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    Aquí las víctimas fuimos todos

    La masacre ocurrida en el barrio La Chinita de Apartadó –  Antioquia, volvió a aparecer en las planas de los periódicos esta semana cuando, en un acto público, las FARC pidieron perdón al país y a las víctimas por este desalmado hecho que dejó 35 muertos hace 22 años. Sin embargo, para que el acto de perdón esté completo y se honre a quienes perdieron la vida, es necesario que el Estado también se sume a esta iniciativa.

    El 23 de enero de 1994, se manchó de sangre, una vez más, la historia de la zona bananera de Antioquia, que por años, ha sufrido el abandono del Estado y la disciplina impuesta por diferentes grupos armados que se han apoderado ilegalmente de la zona.

    “No maten a las mujeres”

    Las disputas por el territorio, la presencia histórica de varios grupos armados al margen de la ley, la mutación del desmovilizado Ejército Popular de Liberación (EPL) al movimiento político Esperanza, Paz y Libertad – conservando sus siglas- y la presencia de sus disidentes en el territorio urabeño, había enrarecido el ambiente durante las fiestas decembrinas.

    Los habitantes del terreno de invasión, conocido como La Chinita, optaron por cancelar las fiestas de fin de año, en respuesta al miedo que les producían las amenazas ante un posible atentado en contra de la población y como consecuencia a la falta de medidas tomadas por parte de las instituciones estatales delegadas para este propósito.

    Después de un mes de prudente resguardo, las familias de La Chinita organizaron una verbena con el fin de recolectar fondos para los implementos de la temporada escolar que se avecinaba; las fiestas transcurrían con normalidad hasta que, a la 1 de la madrugada del domingo 23 de enero, un grupo de hombres y mujeres armados cambiaron el ruido del equipo de sonido por el de las balas. Dos de los asistentes de la fiesta alcanzaron a huir en una motocicleta para dar aviso a las autoridades, pero antes de partir, alcanzaron a escuchar que uno de los integrantes del grupo armado dijo: “no maten a las mujeres”.

    Después de 10 minutos de disparos, el saldo fue desgarrador: 35 personas muertas, entre ellas una mujer y tres menores de edad.   

    Los responsables

    Hasta la zona se desplazaron diferentes ONG para establecer la responsabilidad en esta masacre que constituye, hasta hoy, uno de los episodios más dolorosos de la lucha armada en nuestro país. Las investigaciones lograron demostrar que fue un grupo de guerrilleros, del quinto frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes asesinaron a 35 indefensos habitantes del barrio La Chinita, el 23 de enero de 1994.  Por este hecho condenado públicamente, los integrantes de las FARC realizaron hoy, viernes 30 de septiembre, un acto público en el que pidieron perdón a las viudas, hermanas e hijos de las personas asesinadas hace 22 años. Este acto está enmarcado en el proceso de paz que se dio luego de la firma de los acuerdos.

    Pero a este proceso le hace falta un eslabón. Un proceso legal liderado por Javier Villegas Posada y su firma de abogados, logró comprobar la responsabilidad del Estado en el episodio conocido como La masacre de La Chinita. La sentencia expedida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, proferida en 2004, asegura que: “siendo Apartadó una de las zonas más militarizadas del país, los uniformados oficiales, primero no detectaron el gran grupo armado que incursionó en el bloque 3 de La Chinita, para lo cual debieron transitar grandes distancias en terrenos controlados militarmente y después, solo a las cuatro de la mañana del 23 (más de dos horas después de cometida la matanza)llegaron los primeros al lugar de los hechos, lo que facilitó el escape de los asesinos, al no ser perseguidos ni enfrentados”.

    En el proceso, también quedó establecido la negligencia por parte del Alcalde del Municipio, quien aún conociendo el peligro inminente en el que se encontraba la comunidad del barrio obrero “La Chinita”, se limitó a enviar la solicitud de protección al Comandante de la Brigada XVIII, quien a su vez, no hizo nada por evitar que se produjera tal masacre.

    Al respecto, el Honorable Consejo de Estado ha señalado que: “en el presente caso aparece claro que para la producción del daño fue determinante la omisión de la administración en brindar la protección que reiteradamente habían solicitado los demandantes para sus vidas y bienes”.

    En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cursa, actualmente una denuncia liderada por el doctor Villegas Posada en la que se expone de manera contundente las violaciones a los derechos humanos cometidas la madrugada del 23 de enero. El documento es claro cuando afirma que: ” La Policía Nacional debe cumplir con una función protectora de medio, por lo que se considera que la Administración falló al no brindarles a las víctimas los medios de protección suficientes y oportunos para prevenir y evitar la masacre que se presentó en ese barrio “La Chinita” el 23 de enero de 1994, como sí se hizo después de la ocurrencia de este hecho.”

    En esta oportunidad el Estado, quien se supone que debe brindar las garantías a la protección de los derechos humanos, falló tajantemente al abandonar a los habitantes de La Chinita, quienes constituyen hoy, uno de los ejemplos de recuperación más dolorosas de esta guerra. Las disculpas públicas por parte de la Nación también son un anhelo de las víctimas.

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    Un pequeño asomo de justicia

    ” Las fuerzas de seguridad han perpetrado un elevado número de asesinatos premeditados de civiles y han presentado fraudulentamente a esos civiles como ‘bajas en combate’. Aunque al parecer estos llamados falsos positivos no respondían a una política de Estado, tampoco fueron aislados. Estos homicidios fueron cometidos por un gran número de unidades militares y en todo el país. Se produjeron porque las unidades militares se sintieron presionadas para demostrar que su lucha contra las guerrillas tenía resultados positivos a través de ‘número de bajas’ […] En general, hubo una falta fundamental de rendición de cuentas y problemas en todas las etapas de los procesos disciplinarios y de investigación”

    Doña Rosa Gaviria de López sabe que nada en el mundo puede reemplazar la emoción que le producían las tardes de charla con su hijo Juan Carlos. Nada superará jamás, el goce de servirle su desayuno caliente antes de ir a trabajar. Doña Rosa entendió que la vida nunca será la misma, pues su hijo le fue arrebatado de la vida injustamente cuando apenas estaba formando una familia.

    Sin embargo, ella también sabe que hoy la justicia hizo su parte. Hubo reparación para ella y las personas que amaron a Juan Carlos. Este es uno de los episodios más sonados de falsos positivos en nuestro país.

    En enero de 2008, la Octava Brigada del Ejército informó, que luego de 15 días de seguimiento e inteligencia, fueron dados de baja tres guerrilleros del frente 50 de las FARC, quienes pretendían secuestrar a un profesional de la región. Los cuerpos expuestos pertenecían a tres hombres que salieron de sus casas una semana antes para acampar en la zona.

    Los familiares de Carlos Arturo Velásquez, Fernel Andrés Londoño y Juan Carlos López aseguran que los tres jóvenes salieron de sus viviendas a acampar una semana antes de los hechos; la falta de comunicación y la prolongación no justificada del viaje generó sospechas entre las familias que emprendieron la búsqueda de estos tres hombres. Dicha búsqueda, los condujo a la morgue de Calarcá en la que se les informó que la muerte había sido producto de un enfrentamiento sostenido con tropas del Ejército en la vereda La Paloma.

    La situación, en ese entonces, fue relacionada con presuntos reclutamientos de la guerrilla pero para las familias no era coherente que los reclutaran, los llevaran a otro sitio y resultaran muertos en enfrentamientos con el Ejército a tan poco tiempo de haber llegado. A pesar del miedo que genera enfrentarse al poder de las fuerzas armadas, las familias de los jóvenes que tenían entre 17 y 35 años, decidieron hablar y emprender acciones legales para aclarar la situación y limpiar los nombres de estos tres hombres que se dedicaban a labores del campo.

    En ese momento, la Octava Brigada respondió que la “Operación Estocolmo”, como fue denominada por el Ejército, fue ajustada a los procedimientos militares; pero una extensa investigación que reunió pruebas y entrevistó a testigos desvirtuó la versión del Ejército sobre las muertes ocurridas en la vereda La Paloma, del municipio de Calarcá, durante operativos de patrullaje nocturno para detener una supuesta extorsión.

    La investigación de peritaje comprobó que hubo contradictorios o falsos testimonios de soldados que participaron en la operación; además, encontró que a Carlos Arturo, Fernel Andrés y Juan Carlos se les plantaron armas y objetos relacionados con las FARC . Las declaraciones fueron contrapuestas con los testimonios de habitantes de la zona.

    Esta situación fue puesta en evidencia en la sentencia expedida el mes de septiembre de 2016, por el Tribunal Administrativo del Quindío, en la que se indica que “se puede evidenciar y corroborar que lo ocurrido no fue para nada un combate en ejercicio legítimo de la fuerza pública, sino un montaje del mismo, en donde se plantaron los cuerpos de tres personas asesinadas previamente y evidentemente manipulados, de acuerdo con las manchas de sangre, la posición de los cuerpos, ropas y descripción de las lesiones. No existe alguna razón por la que una vez ocurrido el supuesto combate los cuerpos fueran movidos de su posición original…”

    En este caso, en el que el abogado Javier Villegas Posada y su firma representaba a dos de las tres familias afectadas, se pudo establecer la responsabilidad de integrantes del Ejército Nacional en la muerte violenta de estos esposos, padres y hermanos.

    En una decisión trascendental la Nación deberá brindar apoyo psicológico a las familias de estos tres jóvenes que encontraron la muerte en un fin de semana de esparcimiento. El Estado, también deberá organizar un acto público en el Batallón de Alta Montaña N.5 “General Urbano Castellano Castillo” en el que el comandante de dicho batallón exprese su reproche por los hechos investigados y ofrezca perdón público a los familiares y, como garantía de no repetición, todos los integrantes del Batallón deberán realizar un curso con una duración no menor a 50 horas acerca de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

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    La Nación recibe condena por 3 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el Quindío

    El 2 de septiembre de 2016, el Tribunal Administrativo del Quindío responsabilizó al Estado colombiano, al Ministerio de Defensa y a su Ejército por las muertes de Carlos Arturo Velásquez, Fernel Andrés Londoño y Juan Carlos López Gaviria, ocurridas el 18 de enero de 2008 en el departamento del Quindío. El Magistrado ponente Luis Carlos Alzate, ordenó indemnizaciones para los tres grupos familiares de las víctimas por los perjuicios morales y lucro cesante. El caso, en el que la firma del abogado Javier Villegas Posada representó a dos de las tres familias afectadas, beneficiará a veinte familiares.

    En consecuencia, se le ordenó al Estado responder por estas acciones y brindar  acompañamiento psicológico a los sobrevivientes de estos jóvenes, así como la realización de un acto público en el que se le pida perdón a los familiares de los jóvenes asesinados y como garantía de no repetición, todos los integrantes del Batallón Alta montaña N.5  deberán realizar un curso con una duración no menor a 50 horas acerca de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

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    ¿Quién se llevó a Felipe? Parte 3

    Como si fueran pocas las irregularidades ya relatadas en la historia de Felipe*, el proceso penal que emprendió la familia para esclarecer los hechos estuvo atravesado por baches que impidieron su normal desarrollo.

    El arma que supuestamente portaba Felipe y con la que aparentemente había disparado a los agentes de la Policía fue expuesta a un análisis realizado por un técnico de Medicina Legal. Este confirmó, que el arma encontrada tenía trabados los mecanismos externos y no estaba en condiciones de lograr un disparo. El informe arrojó también, que las vainillas encontradas junto al arma no correspondían con el artefacto bélico.

    Así se lo hizo saber el técnico de Medicina legal al Juez 93 de Instrucción Penal Militar de Medellín, cuando este último, en compañía  de un grupo de agentes, recogió el arma para realizarle una segunda e inusual revisión. El segundo resultado era completamente diferente al primero; este nuevo informe estableció que el arma sí se encontraba en condiciones de disparar y que las vainillas correspondían a la subametralladora calibre 9 mm analizada. Según las sentencias del Tribunal Administrativo y del Consejo de Estado, el segundo resultado fue consecuencia de una manipulación realizada por parte de 2 agentes de la policía y del Juez 93 de Instrucción Penal Militar de Medellín.

    En ese borroso escenario, se pudo comprobar que no era cierta la afirmación realizada por los agentes de la Policía en la que indicaban que Felipe había disparado contra ellos. Quedaba por responder otro rosario de preguntas, una de ellas tenía que ver con los disparos que dieron muerte a Felipe, ya que estos se encontraban en zonas del cuerpo difíciles de acceder en medio del terreno en el que sucedió el operativo.

    Después de un largo proceso de 20 años (10 años en el Tribunal Administrativo de Antioquia y 10 años en el Consejo de Estado) se logró demostrar la responsabilidad del Estado y la policía nacional en los hechos y se declaró al Estado colombiano como responsable de los daños ocasionados a la familia de Felipe con ocasión de su muerte; la sentencia definitiva es concluyente cuando afirma: “… la muerte del señor Romero Gil, no fue causada como reacción a un ataque armado sino como una ejecución extrajudicial…”.

    El proceso penal que se adelantó, a través de la Jurisdicción Penal Militar, en el que se había declarado la responsabilidad de los autores de la muerte de Felipe Romero Gil*, se diluyó con la investigación del Juez 93 de Instrucción Militar y se agotó cuando, mediante sentencia proferida por el presidente del Consejo Verbal de Guerra, fueron absueltos los policías relacionados con este homicidio. Solo se elevó pliego de cargos en contra de los Oficiales de la Policía Nacional  con facultades de Policía Judicial que, de alguna manera, participaron con funciones de mando en el operativo que dio lugar a los hechos; dichos cargos estaban relacionados con errores de táctica y procedimiento pero de ninguna manera con la muerte de Felipe.

    La evidente impunidad penal y disciplinaria en los resultados de los procesos adelantados en Colombia, fueron elementos fundamentales para que el abogado Javier Villegas Posada y su firma presentara una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que todavía hace trámite.

    Las violaciones a los derechos puestas en evidencia por la firma y contempladas en este documento, tienen que ver con el derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Derechos, que se supone, deben ser protegidos por las instituciones del Estado, por lo que resulta inadmisible que sean justamente ellos quienes perpetúen estos crímenes.

    La familia Romero Gil no solo ha lidiado con la dolorosa pérdida de uno de sus miembros, sino que también, ha tenido que tolerar que se manchara su buen nombre y que, adicional a esto, los responsables de los crímenes cometidos en su contra no hayan sido castigados.

     

    *Los nombres de los personajes han sido reemplazados por asuntos de seguridad y privacidad.

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    Condenan a la Nación por falso positivo (ejecución extrajudicial) ocurrido en Valdivia, Antioquia

    El tribunal administrativo de Antioquia falló a favor de la familia de Eliecer de Jesús González Muñoz asesinado el 26 de enero de 2008 mientras trabajaba en una finca del municipio de Valdivia en Antioquia.
    La muerte de  Eliecer de Jesús González Muñoz le es imputable al Ejercito Nacional como una violación flagrante a los derechos humanos enmarcado dentro del escenario expuesto por el Relator Especial de la ONU en relación a las ejecuciones extrajudiciales” Las fuerzas de seguridad han perpetrado un elevado número de asesinatos premeditados de civiles y han presentado fraudulentamente a esos civiles como ‘bajas en combate’. Aunque al parecer estos llamados falsos positivos no respondían a una política de Estado, tampoco fueron aislados. Estos homicidios fueron cometidos por un gran número de unidades militares y en todo el país. Se produjeron porque las unidades militares se sintieron presionadas para demostrar que su lucha contra las guerrillas tenía resultados positivos a través de ‘número de bajas’ […] En general, hubo una falta fundamental de rendición de cuentas y problemas en todas las etapas de los procesos disciplinarios y de investigación”.
    Según los familiares de la víctima, representados por el abogado Javier Villegas Posada, el joven se trasladó a una finca ubicada en el  municipio de Valdivia con fines laborales. Hasta este lugar llegaron miembros del Ejército Nacional quienes sacaron del sitio a Eliecer y lo condujeron a una quebrada cercana en la que, como consta en el documento legal “lo ultimaron con arma de fuego, luego de lo cual se dirigieron con él a la morgue municipal”.
    Al ser indagados acerca de la procedencia del cuerpo, los militares aseguraron que se trataba de un guerrillero muerto en combate quien tenía en su poder artefactos bélicos con los que supuestamente atacó a los integrantes de la tropa. Cómo reza en los informes tenidos en cuenta en la investigación.
    Sin embargo esta tesis no convenció a la familia de Eliecer  que no tenían conocimiento de que su familiar estuviese vinculado con algún grupo armado, razón por la cual decidieron emprender acciones legales con el fin de esclarecer las circunstancias por medio de las cuales se produjo la muerte de su esposo, padre, hijo y hermano.
    De acuerdo con la sentencia proferida 8 años y nueve meses  después por el tribunal administrativo de Antioquia “…es claro que conforme a modus operandi se trató de un caso de ejecución extrajudicial que efectivamente compromete la responsabilidad de la Nación – Ejercito Nacional, por cuanto se encuentra acreditado que los militares segaron la vida de la víctima sin que mediara ninguna causal que justificara su accionar, sólo el interés de presentarlo como un caso de subversivo muerto en enfrentamiento, esto es positivos, así no lo fuera”.

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    ¿Quién se llevó a Felipe? Parte 2

    Mientras el país se lamentaba la catastrófica muerte de la periodista Diana Turbay en el Hospital General horas después de su traslado a Medellín, los Romero Gil se cuestionaban acerca de las extrañas circunstancias en las que Felipe Romero Gil* había pasado de arreglar la tina de su hermana a hacer parte del grupo de secuestradores que desde agosto tenían en su poder al grupo de periodistas.

    Inmediatamente después de que el grupo de hombres sacara a la fuerza a Felipe de la casa de su hermana, su tía María Mercedes* contactó a la familia para comentarles lo sucedido. El testimonio indicaba en un principio que presuntamente integrantes del DAS o del F2 fueron responsables del crimen cometido contra Felipe.

    Las extrañas condiciones en las que se dieron los hechos, la falta de resultados arrojada por las primeras indagaciones en las instituciones anteriormente mencionadas, impulsaron a Marleny Vanegas* esposa de Felipe, a buscar la ayuda de un conocido con contactos en la Cruz Roja.

    La noticia del fallecimiento de la hija del matrimonio Turbay Quintero había generado una nube de tensión en el país que se acentuaba en Medellín, sitio en el que se produjo el deceso de la periodista y abogada. Los noticieros se inundaron con la información del operativo y los pormenores de la noticia que enlutaba al país.

    En varios boletines informativos, fueron dados a conocer los nombres y rostros de los cadáveres encontrados en el lugar del operativo. El parecido físico de uno de los presuntos secuestradores con Felipe Romero, impulsó a la familia de éste a dirigirse a Copacabana dos días después del episodio, sitio en el que se encontraban los cuerpos expuestos como N.N para hacer posible el reconocimiento.

    Un rosario de preguntas

    Mientras la tensión se centraba en el fallecimiento de Diana Turbay y en los errores cometidos por el cuerpo Élite de la Policía Nacional en este operativo, los Romero Gil se preguntaban las razones por las que el cuerpo de su hijo fue hallado en un lugar ubicado a tres horas del sitio de donde fue sacado, a la larga distancia de un lugar a otro se sumaba la pregunta de por qué este hombre había podido acceder a una zona celosamente custodiada a esa hora por los integrantes de la fuerza pública, quienes en ese momento ya conocían la ubicación de los secuestrados y se disponían a llevar a cabo el operativo.

    Felipe estaba muerto, esta era la única certeza que tenía su familia, pero las circunstancias en las que se produjo esta muerte eran tan extrañas e injustas que fue necesario emprender acciones legales para esclarecerlas. En un principio fueron señalados integrantes del grupo Élite de la Policía Nacional como los responsables de la acción. Cuando el caso fue puesto en manos del abogado Javier Villegas Posada, la meta era identificar las razones de la retención de Felipe, las causas de su muerte y encontrar a los culpables de esta dolorosa pérdida.

     

    El proceso

    Los agentes implicados en el caso afirmaron que el deceso de Felipe se dio como consecuencia de un enfrentamiento durante el operativo de rescate de Diana Turbay y su camarógrafo Richard Becerra, adicionalmente se afirmó que Felipe (presunto secuestrador) había atacado a los militares con el fin de impedir el rescate de los rehenes.

    Sin embargo, las investigaciones de balística posteriores al deceso de Felipe arrojaron que el arma que le fue hallada a la hora del levantamiento no se encontraba en condiciones de disparar; según este  informe, dicho aparato no había sido disparado en los últimos ocho días, adicional a esto, las vainillas de bala que fueron encontradas no correspondían con el arma que supuestamente portaba Felipe y con la que, según el testimonio de los policías interrogados, había atacado a los integrantes del cuerpo Élite.

    Estas irregularidades se fueron  sumando al caso por medio del cual la firma de abogados,  buscaba esclarecer la muerte de Felipe; la evidente violación a los derechos humanos aquí cometida es el fundamento principal de un largo proceso que será revelado en la siguiente entrega.

     

    *Los nombres de los personajes han sido reemplazados por asuntos de seguridad y privacidad.

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    ¿Quién se llevó a Felipe? Parte 1

    El 25 de enero de 1991, el país perdía a una gran periodista y la familia Turbay perdía a una hija, hermana y madre. Ese mismo día, la familia Romero Gil* sufría una pérdida similar a la de los Turbay pero con el agravante de que ellos tendrían que limpiar su apellido y luchar contra la difamación y la honra de su pariente.

    El contexto

    Las historias que rondan la época del narcotráfico en nuestro país son tan escabrosas como fantásticas y los testimonios de los sobrevivientes parecen inspirados en pesadillas. La muerte de Diana Turbay producto de un operativo de rescate es quizá, uno de los episodios más representativos de la lucha entre el Cartel de Medellín y el Estado colombiano; la hija del ex presidente Turbay había sido secuestrada por parte del grupo denominado “Los extraditables” para presionar al gobierno e impedir
    la posible extradición de criminales vinculados al narcotráfico con Pablo Escobar a la cabeza.

    Había transcurrido 148 días desde que Diana Turbay y su equipo viajaron al Magdalena Medio para cumplir una cita supuestamente, con el Cura Pérez, un guerrillero español que había atraído la curiosidad de Turbay por sus nulas apariciones en público. El engaño planificado por Pablo Escobar y sus subalternos terminó en el secuestro de Diana Turbay y sus compañeros. Algunos de ellos fueron liberados paulatinamente desde el mes en el que se fraguó el crimen; sin embargo, el 25 de enero de 1991 el grupo Élite de la Policía Nacional llevó a cabo un rescate en la vereda Sabaneta, del municipio de Copacabana, Antioquia que terminó con el desenlace que ya conocemos.

    Junto al cuerpo herido de la periodista de “Hoy por hoy” fueron hallados los cadáveres de tres hombres más, quienes fueron identificados posteriormente como secuestradores. Mientras el país se lamentaba la catastrófica muerte de Diana en el Hospital General de Medellín, horas después de su traslado, los Romero Gil se cuestionaban acerca de las extrañas circunstancias en las que Felipe Romero Gil* había pasado de arreglar la tina de su hermana a hacer parte del grupo de secuestradores que desde agosto tenían en su poder al grupo de periodistas.

    ¿Quién se llevó a Felipe?

    Según los relatos de los familiares, Felipe trabajaba en una empresa de textiles pero su educación como electricista le permitía realizar trabajos extra en su tiempo libre; por esta razón, su hermana le solicitó que le ayudara con la tina de su casa mientras que ella y su esposo salían a hacer algunas diligencias.

    En la casa ubicada en un barrio del municipio de Medellín, solo se encontraban Felipe, María Mercedes Gil, tía del joven trabajador y una empleada recién contratada por Eugenia Romero* para las labores domésticas. Cuando Felipe se encontraba en el segundo piso de la vivienda, un grupo de aproximadamente 15 hombres tocó a la puerta e ingresó agresivamente anunciando la búsqueda de alias “El gordo”, pero cuando la tía de Felipe negó conocer al sujeto en cuestión, aclaró, además, la presencia de su sobrino en la segunda planta del inmueble.

    Los hombres vestidos de civil portaban, según el relato de María Mercedes, armas y unos brazaletes pero no le fue posible identificar sus caras y ni los vehículos en los que se transportaban, debido a que ella y la empleada fueron encerradas en el baño mientras que, al parecer interrogaban a Felipe. Cuando pudieron salir del baño, el grupo de hombres había desaparecido y junto a ellos Felipe. Ese mismo día, el 25 de enero de 1991, el cuerpo de Felipe fue encontrado en la vereda Sabaneta del municipio de Copacabana a kilómetros del sitio del que fue sacado a la fuerza.

    La búsqueda de Felipe desde su retención irregular, marcó el inicio de un rosario de eventos dolorosos en el que abundan las inconsistencias, las respuestas a medias y la extraña participación de agentes del Estado.

    En la segunda parte de esta crónica conoceremos la lucha de la familia Romero Gil, representada por el abogado Javier Villegas Posada, quien ha acompañado a los sobrevivientes de Felipe para que se esclarezcan los detalles de su muerte y se limpie el nombre de un hijo, un padre de familia, un hermano y un ciudadano inocente.

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    Un viaje sin retorno

    Era el fin de semana en el que se conmemoraba una de las fiestas patrias más importantes, el grito de independencia que tuvo como detonante un florero roto y que desataría una discusión que derivó en la separación del yugo español. Doscientos años después, habitantes de una República soberana e independiente,  los colombianos nos seguimos matando entre nosotros. 

    La ciudad amurallada, la India Catalina, el monumento de los zapatos viejos y las historias que encierra uno de los lugares más emblemáticos del país hicieron que Ernesto José Herrera*, Juan Camilo Correa* y Miguel Ángel Suarez* unieran sus ahorros para cumplir el sueño de muchos ciudadanos del interior del país: conocer Cartagena. Durante el puente festivo del 20 de julio este trío de amigos disfrutó de la playa, los sitios históricos y el calor de la zona caribe del país, sin embargo, su regreso fue una cadena de hechos desafortunados que hacen que esta historia no sea un relato más de viaje.

    La falta de previsión y un mal cálculo, hizo que este grupo de amigos se quedara sin los recursos suficientes para regresar por aire a su ciudad de origen, razón por cual se vieron obligados a emprender una aventura por tierra poco predecible. La escena era propia de una película: tres jóvenes levantando su pulgar con la esperanza de ser llevados por tramos hasta sus hogares.

    Así, recorrieron parte del camino hasta llegar a Caucasia, una población antioqueña ubicada a 285 kilómetros de Medellín, la capital del departamento antioqueño y ciudad de origen de Ernesto, Juan Camilo y Miguel Ángel. En Caucasia, y agotados por el viaje, estos amigos lograron hospedarse en un hotel gracias a la buena voluntad de su propietario; la intensión era descansar y continuar con la aventura que estaba cada vez más cerca de terminar.

    Esa madrugada y luego de descansar, los jóvenes emprendieron nuevamente el viaje hasta llegar al municipio de Cáceres, Antioquia, sitio en el que fueron interceptados y retenidos en contra de su voluntad por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para la época en la que ocurrieron los hechos (1998), eran comunes las negociaciones entre las AUC y el Ejército Nacional. Dichas negociaciones tenían como botín a jóvenes – en su mayoría campesinos- que luego de ser asesinados eran presentados por algunos de los integrantes del ejército como guerrilleros muertos en combate, falsos positivos.

    Un  informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acerca de la situación de los derechos humanos en Colombia, revela que las ejecuciones extrajudiciales son justificadas bajo  la presunta colaboración de estas personas con grupos insurgentes. El informe, afirma también, que  muchas de estas ejecuciones han sido relacionadas con los privilegios obtenidos como resultado de las bajas efectivas por parte de los soldados de los diferentes batallones de Ejército.

    Esta sería la suerte de Ernesto, Juan Camilo y Miguel Ángel cuando fueron negociados y separados con el fin de ser presentados ante instancias superiores del ejército como combatientes revolucionarios muertos en combate. Para tal fin, los jóvenes fueron vestidos con prendas de combate propias de las autodefensas y posteriormente asesinados por miembros del Ejército Nacional  para ser presentados ante superiores y medios de comunicación.

    Al notar la prolongada ausencia e injustificada falta de comunicación, los familiares de estos jóvenes emprendieron el mismo viaje que sus parientes; pero esta vez, los fines no eran turísticos. Padres y hermanos tenían como objetivo conocer el paradero de estos tres amigos, por lo que recorrieron los mismos pasos que los jóvenes preguntando si estos habían sido vistos y en qué condiciones.

    Estas búsquedas resultan difíciles debido a aspectos económicos, falta de acompañamiento por parte de las autoridades competentes y por la intromisión de agentes relacionados con los hechos que ocultan información y obstruyen así, las investigaciones adelantadas por los familiares.

    La angustia de los familiares duró diez años más. En octubre de 2008, un desmovilizado de las filas de las AUC confirmó en una audiencia, citada por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, que Ernesto José Herrera y Miguel Ángel Suarez fueron vendidos por su bloque al Ejército Nacional para ser presentados como bajas; sin embargo, hasta la fecha se desconoce el paradero de Juan Camilo Correa quien fue separado de sus compañeros aún con vida.

    Javier Villegas Posada, en un principio presentó demanda en contra del Estado Colombiano (Ejército Nacional – Ministerio de Defensa), la cual tiene como resultado la condena efectiva del Estado Colombiano, después de 18 años de haber ocurrido los hechos.

    Actualmente, hace su trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denuncia formulada, por este mismo, por la falta de garantías procesales y el incumplimiento de las obligaciones estatales y compromisos internacionales, respecto a los derechos fundamentales de estos tres jóvenes (entre ellos un menor de edad) y sus familias.

    En primer lugar, se expone que el Estado no generó las garantías suficientes para que estos jóvenes pudieran circular de manera segura por el territorio nacional. Seguido de eso y mucho más delicado es la participación activa de agentes del Estado en la muerte injustificada e ilegal de estas personas, lo que traduce en una violación al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal , el derecho a un recurso efectivo y garantías judiciales y el derecho a la honra.

    Estas historias se repiten más de lo que los ciudadanos colombianos quisiéramos: jóvenes estudiantes, trabajadores alejados de las armas que terminan involucrados en la guerra por medio de una especie de rifa desafortunada, que ha desmembrado a miles de familias en nuestro país que busca por medio de la paz hacer que estas historias hagan parte de un pasado que nadie quiere repetir.

     

    *Los nombres de los personajes han sido reemplazados por asuntos de seguridad y privacidad.

  • juicio

    Fallo del Consejo de Estado revive ‘falso positivo’ de los 90 y lo eleva a crimen de lesa humanidad.

    El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar más de 570 millones de pesos por el asesinato de dos jóvenes en Medellín y por otros dos más que resultaron heridos en hechos ocurridos en 1992. En el caso están involucrados seis policías, que hace casi 20 años fueron absueltos por la justicia militar.

    El tribunal elevó el caso de delito a crimen de lesa humanidad y le ordenó a la Fiscalía a reabrir la investigación para establecer si se puede aplicar una sanción penal en contra de los uniformados.

    En el fallo, el alto tribunal le ordena a la Policía a pedir perdón públicamente, publicar la sentencia y hacer un acto en cabeza de los altos mandos de la institución.

    El caso se remonta al 15 de agosto de 1992, cuando cuatro jóvenes que se movilizaban en dos motocicletas fueron interceptados por seis policías en el barrio Los Colores, en Medellín.

    Las víctimas, John Freddy Arenas, Luis Fernando Hernández, Luis Fernando Rendón y Deyson Alberto Rodríguez, fueron golpeadas por los uniformados antes de que los amarraran con los cordones de sus propios zapatos para conducirlos al lugar de su ejecución.

    Sin embargo, en el camino una de las motos se averió, lo cual fue aprovechado por Rodríguez para golpear a uno de los policías y echarse a rodar por entre los matorrales. Sobrevivió a pesar de las múltiples lesiones. Los otros tres jóvenes fueron bajados en un paraje y baleados por los policías. De estos, Rendón, quien recibió seis impactos de bala, logró salvarse.

    Pese a los testimonios de los sobrevivientes -asesinados dos años después por sicarios- un Tribunal Militar absolvió a los policías, que deberán enfrentar un proceso penal, ahora en manos de la justicia ordinaria. “A pesar de haber sido fallado por la justicia militar e investigado por la Procuraduría, logramos demostrar que los jóvenes fueron ejecutados extrajudicialmente. La sentencia, además de hacer justicia para las víctimas, sienta un importante precedente para otros casos de este tipo”, dijo Javier Villegas, abogado de las familias de las víctimas.

  • econ0mica-otra

    La Corporación Autónoma Regional del Tolima no está entre las cuatro primeras entidades con más demandas en el país

    La entidad manifestó que la cifra de 23.9 billones de pesos, citada por la revista Semana, no es correcta, porque el valor real es de 0.04 billones de pesos. Cortolima informó que el dato se debió dar por un error de registro del Ministerio de Hacienda.

    El artículo

    El hecho se dio luego de que la revista Semana, en su edición del 30 de enero, publicara la labor que tendrá Fernando Carrillo como Director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, creada recientemente por la reforma a la justicia y que tendrá como misión defender al Estado de las incontables demandas que aparecen a diario y que están colapsando la economía del país.

    Todas las demandas que tiene el Estado suman mil 28 billones de pesos, de los cuales algunas corresponden, según el abogado que más casos ha ganado en contra del Estado, Javier Villegas Posada, a la ineficiencia de las entidades públicas, a que los colombianos conocen más sus derechos y también porque es el negocio de algunos abogados, que se aprovecharon de la ineficiencia del Estado para crear el negocio ‘lucrativo’ de las demandas.

    Además, de acuerdo con una investigación de Mariana Carrillo, referenciada también en el artículo, “este banquete fiscal ha generado cosas tan absurdas como tener que endeudarse en un par de ocasiones para responder por fallos judiciales y no para hacer inversión social”.

    De ahí, surgió la información de las 10 empresas que más demandas tienen en el país, incluyendo a Cortolima, por debajo del Ministerio de Agricultura, la Superintendencia Financiera de Colombia y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Curiosamente también por encima de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y de la Policía Nacional.

    También es claro que frente a esta ineficiencia del gobierno y de la Justicia aparecieron carteles de abogados, funcionarios, jueces que encontraron en esas victorias jurídicas la gallina de los huevos de oro, tal y como ocurrió con Dragacol, Foncolpuertos o Cajanal. Incluso, aparecieron contratistas que ahora invocan cualquier error de procedimiento o retraso en un desembolso o un plazo para hacer una demanda multimillonaria aduciendo daños y perjuicios. Algunos llegan al extremo de ganar la licitación solo para demandar después, algo que termina siendo mejor negocio que hacer las mismas obras. A estas y otras causas se suma que el Estado nunca ha tenido ni una política ni una defensa de alto nivel para contrarrestar ese tsunami jurídico. De ahí que la creación de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado sea el primer intento serio de enfrentar esta hecatombe.

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