• noticia01

    Condenan a la Nación por falso positivo (ejecución extrajudicial) ocurrido en Valdivia, Antioquia

    El tribunal administrativo de Antioquia falló a favor de la familia de Eliecer de Jesús González Muñoz asesinado el 26 de enero de 2008 mientras trabajaba en una finca del municipio de Valdivia en Antioquia.
    La muerte de  Eliecer de Jesús González Muñoz le es imputable al Ejercito Nacional como una violación flagrante a los derechos humanos enmarcado dentro del escenario expuesto por el Relator Especial de la ONU en relación a las ejecuciones extrajudiciales” Las fuerzas de seguridad han perpetrado un elevado número de asesinatos premeditados de civiles y han presentado fraudulentamente a esos civiles como ‘bajas en combate’. Aunque al parecer estos llamados falsos positivos no respondían a una política de Estado, tampoco fueron aislados. Estos homicidios fueron cometidos por un gran número de unidades militares y en todo el país. Se produjeron porque las unidades militares se sintieron presionadas para demostrar que su lucha contra las guerrillas tenía resultados positivos a través de ‘número de bajas’ […] En general, hubo una falta fundamental de rendición de cuentas y problemas en todas las etapas de los procesos disciplinarios y de investigación”.
    Según los familiares de la víctima, representados por el abogado Javier Villegas Posada, el joven se trasladó a una finca ubicada en el  municipio de Valdivia con fines laborales. Hasta este lugar llegaron miembros del Ejército Nacional quienes sacaron del sitio a Eliecer y lo condujeron a una quebrada cercana en la que, como consta en el documento legal “lo ultimaron con arma de fuego, luego de lo cual se dirigieron con él a la morgue municipal”.
    Al ser indagados acerca de la procedencia del cuerpo, los militares aseguraron que se trataba de un guerrillero muerto en combate quien tenía en su poder artefactos bélicos con los que supuestamente atacó a los integrantes de la tropa. Cómo reza en los informes tenidos en cuenta en la investigación.
    Sin embargo esta tesis no convenció a la familia de Eliecer  que no tenían conocimiento de que su familiar estuviese vinculado con algún grupo armado, razón por la cual decidieron emprender acciones legales con el fin de esclarecer las circunstancias por medio de las cuales se produjo la muerte de su esposo, padre, hijo y hermano.
    De acuerdo con la sentencia proferida 8 años y nueve meses  después por el tribunal administrativo de Antioquia “…es claro que conforme a modus operandi se trató de un caso de ejecución extrajudicial que efectivamente compromete la responsabilidad de la Nación – Ejercito Nacional, por cuanto se encuentra acreditado que los militares segaron la vida de la víctima sin que mediara ninguna causal que justificara su accionar, sólo el interés de presentarlo como un caso de subversivo muerto en enfrentamiento, esto es positivos, así no lo fuera”.

  • juicio

    Fallo del Consejo de Estado revive ‘falso positivo’ de los 90 y lo eleva a crimen de lesa humanidad.

    El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar más de 570 millones de pesos por el asesinato de dos jóvenes en Medellín y por otros dos más que resultaron heridos en hechos ocurridos en 1992. En el caso están involucrados seis policías, que hace casi 20 años fueron absueltos por la justicia militar.

    El tribunal elevó el caso de delito a crimen de lesa humanidad y le ordenó a la Fiscalía a reabrir la investigación para establecer si se puede aplicar una sanción penal en contra de los uniformados.

    En el fallo, el alto tribunal le ordena a la Policía a pedir perdón públicamente, publicar la sentencia y hacer un acto en cabeza de los altos mandos de la institución.

    El caso se remonta al 15 de agosto de 1992, cuando cuatro jóvenes que se movilizaban en dos motocicletas fueron interceptados por seis policías en el barrio Los Colores, en Medellín.

    Las víctimas, John Freddy Arenas, Luis Fernando Hernández, Luis Fernando Rendón y Deyson Alberto Rodríguez, fueron golpeadas por los uniformados antes de que los amarraran con los cordones de sus propios zapatos para conducirlos al lugar de su ejecución.

    Sin embargo, en el camino una de las motos se averió, lo cual fue aprovechado por Rodríguez para golpear a uno de los policías y echarse a rodar por entre los matorrales. Sobrevivió a pesar de las múltiples lesiones. Los otros tres jóvenes fueron bajados en un paraje y baleados por los policías. De estos, Rendón, quien recibió seis impactos de bala, logró salvarse.

    Pese a los testimonios de los sobrevivientes -asesinados dos años después por sicarios- un Tribunal Militar absolvió a los policías, que deberán enfrentar un proceso penal, ahora en manos de la justicia ordinaria. “A pesar de haber sido fallado por la justicia militar e investigado por la Procuraduría, logramos demostrar que los jóvenes fueron ejecutados extrajudicialmente. La sentencia, además de hacer justicia para las víctimas, sienta un importante precedente para otros casos de este tipo”, dijo Javier Villegas, abogado de las familias de las víctimas.

  • econ0mica-otra

    La Corporación Autónoma Regional del Tolima no está entre las cuatro primeras entidades con más demandas en el país

    La entidad manifestó que la cifra de 23.9 billones de pesos, citada por la revista Semana, no es correcta, porque el valor real es de 0.04 billones de pesos. Cortolima informó que el dato se debió dar por un error de registro del Ministerio de Hacienda.

    El artículo

    El hecho se dio luego de que la revista Semana, en su edición del 30 de enero, publicara la labor que tendrá Fernando Carrillo como Director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, creada recientemente por la reforma a la justicia y que tendrá como misión defender al Estado de las incontables demandas que aparecen a diario y que están colapsando la economía del país.

    Todas las demandas que tiene el Estado suman mil 28 billones de pesos, de los cuales algunas corresponden, según el abogado que más casos ha ganado en contra del Estado, Javier Villegas Posada, a la ineficiencia de las entidades públicas, a que los colombianos conocen más sus derechos y también porque es el negocio de algunos abogados, que se aprovecharon de la ineficiencia del Estado para crear el negocio ‘lucrativo’ de las demandas.

    Además, de acuerdo con una investigación de Mariana Carrillo, referenciada también en el artículo, “este banquete fiscal ha generado cosas tan absurdas como tener que endeudarse en un par de ocasiones para responder por fallos judiciales y no para hacer inversión social”.

    De ahí, surgió la información de las 10 empresas que más demandas tienen en el país, incluyendo a Cortolima, por debajo del Ministerio de Agricultura, la Superintendencia Financiera de Colombia y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Curiosamente también por encima de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y de la Policía Nacional.

    También es claro que frente a esta ineficiencia del gobierno y de la Justicia aparecieron carteles de abogados, funcionarios, jueces que encontraron en esas victorias jurídicas la gallina de los huevos de oro, tal y como ocurrió con Dragacol, Foncolpuertos o Cajanal. Incluso, aparecieron contratistas que ahora invocan cualquier error de procedimiento o retraso en un desembolso o un plazo para hacer una demanda multimillonaria aduciendo daños y perjuicios. Algunos llegan al extremo de ganar la licitación solo para demandar después, algo que termina siendo mejor negocio que hacer las mismas obras. A estas y otras causas se suma que el Estado nunca ha tenido ni una política ni una defensa de alto nivel para contrarrestar ese tsunami jurídico. De ahí que la creación de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado sea el primer intento serio de enfrentar esta hecatombe.

  • justicia

    Somos la firma de abogados más exitosa del país

    En 30 años de carrera, el jurista ha vencido en mil pleitos. El abogado considera que el peor enemigo del Estado es su ineficiencia y que los defensores de las entidades oficiales son cada vez mejores, pero todavía insuficientes.

    El abogado Javier Villegas tiene la historia del país escrita en las demandas que le ha ganado al Estado. Los procesos siguen aumentando. En 30 años este abogado ha representado a víctimas de masacres como la de Segovia y La Chinita donde el Estado tuvo que pagarles a las familias cerca de 20.000 millones de pesos.

    El abogado también ha tenido los casos de cerca de 100 reclusos que murieron dentro de las cárceles del país. Las demandas lograron indemnizaciones del Estado por 25 mil millones de pesos. Javier Villegas está concentrado ahora en representar a 58 familias, unas 600 personas, víctimas de la tragedia de La Gabriela, en Bello, Antioquia. Las pretensiones de esta demanda alcanzan los 15 mil millones de pesos. El Estado colombiano enfrenta demandas con pretensiones que alcanzan los mil billones de pesos.

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    1.000 billones de pesos tendrá que pagar el Gobierno colombiano

    La semana pasada una noticia de enorme importancia pasó desapercibida: la designación de Fernando Carrillo como director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Pocos se acordaban de este bogotano que fue ministro de Justicia durante el gobierno de César Gaviria, y mucho menos habían oído hablar de esa entidad creada recientemente por la reforma a la Justicia. Sin embargo, la misión que le corresponderá asumir es de una importancia incalculable, pues será el portero indicado para atajar los goles multimillonarios que decenas de contratistas y litigantes quieren meterle a la nación. Si se tiene en cuenta que los pleitos que hay contra el Estado ascienden a 1.028 billones de pesos, Carrillo tiene en sus manos la suerte, no de la Selección Colombia, pero sí de la estabilidad de la economía colombiana. Del éxito de su gestión dependerá la buena salud de las finanzas públicas no solo para esta generación sino para las venideras, que tendrían que pagar las deudas que hereden si se pierden esos pleitos.
    Las cifras son aterradoras. En juego hay 1.028.000.000.000.000 de pesos. Esto equivaldría a unos 500.000 millones de dólares. Esta cifra se corresponde a más de dos veces el Producto Interno Bruto de Colombia, que es de 500 billones de pesos al año. En términos de reformas tributarias, significaría 100 veces la proyectada para este año. Esa plata alcanzaría para construir más de 33 millones de casas de interés social, 500.000 jardines infantiles o para financiar la educación básica y universitaria de 55 millones de estudiantes. En otras palabras, si las 260.000 demandas que hoy cursan contra la nación prosperan, cada colombiano tendría que pagar, hipotéticamente, 22 millones de pesos.
    ¿Cómo se llegó a este absurdo? La respuesta sencilla estaría en las imperfecciones del Estado que llevaron a que se generara una carrera en la que demandar a un Estado que es pésimo defendiéndose se convirtió en el mejor negocio. Pero el asunto es más complejo. Javier Villegas Posada, uno de los abogados que más demandas han ganado contra el Estado, dice que este aumento de demandas se explica por varias razones. La primera es el rápido crecimiento del Estado, en especial a partir de la Constitución de 1991; la segunda, el aumento exponencial de las Fuerzas Militares y el conflicto; y la tercera, el aumento de la contratación pública y de la población. “Si a este crecimiento se le suma la ineficiencia del Estado en todos los órdenes, es claro que haya un aumento en las demandas de reparación directa por abusos en el uso de la fuerza, por no prestar servicios de salud, por detenciones injustas, por accidentes viales o de empresas públicas o por abusos en cárceles, entre otras. Además, los colombianos hoy son más conscientes de sus derechos que hace 20 años”.
    También es claro que frente a esta ineficiencia del Gobierno y de la Justicia aparecieron carteles de abogados, funcionarios, jueces que encontraron en esas victorias jurídicas la gallina de los huevos de oro, tal y como ocurrió con Dragacol, Foncolpuertos o Cajanal. Incluso, aparecieron contratistas que ahora invocan cualquier error de procedimiento o retraso en un desembolso o un plazo para hacer una demanda multimillonaria aduciendo daños y perjuicios. Algunos llegan al extremo de ganar la licitación solo para demandar después, algo que termina siendo mejor negocio que hacer las mismas obras. A estas y otras causas se suma que el Estado nunca ha tenido ni una política ni una defensa de alto nivel para contrarrestar ese tsunami jurídico. De ahí que la creación de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado sea el primer intento serio de enfrentar esta hecatombe.

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