• CONDENADOS LA POLICIA NACIONAL Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR (UNP) POR LA MUERTE DEL PERSONERO MUNICIPAL DE AGUADAS (CALDAS).

    El abogado y personero del municipio de Aguadas (Caldas), Azael Ricardo Arias Loaiza , fue asesinado a las puertas de su casa por pistoleros, el 13 de enero de 2011 en las horas de la noche cuando regresaba de su trabajo, en total desprotección a pesar de las amenazas que pesaban en su contra y las reiteradas solicitudes de protección a la Policía Nacional y Ministerio del Interior – Unidad Nacional de Protección (UNP).

    Arias Loaiza en su afán de proteger y hacer respetar los derechos de los menores, promovió políticas efectivas para controlar la venta de alucinógenos y licor en su municipio lo que genero las amenazas que lo llevaron a solicitar protección para su vida.

    La Policía Nacional y el Ministerio de Interior, evaluaron el nivel de riesgo que tenia Azael Ricardo  y determinaron que su nivel era de naturaleza ordinario razón por la cual  no ameritaba escolta permanente ni medidas de seguridad adicionales a un simple monitoreo policial,  rondas de seguridad en su entorno laboral y residencial, e ilustrarlo con medidas de autoprotección. Medidas que a todas luces fueron insuficientes como quedo demostrado  con su desafortunada muerte.

    La compañera de Azael Ricardo, quien tenia un hijo de 5 años, con éste, y otro que no alcanzo a conocer a su padre, pues tenia 5 meses de embarazo al momento de su fallecimiento, apodero a Javier Villegas Posada y su firma para instaurar demanda contra las instituciones que fallaron en la defensa y protección de la vida de su esposo.

    El 1 de marzo del 2016, el Juzgado Segundo Administrativo del circuito de Manizales condeno a la Policía Nacional y Ministerio del Interior (UNP) a indemnizar a los demandantes, y el Tribunal Administrativo de Caldas confirmo en segunda y ultima instancia esta decisión en sentencia notificada el mes de junio anterior, razonando para ello de la siguiente manera:

    “ De acuerdo a lo expuesto, y una vez analizadas las pruebas que obran dentro del proceso ,…, se tiene que el señor Azael Ricardo Arias fue calificado en un riesgo ordinario, cuando realmente debía haberse calificado en un riesgo extraordinario o superior a este…”

    “No obstante las repetidas cartas, oficios y comunicados enviados por el señor Azael Ricardo Arias Loaiza a las entidades demandadas, estas no le brindaron mayor acompañamiento, ni le ofrecieron un adecuado servicio de protección o escolta permanente, … , situación que se evidencia cuando al momento de ser objeto del atentado que termino con su vida se encontraba solo y desprovisto de protección estatal alguna.

    Así pues, el error en la calificación del riesgo del señor Azael Ricardo Arias, a quien debió habérsele otorgado uno de naturaleza superior al ordinario, lo cual implicaba un esquema de protección adecuado al riesgo real en que se encontraba , …….. , conllevaron a la materialización de una falla en el servicio, tal como lo considero la Juez de Primera Instancia motivo por el cual se confirmara en tal sentido la sentencia proferida. “

    El error en la calificación del riesgo por parte de las entidades encargadas Policía Nacional y  ministerio del interior (UNP), a generado en múltiples oportunidades desenlaces fatales, habiendo quedado muchos de ellos en la mas completa impunidad y olvido.

  • Consejo de Estado condena a la Policía Nacional por muerte de Marleny Gil Lopez.

    La señora Marleny de las misericordias Gil López murió el 12 de diciembre del 2006 al ser atropellada por un vehículo automotor conducido por el teniente de la policía nacional Edwin Abel Álvarez Cristancho, en estado de embriaguez, en la ciudad de Santa Marta, y quien huyó del lugar de los hechos sin prestar auxilio a la víctima.

    El Teniente Álvarez Cristancho, prestaba servicio en la ciudad de Santa Marta asignado al área de vida, y había asistido un día antes de los hechos a su ceremonia de ascenso del grado de subteniente a teniente, razón por la cual le fue concedido un permiso desde las 12:00 horas del 11/12/2006 hasta las 7:00 horas del 13/12/2006.

    El 12 de diciembre el ya teniente Álvarez, solicito que el vehículo de placas LKT-781 marca Ford Explorer, que se encontraba retenido para investigación por la policía, le fuera prestado para remolcar otro automotor. Vehículo con el que posteriormente y en estado de embriaguez arrollara a la señora Gil López.

    Los familiares de la víctima fatal apoderaron a Javier Villegas Posada y su firma para instaurar demanda de responsabilidad contra la Policía Nacional.

    El tribunal administrativo del Magdalena en fallo del 25 de agosto de 2010 desestimo las suplicas de la demanda absolviendo a la entidad demandada (Policía Nacional) aduciendo, que el oficial de la policía que ocasiono el accidente de tránsito, no se encontraba en servicio y que por lo tanto el uniformado había actuado dentro de su ámbito personal.

    Villegas Posada impugno esta decisión, correspondiéndole resolver en segunda y última instancia al concejo de estado-sección tercera- que en fallo notificado en este mes de junio en curso, después de 11 años de presentarse la demanda y con ponencia de la Honorable Consejera Marta Nubia Velásquez Rico, revoco la sentencia del tribunal del Magdalena y condeno a la policía nacional concluyendo para ello lo siguiente:

    Pues bien, con los elementos de juicios obrantes en el expediente se tiene plenamente acreditado que el vehículo con el cual se ocasiono el accidente de tránsito, en el que lastimosamente perdió la vida la señora marleny de las misericordias gil López, había sido inmovilizado por la policía nacional, por cuanto se tenían indicios de que había sido matriculado de forma irregular ante la autoridad de transito correspondiente.

    Igualmente, se tenía acreditado que para la fecha en que ocurrió el siniestro, ese vehículo se encontraba bajo el cuidado de la policía nacional, toda vez que, si bien fue puesto a disposición de la fiscalía encargada de la instrucción, lo cierto es que materialmente el vehículo se encontraba bajo la guarda de la primera entidad, pues se encontraba en el parqueadero que esa institución del orden había destinado para ubicar los automotores recuperados e inmovilizados por ella.

    Así mismo, se tiene plenamente probado que la policía nacional accedió a que uno de sus agentes utilizara el rodante para remolcar otro vehículo, es decir, para un fin diferente para el cual había sido inmovilizado.

    En ese orden de ideas, en el caso sub examine se demostró que la policía nacional incurrió en una falla en el servicio, la cual ocasiono los daños por los cuales se demandó, pues incumplió flagrantemente las obligaciones impuestas a ella, dado que no puso materialmente a disposición de la fiscalía el vehículo inmovilizado y permitió que uno de sus agentes lo utilizara para unos fines totalmente diferentes para los cuales se había destinado.

    Ahora bien, la sala no puede pasar por alto el hecho de que el agente que conducía el rodante involucrado en la muerte de la víctima del daño se encontraba de permiso para el momento del accidente, lo cual en principio constituiría una culpa personal del agente.

    Sin embargo, la subsección estima que, para este caso en particular, el agente de la Policía Nacional Edwin Abel Álvarez Cristancho al momento de solicitar prestado el vehículo con el cual se ocasiono la muerte de la víctima del daño actuó prevalido de su condición de agente de la policía nacional y, por consiguiente, en nexo con el servicio público, razón por la cual ese hecho le resulta atribuible a la institución pública demandada.”

  • La injusticia es más dañina que el crimen mismo.

    Fabián de Jesús Pulgarín Caro, fue privado de su libertad por orden de la Fiscalía 68 Seccional de Medellín, el 6 de Julio del 2002, por ser presuntamente autor del delito de rebelión basado en un informe de inteligencia y testimonios que lo señalaban de ser un guerrillero de las Farc, apodado “Víctor” o “la Momia”.

    La privación injusta de Pulgarín Caro se prolongó hasta el 12 de agosto del 2003, cuando fue absuelto y dejado en libertad por el Juzgado 23 Penal del Circuito Judicial de Medellín, aduciendo para ello que … “A ninguno de los incriminados se les encontró en posesión de elementos de intendencia o de cualquiera otros que hiciere inferir de manera pacífica y sin dubitación alguna, la calidad de subversivos.”

    “No es cierto… que, a Fabián de Jesús Pulgarín Caro, se le haya mencionado con los remoquetes de “Víctor” o” la Momia”, como erróneamente lo afirma la señora fiscal.”

    Una vez recuperada su libertad, Pulgarín apodero para demandar a la Fiscalía General de la Nación a Javier Villegas y su Firma, y transcurridos casi 14 años, El Consejo de Estado en sentencia proferida este mes de mayo, condeno a La Fiscalía a indemnizarlo a él y sus familiares por la privación injusta de la libertad de que fue víctima.

    Son innumerables los casos de los falsos positivos judiciales, de que han sido víctimas los ciudadanos colombianos, logrando en algunos  demostrar su inocencia y por ende condenas de responsabilidad como esta, pero infortunadamente son muchos los inocentes que han purgado penas de privación injusta de la libertad, que destruyen su vida y la de su familia, sin oportunidad alguna de ser medianamente reivindicados

    Un sistema judicial, ineficiente, parcializado, lento y permeado por múltiples motivaciones distintas a la búsqueda de la verdad y la justicia, es una afrenta insoportable para una sociedad decente y democrática.

     

     

  • Condenado el Ejercito por la Muerte de Luis Antonio Villegas, el 27 de enero del 2008, en el Municipio del Carmen, Norte de Santander.

    El 27 de Enero del 2008, el campesino a agricultor Luis Antonio Villegas salió en bicicleta de su casa, ubicada en la finca Rocaflor del municipio del Carmen Norte de Santander, alrededor de las 5 o 6 de la tarde, a comprar huevos para el alimento familiar y justo en esos momentos transitaban por el lugar miembros del Ejército Nacional pertenecientes a la Unidad  Móvil N° 15.

    Los familiares de Luis Antonio que se encontraban en la finca, escucharon una balacera aproximadamente 15 minutos después de que este saliera, y preocupados por su suerte se dirigieron a pedir información a las autoridades municipales y policiales, quienes les informaron que el ejército se encontraba en una operación militar. A pesar de ello siguieron indagando sin respuesta satisfactoria sobre su suerte.

     Al día siguiente fueron informados de que Luis Antonio había sido dado de baja en un combate con el Ejército. 

    “… fue reportado como presunto miembro de la guerrilla, con la consigna de que fallece a causa de un combate terrorista el 27 de enero de 2008, con miembros de la Brigada Móvil N° 15 del Batallón de Contraguerrillas 98.” MY. Carlos Alberto Lara Rozo, en el Corregimiento Gramalito, Municipio del Carmen, Norte de Santander.”

    Los familiares de Villegas Angarita, denunciaron ante las autoridades respectivas para que se investigara, convencidos de que se trataba de una ejecución extrajudicial, resultando inútiles sus esfuerzos por hacerse justicia ya que le dieron absoluta credibilidad a la versión del Ejército, quedando en la impunidad penal y disciplinaria su conducta.

    A pesar de ello insistieron otorgando poder a Javier Villegas Posada y su firma para demandar al Ejército.

    Se demostró en el proceso instaurado por Villegas Posada, que Luis Antonio no pertenecía a ningún grupo al margen de la ley, que se dedicaba a las labores del campo, y que era reconocido ampliamente como una persona honrada y buen miembro de familia.

     Para el agente del Ministerio Público que intervino en este proceso; “…no es de credibilidad la versión del Ejercito Nacional de haber dado de baja al señor Luis Antonio Villegas Angarita, en combate en desarrollo de la operación emperador, sino que por el contrario fue una muerte selectiva conocida como ejecución extrajudicial, por lo cual solicita que se acceda a las pretensiones de la demanda.”

    En sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, notificada a comienzos de este mes de mayo, se condena y se encuentra responsable de la muerte de Luis Antonio Villegas al Ejercito Nacional, concluyendo para ello lo siguiente:

    ” Por lo anterior, la Sala analizará la responsabilidad bajo el título de imputación de falla del servicio, en razón de que la muerte del señor Luis Antonio Villegas Angarita fue producida por una acción de los miembros del Ejército Nacional, sin que existiera una razón que se encuentre debidamente probada para ello, con grave violación de los derechos humanos y de los deberes de protección a la ciudadanía que les asiste en virtud de las funciones asignadas y la autoridad conferida.”

    Así las cosas, para esta Sala son contundentes los indicios ya explicados, los cuales conducen de modo inequívoco a declarar configurada la falla del servicio por parte de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional, como consecuencia de la actuación irregular por parte los Miembros de la Brigada Móvil N° 15 del Batallón Contraguerrillas 98 “MY Carlos Alberto Lara  Rozo”, en los hechos ocurridos el 28 de enero de 2008, en los cuales falleció el señor Luis Antonio  Villegas Angarita.”

    ” Por lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que en el sub júdice se encuentra probada la conducta dolosa de los miembros del Ejército Nacional, pues las pruebas obrantes en el proceso evidencian que los militares adscritos a la Brigada Móvil N° 15, asesinaron a Luis Antonio e hicieron pasar su deceso como producto de un combate con terroristas.”

     

  • A Leiner Alejandro Abuchar se le resto oportunidad, no se le brindo un chance de vida, toda vez que no se le atendió con la prontitud y los recursos debidos.

    El 31 de mayo del año 2009, el menor Leiner Alejandro Abuchar (1 año 11 meses de edad) resulto seriamente lesionado al ser atropellado a las 9.30 am, por un vehículo automotor en la cabecera municipal de Chigorodo (Antioquia) . Siendo trasladado al hospital de dicha localidad donde llego consciente y después de 2 horas de valoración es remitido al hospital Antonio Roldan Betancur de Apartado, en donde se atendió e intervino quirúrgicamente en forma tardía.

    El 2 de junio, ante los ruegos de la madre y la evolución negativa de Leiner Alejandro se ordenó su traslado vía terrestre, a pesar de la gravedad, al hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, donde los médicos recibieron un paciente con shock séptico, peritonitis e inconsciente. Fue reintervenido en condición critica producto de la tardía remisión y el traslado vía terrestre de Urabá a Medellín ( 8 horas ).

    El 3 de junio se declara la muerte cerebral del menor y posteriormente, el mismo día fallece.

    Los familiares de Leiner apoderaron a Javier Villegas Posada Abogados con el fin de demandar al hospital Antonio Roldan Betancur, ya que consideraron que en esté se cometieron un sin numero de fallas en el manejo de la salud de Leiner Alejandro, que fueron determinantes para producir la muerte de este.

    En sentencia de marzo de este año el tribunal administrativo  de Antioquia encontró responsable al hospital en mención por la muerte del menor y lo condena a indemnizar a sus familiares concluyendo para ello lo siguiente:

    “No encuentra pues la sala ninguna justificación dentro de la historia clínica, como tampoco al interior del expediente, que explique la razón por que después de diez horas de estadía en el centro médico,  y con un deterioro paulatino no se tomaron medidas, máxime tratándose de un menor de tan poca edad, como tampoco hay explicación para que una vez intervenido y no encontrado mejoría, estando ordenada la remisión y existiendo la aceptación por una entidad de salud de un mayor nivel en Medellín, se deje al paciente toda una noche, anotándose simplemente que  va desmejorando, sin que se haga nada para la remisión ya tramitada”.

    “Todo lo anterior da cuenta de una prestación del servicio tardía y falta de diligencia, encontrando, de acuerdo a lo señalado por el perito, que se le resto oportunidad de vida al menor, sin desconocer que los traumas fueron importantes, no obstantes ello la forma de proceder de la entidad no fue coherente con los hallazgos y el deterioro que fue presentando el menor”.

    “Es entonces el hecho de no ofrecer todas las posibilidades al paciente de manera oportuna, de donde deviene la antijuricidad del daño, pues los usuarios del servicio de salud y los demandantes no tienen la obligación de soportar las omisiones de las entidades de salud, pues afirmar lo contrario seria trasladarle una carga y peor aun, aceptar y justificar la vulneración sistemática del derecho a la salud”.

    “Lo anterior impone concluir que al paciente se le resto oportunidad, no se le brindo un chance de vida, toda vez que no se le atendió con la prontitud y los recursos debidos…”

    Es lamentable la perdida sistemática y permanente de vidas en nuestro deficiente sistema de salud y mas aun cuando se trata de menores que son la población más vulnerable. Tendremos que padecer este mal crónico y letal con una alta dosis de ineptitud y corrupción por muchos años más, sin que los gobernantes de turno, se ocupen eficientemente de resolver los gravísimos problemas de la salud de los colombianos…

  • Ejército Nacional responsable de la muerte de un menor de edad por ahogamiento en la piscina del Batallón de Ingenieros #2.

    El menor Jaime Andrés Martínez (8), falleció en hechos ocurridos el 16 de noviembre del 2009, cuando se encontraba en la piscina del Batallón de Ingenieros #2 “General Francisco Vergara Velasco” en el municipio de Malambo, Atlántico.

    En la fecha, la familia de Jaime Andrés Martínez fue invitada a una tarde campestre al batallón en mención, en donde existía una piscina, que se encontraba habilitada sin malla o barreras protectoras, detector de inmersión, como tampoco contaba con personal de rescate o salvavidas, para poder proteger a las personas que podían hacer uso de ella, o circularan por sus alrededores.

    En un momento del juego que realizaba el menor con otros niños en los alrededores de la piscina, Jaime Andrés cayó al agua y fue rescatado por un compañero de juego, ya tarde, pues Jaime no alcanzo a llegar con vida al hospital más cercano.

    No se le prestó atención adecuada, en el lugar de los hechos, ante la carencia del personal idóneo para ello, lo que facilito el fatal desenlace.

    Los familiares del menor solicitaron al Ejercito Nacional indemnización por los perjuicios que les causo el fallecimiento de Jaime Andrés en tales circunstancias, y apoderaron a Javier Villegas Posada y su firma con tal fin.

    El Tribunal Administrativo de Atlántico en fallo de segunda y última instancia en el mes de marzo de este año, encontró responsable al Ejercito Nacional por la muerte del menor y ordeno indemnizar a sus familiares más cercanos con fundamento en las siguientes conclusiones:

    “En suma, tanto a la familia, el Estado y a la sociedad en general, les corresponde adoptar medidas que garanticen en todo momento la vida y demás derechos que por su condición de debilidad, le son inherentes a los niños, consecuencia de su inmadurez física y mental, que por su corta edad, les impide analizar con suficiente prudencia las diferentes situaciones en que se pueden ver inmersos y de las cuales podrían derivarse peligro que atenten contra su existencia.”

    “Precisa la Sala, que una de las maneras como la familia, el Estado y la sociedad en general materializan su deber de cuidado referente a los niños, es mediante la identificación y anticipación de los riesgos que puedan generarles algún daño, con la finalidad de evitar que los menores sean víctimas de los peligros que los rodean.”

    “En ese sentido y descendiendo al caso concreto, la muerte del menor Jaime Andres Martínez, obedeció a la omisión del deber de cuidado y protección que el Estado -en este caso Nación -Ministerio de Defensa- Ejercito Nacional- tenia respecto del mencionado niño, comoquiera que la entidad demandada no previó un riesgo que estaba en la condición de anticipar, en tanto que permitió su estancia e ingreso a la piscina de adultos sin la compañía de un adulto responsable, y peor aún, no disponía del personal idóneo para que en caso de una situación de emergencia pudiera prestarle la atención medica requerida para preservar su vida. Todo lo anterior encuentra soporte probatorio, en la prueba testimonial que milita en el plenario, en la que en el lugar de los hechos había un flujo considerable de personas, entre adultos y niños, sin la presencia del requerido salvavidas y que la función de piscinero era ejercida por el soldado profesional, Francisco Manuel Martínez Román, quien manifestó no poseer los conocimientos ni certificación exigida por la ley 1209 de 2008, pues el solo se ocupaba del mantenimiento de las instalaciones, así como de su aseo y aplicar los químicos al agua.”

    Lamentable que sucedan innumerables eventos en que se pierdan la vida de menores de edad, en las piscinas públicas y privadas, sin que se adopten políticas rigurosas y efectivas para prevenir la enorme tragedia que implica la muerte de un menor de edad en tales circunstancias.

  • Condenan al Estado por grave violación de derechos humanos

    El 28 de diciembre del 2005, en la vereda “Vega seca” jurisdicción del municipio de San Francisco, departamento de Antioquia, fueron ultimados a balazos por miembros del Ejército nacional el joven (18) campesino Jhon Fredy Arias Mejía, y otro joven que lo acompañaba en labores agrícolas.

    La versión oficial del Ejército nacional fue que habían sido dados de baja en un combate con un grupo de por lo menos 30 miembros de las autodefensas, de las cuales estos hacían parte

    Los familiares de Arias Mejía, nunca aceptaron la versión del Ejército y convencidos como estaban, de que Jhon Fredy era un campesino honrado, buen miembro de la familia y dedicado a labores agrícolas apoderaron a Javier Villegas Posada y su firma para instaurar una demanda contra el Ejército y esclarecer la verdad de lo ocurrido.

    En el trascurso del proceso que tuvo una duración de 10 años se demostró que:  Jhon Fredy y su acompañante fueron ajusticiados por la espalda a quemarropa y que no existió ningún combate entre el Ejército y las Autodefensas y además que para hacerlos pasar como dados de baja en combate los vistieron con prendas de las Autodefensas y colocaron junto a sus cuerpos armas y municiones.

    El tribunal administrativo de Antioquia en su sentencia de primera instancia absolvió al Ejercito aduciendo que Arias perteneció a las Autodefensas y fue dado de baja en un combate con el Ejercito, de acuerdo a lo alegado por el Ejército nacional.

    La decisión fue impugnada por Villegas Posada y el Concejo de Estado en decisión notificada la semana anterior desestimó por completo la decisión del tribunal y condeno al Ejército concluyendo para ello lo siguiente:

    “Para la sala, el homicidio injustificado del joven Jhon Fredy Arias Mejía configura una vulneración grave y flagrante de derechos humanos, pues se trataba de un humilde campesino de escasos 18 años que se encontraba desarmado y que fue vilmente asesinado con un disparo en la espalda.”

    “La muerte infame del citado joven se enmarca dentro del fenómeno conocido como “falso positivo” y que, desde el punto de vista jurídico corresponde a lo que técnicamente se denomina o conoce como “ejecución extrajudicial u homicidio en persona protegida,” constitutiva de una muy grave violación de derechos humanos….”

    “Comportamientos como los asumidos por los uniformados que participaron en la muerte del joven Arias Mejía no se acompasa de ninguna manera con la finalidad del Ejército Nacional, pues este fue instituido para proteger la vida, bienes y honra de los habitantes del territorio nacional y para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, a fin de generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo que garanticen el orden constitucional de la nación.”

    “Desafortunadamente casos como este se volvieron reiterados en nuestro territorio, al punto que son numerosas las condenas penales contra los miembros de la fuerza pública involucrados en ellos, así como también son numerosas las condenas patrimoniales contra el Estado Colombiano… circunstancia que pone de presente una falla sistemática y estructural en la comisión de violaciones graves a derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario por parte de la fuerza pública del Estado Colombiano… falencias estas que sin duda debilitan la institución y dificultan su adecuado accionar en pos de cumplir con el cometido que le es propio, con lo cual, de paso, esta pierde legitimidad y se compromete la estabilidad misma del estado y de la sociedad.”

    Javier Villegas Posada y su firma, durante 36 años de existencia ha adelantado centenares de procesos por ejecuciones extrajudiciales de la fuerza pública (Ejercito, Policía, extinguido DAS) sin dejar de advertir que siendo un fenómeno que siempre ha existido al interior de estas instituciones, en el periodo del año 2002 al 2010 se produjo un notable incremento.

    Seguiremos en la denuncia permanente de la injusticia por el abuso de la autoridad.

  • Crímenes de Lesa Humanidad los Falsos Positivos de Soacha.

    Después de ocho años la impunidad en los falsos positivos de Soacha se va desvaneciendo con condenas contra el estado y militares implicados.

    Este lunes, 3 de abril, el juez primero especializado de Cundinamarca condeno a penas de, entre 37 y 52 años de prisión a 21 militares, entre ellos a un coronel y un mayor, por el asesinato a sangre fría de cinco jóvenes humildes de Soacha (Cund.) que enterraron como N.N s abatidos en combate en el departamento del Norte de Santander declarándolos como crímenes de lesa humanidad.

    Entre los cinco jóvenes asesinados se encontraban Víctor Fernando Gómez y Jader Andrés Palacio, cuyos familiares han sido representados en este proceso por Javier Villegas Posada y su firma.

    En la investigación que se llevó a cabo para concluir que se tratan de crímenes de lesa humanidad y condenar a los militares se logró establecer que: Víctor Fernando Gómez, Jader Andrés Palacio y Diego Alberto Tamayo, entre otros, fueron conducidos a Ocaña (Sant.) por dos “reclutadores” con falsos ofrecimientos de trabajo y promesa de una buena remuneración . Cuando llegaron fueron retenidos en el cuarto de Alexander Carretero (uno de los reclutadores), les dieron bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas. En la noche fueron recogidos por dos miembros del ejército que los entregaron a otros de la brigada móvil 15. Estos los asesinaron y manipularon el lugar para simular contacto armado legítimo, reportar las muertes como resultados operacionales exitosos y obtener recompensas por ello. El ejército y los militares han sostenido a través de este proceso su inocencia., bajo la afirmación que verdaderamente se trataban de guerrilleros activos dados de baja en combate.

    El sargento John Jairo Muñoz Rodríguez, que se convirtió en testigo, confeso que después de varios regaños por los pocos “resultados en el nivel estratégico” (muertos en combate y otros) decidió pedirle ayuda al sargento Sandro Pérez Gonzales, que era de inteligencia del batallón Santander.  La respuesta  fue escalofriante: “curso, si quiere le traigo gente, se la entrega a la tropa y se presentan como muerto en combate”. Muñoz dice que el coronel Gabriel Rincón Amado, jefe de operaciones de la Móvil 15, le dio el visto bueno a la oferta… “Pérez dijo que por persona había que pagar un millón de pesos más el pasaje –se lee en la confesión-. (..) rincón me dijo. “bueno, consígame dos personas”.

    También en sentencia del Tribunal Administrativo del Norte de Santander, originada en demanda instaurada por Villegas Posada y su firma, se condena a la Nación -Ejercito Nacional- por la muerte de Jader Andrés Palacio Bustamante y ordena indemnizar a los familiares de este, concluyendo para sustentar la decisión que:

    “Quedo demostrado que el señor Jader Andrés Palacio Bustamante, junto con otros jóvenes residía en Soacha, (Cund.), fueron transportados en un bus de Coopetran y dos días después aparecieron muertos en un supuesto combate contra miembros del Ejército Nacional, combate que fue inexistente y de lo que se trató en realidad fue de homicidios predeterminados, en una actuación de miembros del ejército para aparentar enfrentamientos con la guerrilla.” 

    “La sala encuentra debidamente acreditado, con las pruebas aportadas al expediente, que permitieron el análisis sobre las circunstancias de la muerte de Jader Andrés Palacio Bustamante, que tal ocurrió como consecuencias de una “ejecución extralegal, arbitraria y sumaria”

     Javier Villegas y su firma, durante sus 36 años de existencia ha adelantado centenares de procesos por ejecuciones extrajudiciales de la fuerza pública (Ejercito, Policía, extinguido DAS) sin dejar de advertir que siendo un fenómeno que siempre a existido al interior de estas instituciones , en el periodo del año 2002 al 2010 se produjo un notable incremento.

    Seguiremos en la denuncia permanente de la injusticia por el abuso de la autoridad.

  • Fueron condenados el Ejército y la Policía Nacional -Nación- por la muerte del soldado-Conscripto-Recluta- Olmer Antonio Montoya Uribe.

    El 28 de junio del año 2009, Olmer Antonio Montoya, viajo en compañía de su compañera sentimental, desde su pueblo natal a la ciudad de Bogotá en búsqueda de un mejor futuro. Pasados unos meses y regresando de su trabajo, fue abordado por miembros del ejército nacional y por no poseer la libreta militar fue requerido a presentarse para definir su situación militar.

    Se presentó a las instalaciones del ejército, con el fin de definir su situación el 20 de enero del 2010, siendo reclutado y trasladado a la ciudad de Tunja (Boyacá) en donde comenzó a prestar su servicio militar como soldado conscripto.  

    El 14 de marzo, con apenas 2 meses de ser incorporado, mientras prestaba servicio de patrullaje de seguridad en el municipio de Chivatá y en compañía de su comandante el ST Hugo Buchelli que conducía la moto en la que se movilizaban -en condiciones no aptas de seguridad- fueron informados de que se había presentado un incendio en el área, trasladándose por ello al lugar del hecho con la mala suerte que, mientras el ST paraba la moto con el fin de contestar una llamada telefónica, fueron impactados por una patrulla de la policía nacional conducida por el agente Julio Horacio Martínez y que se dirigía hacia el mismo lugar a excesiva velocidad ocasionando la muerte de Olmer Antonio.

    La familia del joven fallecido -23 años- padres, hermanos y compañera apoderaron a Javier Villegas Posada y su firma para instaurar un proceso de responsabilidad contra el Ejército y la Policía Nacional y en decisión tomada a fines del 2016 el juzgado 14 Administrativo oral del circuito de Tunja, condeno a la Nación- Ejercito y Policía Nacional- a indemnizar a los demandantes por su muerte, Concluyendo para ello lo siguiente:

    “Está demostrado en el expediente que “Existió una flagrante violación a las normas de tránsito por parte del agente de la Policía Nacional…”

    El dictamen pericial es concluyente con relación al mal estado del sistema de frenos, dirección, y del vehículo en general, por lo tanto, la policía nacional responde por haber incurrido en una evidente y grave falla en el servicio, ya que el vehículo conducido por el agente de policía Martínez Pedraza, se desplazaba a una velocidad no permitida y tuvo una falla en el sistema de frenos al momento de la colisión, debido al mal estado generalizado del automotor.

    Y con relación a la responsabilidad del Ejercito, la fundamenta en lo siguiente:

    Lo anterior permite endilgar la imputación del daño… bajo el régimen objetivo por riesgo excepcional, por tratarse de la muerte de un soldado en condición de conscripción… es evidente que el soldado campesino se encontraba en custodia de su superior que para ese momento era el S.T BUCHELI OVIEDO HUGO, en cumplimiento de una misión y quien en el momento en que ocurre el hecho, omite tomar todas las precauciones necesarias para el desplazamiento y en ejercicio del servicio oficial, toma una moto, sin placas, que había sido incautada momentos antes, sin considerar sus condiciones técnico mecánicas y procediendo a conducir y llevar al soldado a su cargo, sin ningún tipo de medida de seguridad, esto es, no portaban chaleco refractivo ni casco, adicionalmente, se expuso al soldado a un eminente peligro al estacionarse en la vía para contestar el teléfono…. debió en su deber tomar las precauciones necesarias como quiera que se encontraba bajo su custodia el soldado campesino y de esa manera evitar el accidente que le causó la muerte al joven MONTOYA URIBE… incumplió la institución castrense, con su obligación de devolver al joven OLMER ANTONIO MONTOYA URIBE a la vida civil en las mismas condiciones en las que ingreso a cumplir con su deber constitucional de prestar el servicio militar obligatorio, y en su lugar, tuvo participación en el resultado nocivo reflejado en su fatídica muerte.”

    Sin duda alguna, como logro probarse en el proceso por la parte demandante, fue evidente y gravísimo el actuar negligente del personal del Ejército y la Policía comprometidos en este trágico accidente que sesgó la vida de un joven campesino, reclutado para prestar un servicio militar obligatorio, siendo desafortunadamente de común ocurrencia la perdida de las vidas de los reclutas al interior del Ejército por imprudencia, impericia y negligencia en la manipulación de armas, explosivos y medios de transporte.

     

     

  • “La libertad es derecho fundamental cuya custodia, protección y defensa la ejerce el estado, y cualquier restricción injustificada, genera un daño que impone resarcimiento de parte del estado…”

    El 6 de abril del 2011, por orden de la fiscalía fue privado de la libertad el señor Felipe Fábio Sánchez Bedoya bajo el supuesto de ser autor de los delitos de homicidio agravado (asesinato), fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones. Su detención se hizo efectiva hasta el 11 de agosto del mismo 2011, cuando fue dejado en libertad al admitirse por la fiscalía y el juez que no había cometido los delitos que se le endilgaban.

    Felipe Fábio, milito en el grupo AUC Autodefensas de Colombia, operante en el sureste antioqueño, reintegrándose a la sociedad al desmovilizarse el 31 de enero del año 2005, capacitándose como vigilante e ingresando a laborar en empresas del ramo desde el 18 de diciembre del 2007 hasta el 6 de abril del 2011, fecha en que fue capturado y recluido en la CÁRCEL BELLAVISTA de Medellín.

    Felipe Fábio y sus familiares más cercanos apoderaron a Javier Villegas Abogados para ser representados en un proceso judicial que se adelantó con la finalidad de ser indemnizados por la injusta y abusiva privación de la libertad.

    El juzgado 28 administrativo de oralidad del circuito de Medellín  mediante sentencia, notificada en diciembre del 2016 condeno a la fiscalía y a la rama judicial, concluyendo: “… En este caso y de acuerdo a la prueba que se encuentra recopilada en el expediente, el demandante Felipe Fábio Sánchez  aparece privado de su libertad por una indebida individualización de las entidades demandadas, que era previsible desde el mismo momento en que ocurrió el hecho generador del daño antijurídico.” – la captura —“ y es preciso anotar que en este caso era más delicada la situación pues se trata de un desmovilizado que se estaba reinsertando a la vida civil, tenía un trabajo y fue su buen nombre que está tratando nuevamente de recuperar el que se vio afectado por la actuación de las entidades demandadas.”

    “Es claro que la naturaleza del delito es de tal intensidad que amerita la imposición de la medida de aseguramiento, pero no en cabeza del demandante, frente a quien no existía la individualización, y por el contrario se observaba una duda que debía precisamente resolverse antes de legalizar la captura e imponerse la medida, y aun estando en la diligencia de legalización e imposición debía de haber sido objeto de pronunciamiento por parte del juez, evitando la imposición de la misma o cambiándola como se le pidió en su momento.”

    “La libertad es derecho fundamental cuya custodia, protección y defensa la ejerce el estado, y cualquier restricción injustificada, genera un daño que impone resarcimiento de parte del estado…”

    Se demostró en el proceso como lo admite el juzgado fallador, que la medida de aseguramiento (privación de la libertad) no era apropiada o procedente, y tampoco fue equilibrada o justa respecto de la situación real del incriminado, que debió soportar más de 4 meses de cárcel, con las correspondientes consecuencias para su entorno individual, social, familiar y económico.

    Son innumerables los eventos en que la justicia priva de la libertad a personas que no han cometido el delito o delitos que se les atribuyen, como en este caso, con unas consecuencias nefastas e infames, que comprometen la dignidad, el buen nombre, la familia, el patrimonio, el futuro de sus hijos y cónyuge, su salud mental y física y como si fuera poco padecen la reclusión en cárceles cuyas condiciones son infrahumanas e indignantes, y en las que se vulneran todos los derechos fundamentales de un ser humano, todo ello con la anuencia de los gobernantes de turno y nuestro sistema judicial.

     

     

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