal procedió a condenar a la E.S.E Metrosalud, administradora y responsable de las labores médicas de la Unidad Intermedia de Salud de Buenos Aires, como responsable de la falla en la prestación del servicio médico durante el parto de Yessica Herrera. A pesar de esta decisión que constituye un acto de justicia, en tanto se han reconocido a los responsables de estos actos, hay algo que no le puede cambiar el futuro a Yessica quien a sus 21 años perdió la posibilidad de volver a quedar nuevamente en embarazo y traer más vida al mundo.

  • shutterstock_46817356

    El fuego amigo duele el doble

    En un confuso hecho ocurrido el 25 de junio de 2010, falleció, producto de una herida de bala, el cabo Iván Giovanny Duarte Soto, quien pertenecía al batallón de Selva No. 48 Morales del sur de Bolívar. Lo más lamentable de este hecho es que la bala que produjo la muerte de este joven provino del arma de un militar.

    Giovanny tenía 18 años y a esa edad, los colombianos comenzamos a ser ciudadanos y a cumplir con las responsabilidades que esto implica. En el caso de Giovanny, esas responsabilidades estuvieron relacionadas con su ingreso a la vida militar, tal como les ocurre a muchos jóvenes de nuestro país.

    En el año 2010, Giovanny comenzó a hacer parte de la contraguerrilla del Batallón de selva No. 48 Morales del Sur de Bolívar. El 25 de junio de ese mismo año fue enviado a patrullar entre los municipios de Morales y Arena del Sur de dicho departamento; hasta ese sitio también fue enviado otro grupo de contraguerrilla con los mismos fines. Pero la nefasta coincidencia produjo un enfrentamiento entre los dos grupos del mismo bando, causando un cruce de disparos entre los que Duarte Soto recibió una herida de bala que posteriormente lo llevaría a la muerte.

    La vida en el Ejército implica ciertos riesgos que deben asumir quienes deciden entrar en ella; aún así, esta pérdida no deja de ser dolorosa para los familiares de estos jóvenes que se enfrentan a la guerra. Doris Soto sabía el riesgo que corría su hijo, pero dentro de sus posibilidades no estaba la muerte del mismo y menos en las manos de un combatiente del Ejército.

    Inicialmente, las heridas que recibió el joven no parecían ser graves, como lo explican los testimonios de los militares que lo acompañaban en las labores de seguimiento, pero la demora en el traslado y las dificultades proporcionadas por el terreno en el que se dieron los hechos produjeron la muerte de este joven antes de llegar a la institución de salud.

    La cadena de errores no concluye ahí. Está claro que se cometió un error de táctica y de comunicación por parte de los superiores de estos dos batallones al enviar a sus soldados a hacer reconocimiento de la misma zona. Es claro, también, que la demora en el traslado del cuerpo herido de Giovanny Duarte se debió a otro error de logística y, como si fuera poco, luego de la muerte de su hijo, Doris Soto se vio enfrentada a la negligencia del Superior de Giovanny, quien según, fue comprobado posteriormente, evadió la comunicación con la madre del joven y, en las pocas ocasiones que se pudo comunicar con él, la información fue vaga, poco creíble y con fundamentos insuficientes.

    Fueron estos episodios los que impulsaron a la familia de Giovanny Duarte Soto a emprender acciones legales que impartieran justicia y les brindara consuelo por medio de la verdad. Durante el caso, en el que el abogado Javier Villegas y su firma representaron a la familia de Giovanny Soto, se puso en evidencia la falta de ordenamiento que es, literalmente vital, en una organización militar; además, la sospechosa actitud del Superior encargado al no brindar la información certera relacionada con los pormenores de este fatal desenlace.

    Por esta razón, el Juzgado noveno administrativo de circuito de Cartagena de Indias profirió sentencia en la que condena al Estado y al Ejército Nacional por la muerte de Giovanny, esta condena no le regresa su hijo a doña Doris, ni regresa las otras vidas que se han perdido en la guerra. Esta sentencia es solo un paso que dan las familias en la búsqueda de la verdad y la justicia en un país en el que abundan los muertos inocentes.

  • tlmd_bullet_hole_car_shutterstock_174765326

    Los seguimos esperando

    Lo que comenzó siendo un viaje de negocios terminó en un viaje de tortura y falsas acusaciones. El plan era simple: salir de Pereira hasta Medellín en busca de mercancía para revender luego en su ciudad. Jhair Andrés Palacio Ramírez, Luis Fabián Castaño Zuleta, Juan Manuel Castaño Zuleta y Leonardo Fabio Quitian, salieron de sus casas en agosto de 2007, pero luego de un injustificado retraso no volvieron ni ellos, ni la mercancía, ni el carro en el que se movilizaban.

    Llegaron, eso sí, las acusaciones que indicaban que estos cuatro hombres pertenecían a las Águilas Negras y que por esto se les dio de baja en un operativo realizado en Segovia Antioquia el primero de septiembre de 2007, por el batallón ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No. 8 “Mayor Serpa Cuesto”.

    Era inconcebible la idea de que estos cuatro hombres que residían en Pereira estuvieran relacionados con hechos delictivos tan lejos de sus hogares y de sus sitos de trabajo, resulta más extraño aún, que no apareciera ni la mercancía que habían comprado en Medellín, ni el dinero, ni el carro en el que se movilizaban, ya que luego de pasar por la capital de Antioquia, se dirigieron a Segovia en busca de joyas para completar su mercancía. Pero, ¿qué había detrás de esto? esa fue la pregunta que se hicieron los familiares, quienes decidieron emprender acciones legales para aclarar lo sucedido.

    La investigación del caso en el que Javier Villegas y su firma de abogados representaron a las familias de estos cuatro hombres, logró revelar varias inconsistencias que van desde los errores cometidos en la cadena de custodia de los cuerpos, hasta llegar a la poca coherencia entre los testimonios de los militares implicados en este hecho, que no solo puede ser calificado como falso positivo, sino también, como hurto, en la medida que no aparecieron los bienes con los que se trasladaban Jhair Andrés, Luis Fabián, Juan Manuel y Leonardo Fabio.

    Uno de los testimonios que resultó fundamental para la sentencia, fue el de Luis Nolberto Serna quien, como la sentencia indica, “expresó que fue partícipe de muchos homicidios mal llamados ‘falsos positivos’”. En este testimonio, Serna narró cómo le fueron solicitados los cuatro jóvenes de afuera de Medellín, dicha petición, según el testimonio, fue realizada por el cabo del Ejército Elvin Andrés Caro; según Serna, él viajó desde Pereira con los hombres para hacer las diligencias en Medellín, y en el parque del municipio de Itagüi los dejó con “ROMAN”, quien indica Nolberto Serna, era el puente con el cabo Caro. El testimonio concluye: “De la vuelta que les había mencionado a los muchachos de Pereira, empecé a notar que realmente era para un falso positivo con el Ejército, para hacerlos pasar como muertos en combate”.

    La sentencia proferida nueve años después concluye, entre otras cosas, que “a partir de esta declaración puede decirse que el homicidio de los señores Jhair Andrés Palacio Ramírez, Luis Fabián Castaño Zuleta, Juan Manuel Castaño Zuleta y Leonardo Fabio Quitian, fue premeditado y no ocurrió en un enfrentamiento como lo quisieron hacer ver los uniformados que participaron en estos hechos”. Sumado a este testimonio, el Ejército no pudo demostrar la pertenencia de los cuatro hombres a las Águilas Negras, ni el supuesto ataque del que afirmaron ser víctimas los integrantes del batallón y por el cual se originó el combate.

    Las investigaciones emprendidas por los familiares también confirmaron sus sospechas, según habitantes del municipio de Segovia, los hombres fueron sacados del hotel en el que se hospedaban, fueron vestidos de guerrilleros y los subieron a un camión; posteriormente se escucharon unas ráfagas la noche del sábado.

    Así, todas las explicaciones dadas por los militares implicados perdieron credibilidad cuando indicaron que estas acciones tenían como objetivo “efectuar un registro ofensivo, sostenido a campo traviesa sobre el sector de la vereda Campo Alegre,  con el  fin de confirmar  diferentes informaciones recibidas sobre la presencia de un grupo de bandidos al parecer de bandas criminales al servicio del narcotráfico”.

    El Tribunal Administrativo de Antioquia decidió declarar responsable al Ejército Nacional por la muerte de estos cuatro hombres y condenó al Estado por esta ejecución extrajudicial; sin embargo, dicha sentencia se quedó corta al no obligar a los culpables de estos hechos  a cumplir con la verdad, reparación y garantías de la no repetición, que constituirían un gran alivio para los familiares de estos hombres que nunca retornaron a sus hogares.

  • celebracion-de-funerales-en-latinoamerica

    Si la justicia es a medias, no es justicia

    Hace once años, el país fue testigo de uno de los episodios más crueles de la violencia entre el Ejército, las Autodefensas y la guerrilla. La Masacre de Mulatos constituye, no sólo una tajante violación a los derechos humanos, sino un atropello en contra de unos menores de edad que no fueron responsables de vivir una guerra ajena.

    El 21 de febrero de 2005, sigue en la memoria de los habitantes de la comunidad de Paz de San José de Apartadó, como el día de la infamia: Los integrantes de dos familias de esta comunidad fueron brutalmente asesinados por miembros del Bloque Héroes de Tolová. Al doloroso suceso de esta injusta muerte, se le suma el hecho de que 3 de los 8 muertos eran menores de edad.

    Los cadáveres de Luis Eduardo Guerra y su esposa Beyanira Aleiza fueron dejados al costado de un río en la vereda Mulatos; junto a ellos, se encontraba el cuerpo de Deyner Andrés, hijo de la pareja, quien fue crudamente decapitado a sus 11 años de edad. El derramamiento de sangre no terminó ahí, pues en la vereda La Resbalosa, Alfonso Tuberquia y su familia corrieron con la misma suerte de los Guerra Aleiza. Sandra Muñoz y sus hijos Santiago de 2 años y Natalia de 5 años, fueron asesinados y sus cadáveres fueron puestos en una fosa común luego de haberles mutilado sus extremidades. Junto a ellos, también se encontró a Alejandro Pérez, jornalero de la finca que corrió la misma mala suerte de los Tuberquia Muñoz.

    ¿Cómo se explica tanta infamia… tanta frialdad?

    Los años no le bastarán a la comunidad de San José de Apartadó para asimilar la pérdida de dos de sus familias y las condiciones en las que se dieron estos desafortunados eventos. Sin embargo, el hecho de que estas muertes ocurrieran a pocos kilómetros de una base del Ejército Nacional despertó las sospechas de los habitantes, quienes debieron sobreponerse a la pérdida para dar con los responsables de la Masacre de Mulatos.

    La reciente desmovilización del bloque Bananero de las Autodefensas anunciaba una guerra por el territorio y los rumores de que la guerrilla pretendía apoderarse de las tierras había oscurecido el ambiente en San José de Apartadó. Varios líderes de la comunidad apuntan a que hubo complicidad del Ejército en este hecho, ya que de otra manera, no puede explicarse cómo ocurrió una masacre de esta magnitud, a tan corta distancia de un cuartel en el que se encuentran los hombres que, supuestamente, protegen la vida y la integridad de los habitantes del país.

    Desde que ocurrieron los hechos, tanto la comunidad de Paz, como sus mentores más reconocidos, han acusado a los miembros de la Brigada XVII del Ejército de haber participado en la masacre.

     

    Un llamado a la justicia

    Javier Villegas Posada y su firma de abogados, quien representó a las víctimas dentro del proceso de Reparación Directa, logró obtener el reconocimiento de la Responsabilidad Estatal frente al lamentable hecho, mediante sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia y posterior conciliación ante el Honorable Consejo de Estado.

    Si bien, el reconocimiento obtenido es de vital importancia en aras de lograr una Reparación Integral de las víctimas, la firma, sigue en la lucha por defender los derechos vulnerados que aún no han sido reconocidos, recurriendo a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se instaurará la denuncia respectiva.

    Para esta firma de abogados es importante resaltar los avances que se han dado en materia de  justicia en los últimos días: Toda vez que La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, con base en las declaraciones de varios desmovilizados de la estructura ilegal paramilitar,  se ordenó a la Fiscalía investigar a todos aquellos que presuntamente participaron en los hechos que rodearon la masacre, pues con las declaraciones, se vinculan a miembros de la fuerza pública.

    Este, es un paso más en pro de la justicia y la verdad que tanto claman las víctimas.

     

  • shutterstock_359347433

    Aquí las víctimas fuimos todos

    La masacre ocurrida en el barrio La Chinita de Apartadó –  Antioquia, volvió a aparecer en las planas de los periódicos esta semana cuando, en un acto público, las FARC pidieron perdón al país y a las víctimas por este desalmado hecho que dejó 35 muertos hace 22 años. Sin embargo, para que el acto de perdón esté completo y se honre a quienes perdieron la vida, es necesario que el Estado también se sume a esta iniciativa.

    El 23 de enero de 1994, se manchó de sangre, una vez más, la historia de la zona bananera de Antioquia, que por años, ha sufrido el abandono del Estado y la disciplina impuesta por diferentes grupos armados que se han apoderado ilegalmente de la zona.

    “No maten a las mujeres”

    Las disputas por el territorio, la presencia histórica de varios grupos armados al margen de la ley, la mutación del desmovilizado Ejército Popular de Liberación (EPL) al movimiento político Esperanza, Paz y Libertad – conservando sus siglas- y la presencia de sus disidentes en el territorio urabeño, había enrarecido el ambiente durante las fiestas decembrinas.

    Los habitantes del terreno de invasión, conocido como La Chinita, optaron por cancelar las fiestas de fin de año, en respuesta al miedo que les producían las amenazas ante un posible atentado en contra de la población y como consecuencia a la falta de medidas tomadas por parte de las instituciones estatales delegadas para este propósito.

    Después de un mes de prudente resguardo, las familias de La Chinita organizaron una verbena con el fin de recolectar fondos para los implementos de la temporada escolar que se avecinaba; las fiestas transcurrían con normalidad hasta que, a la 1 de la madrugada del domingo 23 de enero, un grupo de hombres y mujeres armados cambiaron el ruido del equipo de sonido por el de las balas. Dos de los asistentes de la fiesta alcanzaron a huir en una motocicleta para dar aviso a las autoridades, pero antes de partir, alcanzaron a escuchar que uno de los integrantes del grupo armado dijo: “no maten a las mujeres”.

    Después de 10 minutos de disparos, el saldo fue desgarrador: 35 personas muertas, entre ellas una mujer y tres menores de edad.   

    Los responsables

    Hasta la zona se desplazaron diferentes ONG para establecer la responsabilidad en esta masacre que constituye, hasta hoy, uno de los episodios más dolorosos de la lucha armada en nuestro país. Las investigaciones lograron demostrar que fue un grupo de guerrilleros, del quinto frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes asesinaron a 35 indefensos habitantes del barrio La Chinita, el 23 de enero de 1994.  Por este hecho condenado públicamente, los integrantes de las FARC realizaron hoy, viernes 30 de septiembre, un acto público en el que pidieron perdón a las viudas, hermanas e hijos de las personas asesinadas hace 22 años. Este acto está enmarcado en el proceso de paz que se dio luego de la firma de los acuerdos.

    Pero a este proceso le hace falta un eslabón. Un proceso legal liderado por Javier Villegas Posada y su firma de abogados, logró comprobar la responsabilidad del Estado en el episodio conocido como La masacre de La Chinita. La sentencia expedida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, proferida en 2004, asegura que: “siendo Apartadó una de las zonas más militarizadas del país, los uniformados oficiales, primero no detectaron el gran grupo armado que incursionó en el bloque 3 de La Chinita, para lo cual debieron transitar grandes distancias en terrenos controlados militarmente y después, solo a las cuatro de la mañana del 23 (más de dos horas después de cometida la matanza)llegaron los primeros al lugar de los hechos, lo que facilitó el escape de los asesinos, al no ser perseguidos ni enfrentados”.

    En el proceso, también quedó establecido la negligencia por parte del Alcalde del Municipio, quien aún conociendo el peligro inminente en el que se encontraba la comunidad del barrio obrero “La Chinita”, se limitó a enviar la solicitud de protección al Comandante de la Brigada XVIII, quien a su vez, no hizo nada por evitar que se produjera tal masacre.

    Al respecto, el Honorable Consejo de Estado ha señalado que: “en el presente caso aparece claro que para la producción del daño fue determinante la omisión de la administración en brindar la protección que reiteradamente habían solicitado los demandantes para sus vidas y bienes”.

    En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cursa, actualmente una denuncia liderada por el doctor Villegas Posada en la que se expone de manera contundente las violaciones a los derechos humanos cometidas la madrugada del 23 de enero. El documento es claro cuando afirma que: ” La Policía Nacional debe cumplir con una función protectora de medio, por lo que se considera que la Administración falló al no brindarles a las víctimas los medios de protección suficientes y oportunos para prevenir y evitar la masacre que se presentó en ese barrio “La Chinita” el 23 de enero de 1994, como sí se hizo después de la ocurrencia de este hecho.”

    En esta oportunidad el Estado, quien se supone que debe brindar las garantías a la protección de los derechos humanos, falló tajantemente al abandonar a los habitantes de La Chinita, quienes constituyen hoy, uno de los ejemplos de recuperación más dolorosas de esta guerra. Las disculpas públicas por parte de la Nación también son un anhelo de las víctimas.

Page 3 of 512345