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    Somos la firma de abogados más exitosa del país

    En 30 años de carrera, el jurista ha vencido en mil pleitos. El abogado considera que el peor enemigo del Estado es su ineficiencia y que los defensores de las entidades oficiales son cada vez mejores, pero todavía insuficientes.

    El abogado Javier Villegas tiene la historia del país escrita en las demandas que le ha ganado al Estado. Los procesos siguen aumentando. En 30 años este abogado ha representado a víctimas de masacres como la de Segovia y La Chinita donde el Estado tuvo que pagarles a las familias cerca de 20.000 millones de pesos.

    El abogado también ha tenido los casos de cerca de 100 reclusos que murieron dentro de las cárceles del país. Las demandas lograron indemnizaciones del Estado por 25 mil millones de pesos. Javier Villegas está concentrado ahora en representar a 58 familias, unas 600 personas, víctimas de la tragedia de La Gabriela, en Bello, Antioquia. Las pretensiones de esta demanda alcanzan los 15 mil millones de pesos. El Estado colombiano enfrenta demandas con pretensiones que alcanzan los mil billones de pesos.

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    1.000 billones de pesos tendrá que pagar el Gobierno colombiano

    La semana pasada una noticia de enorme importancia pasó desapercibida: la designación de Fernando Carrillo como director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Pocos se acordaban de este bogotano que fue ministro de Justicia durante el gobierno de César Gaviria, y mucho menos habían oído hablar de esa entidad creada recientemente por la reforma a la Justicia. Sin embargo, la misión que le corresponderá asumir es de una importancia incalculable, pues será el portero indicado para atajar los goles multimillonarios que decenas de contratistas y litigantes quieren meterle a la nación. Si se tiene en cuenta que los pleitos que hay contra el Estado ascienden a 1.028 billones de pesos, Carrillo tiene en sus manos la suerte, no de la Selección Colombia, pero sí de la estabilidad de la economía colombiana. Del éxito de su gestión dependerá la buena salud de las finanzas públicas no solo para esta generación sino para las venideras, que tendrían que pagar las deudas que hereden si se pierden esos pleitos.
    Las cifras son aterradoras. En juego hay 1.028.000.000.000.000 de pesos. Esto equivaldría a unos 500.000 millones de dólares. Esta cifra se corresponde a más de dos veces el Producto Interno Bruto de Colombia, que es de 500 billones de pesos al año. En términos de reformas tributarias, significaría 100 veces la proyectada para este año. Esa plata alcanzaría para construir más de 33 millones de casas de interés social, 500.000 jardines infantiles o para financiar la educación básica y universitaria de 55 millones de estudiantes. En otras palabras, si las 260.000 demandas que hoy cursan contra la nación prosperan, cada colombiano tendría que pagar, hipotéticamente, 22 millones de pesos.
    ¿Cómo se llegó a este absurdo? La respuesta sencilla estaría en las imperfecciones del Estado que llevaron a que se generara una carrera en la que demandar a un Estado que es pésimo defendiéndose se convirtió en el mejor negocio. Pero el asunto es más complejo. Javier Villegas Posada, uno de los abogados que más demandas han ganado contra el Estado, dice que este aumento de demandas se explica por varias razones. La primera es el rápido crecimiento del Estado, en especial a partir de la Constitución de 1991; la segunda, el aumento exponencial de las Fuerzas Militares y el conflicto; y la tercera, el aumento de la contratación pública y de la población. “Si a este crecimiento se le suma la ineficiencia del Estado en todos los órdenes, es claro que haya un aumento en las demandas de reparación directa por abusos en el uso de la fuerza, por no prestar servicios de salud, por detenciones injustas, por accidentes viales o de empresas públicas o por abusos en cárceles, entre otras. Además, los colombianos hoy son más conscientes de sus derechos que hace 20 años”.
    También es claro que frente a esta ineficiencia del Gobierno y de la Justicia aparecieron carteles de abogados, funcionarios, jueces que encontraron en esas victorias jurídicas la gallina de los huevos de oro, tal y como ocurrió con Dragacol, Foncolpuertos o Cajanal. Incluso, aparecieron contratistas que ahora invocan cualquier error de procedimiento o retraso en un desembolso o un plazo para hacer una demanda multimillonaria aduciendo daños y perjuicios. Algunos llegan al extremo de ganar la licitación solo para demandar después, algo que termina siendo mejor negocio que hacer las mismas obras. A estas y otras causas se suma que el Estado nunca ha tenido ni una política ni una defensa de alto nivel para contrarrestar ese tsunami jurídico. De ahí que la creación de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado sea el primer intento serio de enfrentar esta hecatombe.

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