• Por falso positivo de Soacha condenado de nuevo el Ejercito Nacional

    Joaquin Castro Vasquez, quien residia en el municipio de Soacha (Cundinamarca), de 27 años, con 4 hijos menores, quien se dedicaba a labores de moldear campanas en Bosa (Cund) fue visto por ultima vez con vida por su familia el 12 de enero (sabado) del 2008 cuando salio de su hogar para ir a departir con sus amigos.

     Su familia lo busco infructuosamente por meses, y solo hasta el 12 de septiembre del mismo año se les informo por parte de medicina legal que al parecer se encontraba reportado como NN  y sepultado en una fosa comun en el municipio de Ocaña, en el Norte de Santander.

    Castro Vasquez fue conducido mediante engaños al Municipio de Ábrego (Norte de Santander) donde fue entregado a efectivos de la brigada movil 15 del Ejercito Nacional, quienes lo ejecutaron y lo presentaron ante las autoridades  y la opinion publica como guerrillero NN dado de baja en combate.

    Javier Villegas Posada, ha representado a sus padres, hermanos e hijos en los procesos penales que se han adelantado contra oficiales y soldados del ejercito, en los que ya hay condenas privativas de la libertad entre 35 y 37 años y ademas los apodera en la demanda de responsabilidad administrativa contra la Nacion – Ejercito Nacional – en la que en el tribunal administrativo del Norte de Santander, en sentencia notificada la semana en curso condena al Ejercito y se pronuncia para ello en los siguientes terminos:

    “En el presente asunto se declararà la responsabilidad patrimonial y extracontractual de la Nacion-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional, pues en el expediente quedó demostrado que el Señor Joaquin Castro Vasquez fallecio el dia 15 de enero del 2008,………..debido a disparos de arma de fuego de dotación oficial, realizados por miembros del Batallon No. 15 Francisco de Paula Santander, con sede en la Provincia de Ocaña”.

     “…………por estos hechos han sido procesados altos mandos del Ejercito Nacional, como lo son el Mayor en retiro Marco Wilson Quijano Mariño, el teniente Diego Aldair Vargas Cortes, al cabo segundo Carlos Antonio Zapata Roldan, Ricardo Garcia Corzo y Richard Contreras Aguilar, por los punibles de Concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparicion forzada agravada y falsedad ideologica en documento público”.

    Es inconcebible que quienes ostentan la calidad de militares y tienen a su cargo la guarda de su soberanía del territorio nacional y la seguridad de los ciudadanos sean, precisamente, lo encargados de infundir el panico en la poblacion civil, valiendose de amenazas y del uso de las armas para vulnerar los derechos fundamentales de aquella, llegando, incluso, a retener, torturar y asesinar a personas indefensas,solo por hacer alarde innecesario, inmisericorde, abusivo y criminal del poder que la constitucion politica y la ley les ha conferido, pasando asi por encima, sin miramiento alguno, de cualquier ser humano que se atraviesa en su camino, como si fueran los dueños de la vida de los demas y hasta violando sin escrupulos de ninguna naturaleza, por consiguiente, el mas importante de los derechos humanos: la vida misma de los que ellos estan llamados a proteger”.

    Esta Sala resalta que el modus operandi en el que perdió la vida el señor Joaquin Castro Vasquez, coincide con el fenómeno fatídico conocido como los “falsos positivo de Soacha”, por los cuales esta Sala ya ha tenido la oportunidad de dictar sendas sentencias condenatorias patrimoniales en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional”.

    La sentencia ordena una indemnizacion de perjuicios morales y materiales para la familia de la victima y ademas a medidas de justicia restaurativa entre las cuales señala que el ejercito publicara esta sentencia por todos sus medios de comunicación y paginas web por un año en forma ininterrumpida y se realizara un acto publico de perdon y desagravio en la plaza publica de Soacha encabezado por el ministro de defensa Nacional y el Comandante de las fuerzas militares.

  • Por falso positivo de Soacha condenado el ejército nacional

    El 25 de agosto del año 2008 fue ejecutado en Ocaña Santander el Joven Víctor Fernando Gómez por efectivos de la brigada móvil 15 del ejército nacional y fue presentado ante las autoridades y la opinión pública como un guerrillero dado de baja.

    Víctor Fernando abandono su domicilio en el municipio de Soacha, el 23 de agosto previo a su muerte, con la promesa de un trabajo en la costa atlántica, cayendo en esa forma en las manos de los “reclutadores” que posteriormente lo entregaron al ejército nacional.

    Javier Villegas Posada ha representado la madre y hermanos de la victima en los procesos penales que han cursado contra los militares y en los que ya ha habido condenas y también los ha representado en demanda de responsabilidad administrativa contra la nación- Ejercito Nacional -en el tribunal administrativo de Norte de Santander, quien profirió fallo condenatorio en sentencia notificada este mes de noviembre, concluyendo lo siguiente:

    “Los hechos en los que resultó muerto el señor Víctor Fernando Gómez Romero son los conocidos como los “falsos positivos de Soacha”, por los cuales tanto el juzgado segundo penal del circuito especializado de Cundinamarca y en segunda instancia la sala penal del tribunal superior del distrito judicial de Cundinamarca, declararon responsables a miembros del ejército nacional, y además el citado tribunal declaro los delitos investigados como de lesa humanidad”.

    “En el año 2010, el comité de derechos humanos de la ONU, puso en evidencia la existencia de un patrón factico común de ejecuciones extrajudiciales de civiles posteriormente presentados por la fuerza pública como bajas en combate, así como las directivas del ministerio de defensa que reconocían incentivos y el pago de recompensas sin control y supervisión interno, que habían contribuido a las ejecuciones de civiles”.       

    “………y se aprecia claramente que en el evento en el que el uso de las armas de dotación oficial genere daños antijurídicos, derivados de la presunta ocurrencia de una ejecución arbitraria, el fundamento de imputación aplicable es el de la falla en el servicio por el funcionamiento anormal, grosero y carente de humanidad con que actúan algunos desadaptados quienes se encuentran vinculados a la fuerza pública, en este caso, ejército nacional”.

    “Finalmente, esta sala resalta que el modus operandi en el que perdió la vida el señor Víctor Fernando Gómez Romero, coincide con el fenómeno conocido como los “falsos positivos de Soacha”, por los cuales esta sala ya ha tenido la oportunidad de dictar sendas sentencias condenatorias patrimoniales en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional”.

    La sentencia condena a una indemnización por perjuicios morales y materiales para la madre y hermanos de la víctima y a medidas de justicia restaurativa, entre las que ordena realizar en cabeza del ministro de defensa y el comandante de las fuerzas militares, un acto en el municipio de Soacha (Cund) en el que se reconozca la responsabilidad y se pida perdón por parte del estado.

  • Bala perdida disparada por la Policía ocasiono la muerte de un ciudadano.

    El Consejo de Estado en sentencia notificada en septiembre de este año, condeno a la Policía Nacional por la muerte de un ciudadano que se encontraba laborando en una oficina de un octavo piso, en el centro de Medellín, y donde lo alcanzo una bala disparada por agentes de policía que perseguían a delincuentes que momentos antes habían cometido un robo.

    Los hechos ocurrieron el 30 de septiembre del 2002 y dieron lugar a que la esposa y los hijos de la víctima instauraran demanda contra la Policía Nacional, otorgando poder a Javier Villegas Posada Abogados con el fin de demostrar su responsabilidad en los hechos y obtener por ello una reparación integral de perjuicios.

    Se alega por parte de la firma de Villegas, que los autores de la muerte de Adolfo Cardona Pérez fueron los agentes de la policía que accionaron irresponsablemente sus armas de dotación oficial. La Policía Nacional, a su vez, alego a través de todo el proceso que habían sido los delincuentes los responsables, pero se demostró con las pruebas aportadas por Villegas, que la muerte de Adolfo Cardona fue causada con un arma de dotación de propiedad de la Policía Nacional, razón por la cual el Consejo de Estado en sentencia definitiva y de segunda instancia y después de 15 años de iniciarse el proceso, determino:

    “En cuanto a la participación de la Policía Nacional en los hechos, es razonable concluir que, contrario a lo expresado por la entidad demandada en el recurso de apelación, se encuentra acreditado que el fallecimiento de la víctima ocurrió como consecuencia del impacto de un proyectil de arma de fuego de dotación oficial”.

    “Ciertamente, el informe de balística, el acta de minuta de vigilancia y las propias declaraciones de los agentes de policía implicados permiten concluir que el proyectil que impacto al señor Adolfo Cardona provino del revolver de marca Smith & Wesson calibre 38 de dotación oficial identificado con el numero ABE7796 que fue asignado al agente Preciado Córdoba el día en que ocurrieron los hechos que sirven de sustento a la demanda”.

    “Lo anterior se traduce en que; la entidad demandada falto a la verdad al sostener que el calibre y la clase de arma presuntamente empleada era diferente a la que utilizaban los agentes al momento de los hechos, habida cuenta de que el material probatorio obrante en el expediente resulta unívoco al determinar que, en efecto, el disparo que produjo el fallecimiento de la víctima emano de un arma de dotación oficial, manipulada por un integrante de la institución oficial en servicio activo”. Termino concluyendo la sentencia que ordeno indemnizar a los familiares de la desafortunada víctima.

  • Condenada la Policía y el Ejército Nacional por la toma guerrillera de Granada (Antioquia)

    El 6 y 7 de diciembre del 2000 un grupo de aproximadamente 600 guerrilleros pertenecientes a las guerrillas de las FARC y el ELN, incursionaron al municipio de Granada(Antioquia), efectuando un ataque terrorista al comando de policía con un carro bomba, que, al hacer explosión, ocasiona la muerte de varios agentes de Policía y la muerte de varios civiles, entre ellos, Claudia Milena Aristizábal y Jorge Andrés Agudelo, (menores de edad) y la señora Herminia Rosa Aristizábal Noreña. 

    La fuerza pública sabía de antemano la inminencia de la toma guerrillera y del numeroso grupo terrorista que acechaba la población, sin embargo, lo único que hizo el alto mando para contrarrestarla fue enviar un grupo de apoyo de 25 agentes de contraguerrilla de la Policía Nacional a todas luces insuficiente. 

    El Ejército Nacional, también brillo por su ausencia y durante las 20 horas que aproximadamente duro el ataque contra el comando y los Policías sobrevivientes, fue la fuerza aérea la única que brindo apoyo a la defensa de la policía y Población del municipio. 

    La Policía de Granada, y su población civil fue literalmente masacrada por la guerrilla de las FARC y el ELN, durante 20 horas, sin recibir apoyo eficaz que contratacara el brutal ataque de que fueron víctimas. 

    Los familiares de los menores Jorge Andrés y Claudia Milena, como también los de la señora Herminia Rosa, fallecidos en el ataque apoderaron a Javier Villegas Posada y su firma para instaurar demandas y lograr la correspondiente indemnización de la Nación. 

    El Tribunal administrativo de Antioquia en fallo definitivo y de segunda instancia y después de trascurrir 16 años de iniciarse el proceso condeno en sentencia notificada esta semana a indemnizar a los familiares de las tres víctimas fatales, argumentando para ello lo siguiente: 

    “De acuerdo con el oficio n° 0745 del 16 de junio de 2003, suscrito por el comandante del Departamento de Policía Antioquia, el atentado terrorista dejo un saldo de 19 personas muertas, entre ellas 5 miembros de la Fuerza Pública, aproximadamente 21 heridos, 200 inmuebles destruidos y 120 averiados, y el mismo se atribuyó a la guerrilla de las FARC.” 

    “En concordancia con ello, en el informe n° FGN-CTI-SI-no.51 del 14 de diciembre de 2000 de la Fiscalía General de la Nación, se concluyó, que los desastres ocurridos en el municipio de Granada fueron causados por grupos subversivos del frente 47 y 09 de la FARC, además el grupo CARLOS ALIRIO BUITRAGO del ELN y las MILICIAS POPULARES de ese municipio. Y que, el objetivo de la incursión guerrillera era el Comando de la Policía del municipio de Granada – Antioquia con el fin de darle a conocer al pueblo que ellos son los del poder, como lo demuestran con sus pasquines en las paredes de las residencias y locales comerciales donde la mayoría de las personas que se encontraban en sus negocios fueron alertadas con anticipación y por ello desocuparon los locales y residencias” 

    “Los medios de convicción que anteceden resultan suficientes para avizorar, que para la época de los hechos, la situación de violencia que aquejaba a los pobladores del municipio de Granada, era un hecho notorio, siendo tal la gravedad del escenario, que los homicidios y ataques por parte de los grupos subversivos termino siendo una constante en las anualidades 1999 y 2000, sim embargo la fuerza pública omitió sus deberes de protección a la vida e integridad de la comunidad, tanto así, que el municipio solo contaba con 23 policías, y pese a las amenazas directas sobre esta localidad no se tenía por el Ejército Nacional un plan de acción que garantizara la protección de la población, al punto que cuando ocurrió el ataque, estuvieron a merced de los insurgentes por espacio de veinte (20) horas, sin que recibieran apoyo de las fuerzas militares, lo cual se tradujo en una flagrante violación de los derechos fundamentales de los habitantes de la zona, así como de las normas del Derecho Internacional Humanitario, habida cuenta, la multiplicidad de masacres, desplazamientos, y en general, el terror y zozobra constante a la que terminaron sometidos los Granadinos. 

    “Por ende, resultan irrefutables las conclusiones a las que llego el juez de primera instancia, esto es, que la Fuerza Pública estaba advertida de la inminente incursión guerrillera, esto debido a los constantes hostigamientos en contra de la policía que se habían presentado en el municipio de Granada – Antioquia, Cuyos pobladores eran acusados de ser colaboradores de la guerrilla y un mes antes habían sido víctimas de una masacre de 21 personas por parte de los paramilitares, lo que genero la reacción violenta de los guerrilleros en contra del Estado representado en los policías de dicha municipalidad, sin embargo, lo único que hicieron para repeler un eventual ataque fue enviar un grupo e contraguerrilla de 25 uniformados de la Policía Nacional, los cuales no eran suficientes para detener el actuar violento de por lo menos 600 guerrilleros ,aunado, el Ejercito nacional brillo por su ausencia, durante las aproximadas 20 horas que duró la toma guerrillera no hicieron arribo al lugar.” 

     “Así entonces, el conocimiento previo que tenían sobre el mismo, impide predicar que haya sido un suceso imprevisible e irresistible para la Fuerza Pública, Y en tal sentido, no tiene cabida la eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, siendo en cambio procedente declarar una falla en la debida protección, seguridad y bienestar que deben dispensar a los ciudadanos las fuerzas del orden instituidas legítimamente para ellos, pues en palabras del órgano de cierre de esta jurisdicción, “no es ideal esperar del Estado que proteja la vida y bienes de los habitantes de una población, cuando el contexto de la época y de la región abatida, permitían prever lo que aconteció, de modo que sus habitantes, como mínimo esperaban una respuesta del Estado para proteger sus vidas e integridades, lo que evidentemente no sucedió.” 

    La ausencia de Estado en la época de esta toma guerrillera fue un hecho notorio en muchas regiones del país, conllevando con ello la vulneración de todos los derechos fundamentales de la población por parte de grupos guerrilleros y paramilitares que dominaban a su antojo muchos municipios con precaria o ninguna presencia de la fuerza pública.  

     

  • Mas condenas por falsos positivos de Soacha.

    Después de nueve años la impunidad en los falsos positivos se sigue desvaneciendo con condenas contra el Estado, militares implicados y ahora contra civiles reclutadores.

    Alexander Carretero fue condenado hoy lunes 11 de septiembre a 44 a años de cárcel al ser declarado responsable de los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, por el juzgado primero especializado de Cundinamarca.

    El 26 de mayo del 2016 y el 16 de marzo y 13 de junio de este año, la Fiscalía general le realizo a Carretero la imputación por ser el “reclutador” de los jóvenes de Soacha que fueron presentados por los militares como muertos en combate.

    También el 3 de abril de este año, el juez primero especializado de Cundinamarca condeno a penas de, entre 37 y 52 años de prisión a 21 militares, entre ellos a un coronel y un mayor, por el asesinato a sangre fría de cinco jóvenes humildes de Soacha (Cund.) que enterraron como N.N s abatidos en combate en el departamento del Norte de Santander declarándolos como crímenes de lesa humanidad.

    Entre los cinco jóvenes asesinados se encontraban Víctor Fernando Gómez y Jader Andrés Palacio, cuyos familiares han sido representados en este proceso por Javier Villegas Posada y su firma.

    En la investigación que se llevó a cabo para concluir que se tratan de crímenes de lesa humanidad y condenar a los militares se logró establecer que: Víctor Fernando Gómez, Jader Andrés Palacio y Diego Alberto Tamayo, entre otros, fueron conducidos a Ocaña (Sant.) por dos “reclutadores” con falsos ofrecimientos de trabajo y promesa de una buena remuneración. Cuando llegaron fueron retenidos en el cuarto de Alexander Carretero, uno de los reclutadores, les dieron bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas. En la noche fueron recogidos por dos miembros del ejército que los entregaron a otros de la brigada móvil 15. Estos los asesinaron y manipularon el lugar para simular contacto armado legítimo, reportar las muertes como resultados operacionales exitosos y obtener recompensas por ello. El ejército y los militares han sostenido a través de este proceso su inocencia., bajo la afirmación que verdaderamente se trataban de guerrilleros activos dados de baja en combate.

    El sargento John Jairo Muñoz Rodríguez, que se convirtió en testigo, confeso que después de varios regaños por los pocos “resultados en el nivel estratégico” (muertos en combate y otros) decidió pedirle ayuda al sargento Sandro Pérez Gonzales, que era de inteligencia del batallón Santander.  La respuesta fue escalofriante: “curso, si quiere le traigo gente, se la entrega a la tropa y se presentan como muerto en combate”. Muñoz dice que el coronel Gabriel Rincón Amado, jefe de operaciones de la Móvil 15, le dio el visto bueno a la oferta… “Pérez dijo que por persona había que pagar un millón de pesos más el pasaje –se lee en la confesión-. (..) rincón me dijo. “bueno, consígame dos personas”.

    Además, en sentencia del Tribunal Administrativo del Norte de Santander, originada en demanda instaurada por Villegas Posada y su firma, se condena a la Nación -Ejercito Nacional- por la muerte de Jader Andrés Palacio Bustamante y ordena indemnizar a los familiares de este, concluyendo para sustentar la decisión que:

    “Quedo demostrado que el señor Jader Andrés Palacio Bustamante, junto con otros jóvenes residía en Soacha, (Cund.), fueron transportados en un bus de Coopetran y dos días después aparecieron muertos en un supuesto combate contra miembros del Ejército Nacional, combate que fue inexistente y de lo que se trató en realidad fue de homicidios predeterminados, en una actuación de miembros del ejército para aparentar enfrentamientos con la guerrilla.” 

    “La sala encuentra debidamente acreditado, con las pruebas aportadas al expediente, que permitieron el análisis sobre las circunstancias de la muerte de Jader Andrés Palacio Bustamante, que tal ocurrió como consecuencias de una “ejecución extralegal, arbitraria y sumaria”

    Seguiremos en la denuncia permanente de la injusticia por el abuso de la autoridad.

  • Condenada la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial

    El 25 de mayo del 2000 el señor ELIBER ALEXANDER LOPEZ HERRERA fue capturado con otros individuos, cuando supuestamente perpetraban un atraco con arma de fuego en la ciudad de Medellín.

    La Fiscalía, tras su investigación, profirió en su contra la correspondiente medida de aseguramiento y una vez terminada la etapa de instrucción, dicto contra los implicados, la resolución de acusación. El juzgado 19 Penal del Circuito fue el encargado de la adecuación de la causa y fue quien condeno a Eliber Alexander López, considerando que la flagrancia en la cual fue aprehendido no podía eximirlo de su compromiso penal.

    La sala penal del Tribunal Superior de Medellín, mediante sentencia del 21 de mayo de 2001, revoco en su integridad, la sentencia proferida en primera instancia y en consecuencia absolvió al procesado Eliber Alexander López de los cargos contra el imputados, precisando que no había sido capturado en flagrancia y que contra él no existía dato confiable que permitiera establecer que efectivamente estaba participando como ejecutor o como simple compañero. En síntesis, fue absuelto porque su captura fue fundada en una simple sospecha y porque no se logró determinar la existencia de dicho delito en relación con el procesado.

    A causa del estrés nervioso y depresión causada por la privación injusta, el señor Eliber Alexander desarrollo, mientras estuvo recluido en la “Cárcel de Bellavista” de Medellín, una grave enfermedad (cáncer de colon) que lo condujo a la muerte el 23 de julio de 2001, a escasos tres meses de haber recobrado la libertad.

    La familia de López Herrera (padre y hermanos) apoderaron a Javier Villegas Posada y su firma de abogados para demandar a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial por la privación y prolongación injusta de la liberta de Eliber Alexander.

    Aduce Villegas Posada, en su demanda, que con la privación de la libertad de Eliber Alexander, fundamentada en una inexistente flagrancia así como inexistentes juicios de valor probatorio, se vulneraron principios de legalidad y presunción de inocencia.

    El tribunal administrativo de Antioquia en decisión del 25 de septiembre del 2012 profiere sentencia condenatoria contra la Fiscalía General y excluye a la Rama judicial, la decisión es impugnada por Villegas Posada y en decisión del mes de julio anterior el Concejo de Estado, después de 16 años del fallecimiento de Eliber Alexander López, confirma y revoca la sentencia condenando a la Fiscalía General y la Rama Judicial y ordena indemnizar a la familia de Eliber Alexander,  afirmando para ello lo siguiente:

    “El daño antijurídico está demostrado porque Eliber Alexander López Herrera estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad personal, desde el 25 de mayo de 2000 hasta el 21 de mayo de 2001. Es claro que la lesión al derecho de la libertad personal genera perjuicios que los demandantes no estaban en la obligación de soportar.”

    “La Fiscalía 82 delegada ante los Jueces Penales del Medellín impuso medida de aseguramiento de detención preventiva a Eliber Alexander López Herrera porque se encontraba en el lugar de la comisión de un hurto.”

    “Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín lo absolvió en aplicación del principio de in dubio pro reo, porque, aunque pudo haber estado en el lugar de los hechos, no se probó su participación en estos. Así lo puso de relieve la providencia al indicar: … en este proceso lo que subyace es una muy pronunciada duda, ya insalvable, sobre la participación de López Herrera en cualquiera de los delitos imputados … de lo cual no puede seguirse nada distinto que la absolución.”

    “En tal virtud, el daño es imputable a la Nación-Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, pues la Fiscalía ordeno la medida privativa de la libertad del procesado y un juez lo mantuvo privado de la libertad al emitir fallo condenatorio en primera instancia y por ello, se modificará la sentencia apelada.”

    Son innumerables los casos de los falsos positivos judiciales, de que han sido víctimas los ciudadanos colombianos, logrando en algunos de ellos demostrar su inocencia y por ende condenas de responsabilidad como esta, pero infortunadamente son muchos los que han purgado penas de privación injusta de la libertad que han destruido sus vidas y las de sus familias sin oportunidad alguna de ser medianamente reivindicados.

    Un sistema judicial, ineficiente, parcializado, lento y contaminado por múltiples motivaciones distintas a la búsqueda de la verdad y la justicia, es una afrenta y una burla insoportable para una sociedad decente y democrática.

  • Condenada la Policía Nacional y la Fiscalía General por la privación injusta de la libertad de Juan Pablo Gonzales.

    Juan Pablo Gonzales Patiño fue privado de la libertad el 15 de enero del 2008, en un procedimiento policial, bajo el supuesto de que se encontraba robando un vehículo automotor en el municipio de Envigado.

    El 4 de julio del 2008 y después de seis meses de serle arrebata su libertad y difamado al ser tratado como un delincuente, fue dejado libre por un juzgado penal de Envigado, por considerar que no cometió delito alguno.

    Gonzales Patiño fue capturado con otras personas en el operativo que realizo la Policía Nacional para recuperar el vehículo y fue colocado a órdenes de la Fiscalía, a pesar de que las víctimas fueron enfáticas en afirmar a los agentes de policía, que el sindicado no estaba involucrado en el robo.

    Juan Pablo y su familia otorgaron poder a Javier Villegas Posada, para demandar a la Policía Nacional y a la Fiscalía General.

    El Consejo de Estado en decisión notificada en el mes de junio anterior, y con ponencia del consejero Guillermo Sánchez Luque, profirió condena contra la Fiscalía y la Policía Nacional ordenando indemnizar a Gonzales Patiño y su familia concluyendo para ello lo siguiente.

    ¨Sin embargo, el juzgado penal con funciones de conocimiento de Envigado absolvió a Juan Pablo Gonzales Patiño al concluir que no cometió el delito y que desde un principio las victimas informaron a los agentes de policía que el sindicado no estaba involucrado en el hurto (hecho probado 6.5). Así lo puso de relieve la providencia al indicar:

    (…) Los testigos presentados por la fiscalía no dejan entrever que el hecho sucediera tal y como lo predice el ente fiscal en su teoría del caso, por ello el sentido del fallo se emitió absolutorio (…)

    (…) El conductor del camión, Luis Fernando Cárdenas, a través de sus respuestas hace un relato de los hechos, pero no señala al acusado como coautor o participe en el delito por el que se le acusa (…) dice que los que atacaron el vehículo eran personas diferentes al acusado.

    (…) Leiner Mosquera, propietario de la mercancía que se transportaba en el vehículo y quien viajaba con el conductor, manifiesta que fueron abordados por varios hombres quienes los obligaron a bajarse y adentrarse en un matorral, entre los cuales no se encontraba el acusado.

    (…) Se cuenta entonces con dos personas que tienen conocimiento personal de los hechos, el conductor del camión y el propietario de la mercancía que transportaba, el primero, no proporciona detalles sobre la actividad realizada por el acusado, pero afirma en términos generales que no tuvo nada que ver en la detención del camión y el segundo asevera rotundamente que, no participo en la comisión de la conducta imputada.

    Así las cosas, como la absolución del demandante fue con fundamento en que el sindicado no cometió los hechos punibles, (……) el título de imputación es el objetivo de daño especial, lo que torna en injusta la privación de su libertad.

    En tal virtud, el daño es imputable a la Nación – Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Defensa – Policía Nacional y, por ello, se modificará la sentencia apelada.

    Son innumerables los casos de los falsos positivos judiciales, de que han sido víctimas los ciudadanos colombianos, logrando en algunos demostrar su inocencia y por ende condenas de responsabilidad como esta, pero infortunadamente son muchos los inocentes que han purgado penas de privación injusta de la libertad, que destruyen su vida y la de si familia, sin oportunidad alguna de ser medianamente reivindicados.

    Un sistema judicial, ineficiente, parcializado, lento y contaminado por múltiples motivaciones distintas a la búsqueda de la verdad y la justicia, es una afrenta insoportable para una sociedad decente y democrática.

     

     

  • EN UN CAMPO SEMBRADO DE MINAS ANTIPERSONALES FALLECIO JUAN BAUTISTA MUELAS CAMPO EL PRIMERO DE DICIEMBRE DEL 2009

    Juan Bautista Muelas Campo, campesino del departamento del Cauca, agobiado por la pobreza y las dificultades para conseguir los medios de subsistencia para él y su familia, decide para mediados del año 2006, vincularse a la actividad de erradicación de cultivos ilícitos, programa financiado por el Gobierno Nacional.

    El primero de diciembre del 2009 Juan Bautista, sufrió un accidente al caer en un campo minado con otros compañeros mientras laboraban en uno de los cultivos ilícitos en la vereda san isidro del muncipio la montanita del departamento del caqueta. Ese mismo día falleció y fueron informados de su muerte su madre, hermanos y sobrinos con los que vivía, y por los que veía económicamente ya que ante la falta de su padre había asumido las riendas del hogar.

    La familia Muelas Campo, acuerda demandar al Ministerio de Defensa Nacional con el fin de demostrar su responsabilidad en su desafortunada muerte, y para ello apoderan a Javier Villegas Posada y su Firma, quienes sostienen que se trató de una falla en el servicio por omisión en el deber de cuidado y vigilancia por parte del Ejército y Policía Nacional.

    El Ejército y la Policía alegan, que se oponen a que se declare su responsabilidad ya que Muelas Campo decide en el año 2006 vincularse a la actividad de erradicador de cultivos ilícitos bajo su propio riesgo.

    El Tribunal Administrativo del Caquetá con ponencia del magistrado Jesús Orlando Parra, profiere sentencia condenatoria contra el Ministerio de Defensa, aduciendo para ello lo siguiente:

    “Bajo estos supuestos, es forzoso concluir, que la fuerza pública es decir el Ejército y la Policía Nacional fallaron en su deber de Cuidado frente a los erradicadores, pues disponiendo de los medios tecnológicos y humanos para contrarrestar o prevenir la presencia de minas antipersonas o artefactos explosivos improvisados, no lo hicieron, evidenciándose una falla en el servicio.

    Aunado a lo anterior, se tiene que era hecho previsible que el campo estuviera minado, pues como es bien sabido los grupos delincuenciales utilizan estos instrumentos para protegerse, de la incursión de la fuerza pública a sus cultivos, laboratorios y en general a las zonas donde se encuentran…¨

    “…., no se puede perder de vista que cuando un ciudadano es contratado para erradicar cultivos ilicitos no esta asumiedo mas carga que la de su propio trabajo, mas no asume las cargas que corresponden a los uniformados en cumplimiento de sus funciones, como equivocadamente lo quiere hacer ver el apoderado de la Policia Nacional.”

    “ En consecuencia se tiene que la Nacion – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional y Policia nacional no lograron probar ninguna de las excepciones propuestas, y por tanto, se les declara responsables por el incumplimiento del deber de cuidado frente al grupo movil de erradicacion al que pertenecia el senor JUAN BAUTISTA MUELAS CAMPO.”

    Han sido miles los adultos, niños y ancianos, de los campos de la patria cuyas vidas se han sesgado o sus cuerpos mutilados por el infame flagelo de las minas antipersonales sembradas por las manos criminales de las guerrillas de las FARC, ELN, y otras organizaciones delincuenciales, cuyo único objetivo ha sido proteger el negocio ilícito de las drogas y su actividad criminal y terrorista.

    Muy pocas familias y víctimas directas han podido acceder a una indemnización y reparación justa y tendrán que resignarse, además, a que los autores de los hechos que generaron sus tragedias queden amparados por la mas repugnante y vergonzosa impunidad.

  • Condenado el Ejército Nacional por la muerte de Rodrigo Salas David y las lesiones de Luis Hernando Góez Lopera.

    “El 17 de noviembre del 2005 miembros del batallón de infantería 46 voltígeros, quienes se encontraban en cumplimientos de la misión táctica “Nápoles” en la vereda Arenas Altas del Corregimiento de San José de Apartadó, tuvieron un enfrentamiento armado con una cuadrilla de las FARC y, como consecuencia de la explosión de una granada que fue lanzada durante el enfrentamiento, se produjo la muerte del señor Rodrigo Salas David, quien se encontraba trabajando en un cultivo de maíz de una finca de la zona.

    De igual manera, Luis Hernando Góez Lopera también se encontraba recogiendo maíz en el mismo cultivo y una vez comenzó el enfrentamiento armado, huyo del lugar; no obstante, como consecuencia de un segundo hostigamiento que tuvo lugar en la misma vereda, fue alcanzado por un proyectil que se alojó en su espalda.”

    En un principio el Ejercito los señalo como guerrilleros y posteriormente admitió que eran civiles-agricultores de la zona victimas del enfrentamiento con la guerrilla.

    La familia de Salas David, y Góez Lopera y sus parientes más cercanos apoderaron a la firma Javier Villegas Posada Abogados para demandar al Ejercito con la finalidad de determinar su responsabilidad y consecuente indemnización.

    En sentencia proferida por el Concejo de Estado notificada el mes de Julio pasado y con ponencia del magistrado de la sección tercera, Carlos Alberto Zambrano, se confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, declarando la responsabilidad del Estado-Ejercito Nacional-Y ordenando indemnizar a las víctimas y concluyendo para ello lo siguiente:

    “Pues bien, acreditado como esta que los daños se produjeron durante el enfrentamiento armado sostenido entre agentes del Ejercito Nacional y una cuadrilla de las FARC, resulta irrelevante para la Sala, atendiendo los criterios jurisprudenciales expuestos, determinar el autor de los daños a fin de imputar responsabilidad al Estado, en consideración a que su declaratoria exige únicamente que aquel que se produzca en el marco de un enfrentamiento armado en el que estén involucradas fuerzas estatales, lo cual, como se vio, se encuentra demostrado en el plenario.”

    Miles de nuestros campesinos y agricultores, han caído víctimas de los enfrentamientos armados entre fuerzas del orden y los grupos subversivos, pero pocas familias han logrado una justa reparación por parte del Estado.

  • Condenado el Municipio de Villa de Leyva y la Policía Nacional por la muerte de Luz Marina Pulido y las lesiones de Martha Corina Pulido.

    El 6 de marzo del 2011, falleció la señora Luz Marina Pulido Pulido y resultó lesionada de gravedad su hermana Martha Corina, en un accidente en el parque ecológico “La Periquera” ubicado en el Municipio de Villa de Leyva (Boyacá),

     Las hermanas Pulido Pulido y demás familiares visitaba el parque ecológico y cuando se encontraban en la canastilla “Telesilla” se desprendió en la que se hallaban las hermanas Pulido, de una considerable altura, falleciendo instantáneamente luz marina debido al fuerte impacto y lesionándose de gravedad su hermana, quien después de múltiples intervenciones quirúrgicas y una prologada convalecencia recupero parcialmente su salud.

    El parque ecológico entro en funcionamiento sin obtener los permisos y licencias respectivas para su apertura como atracción turística, y sin la vigilancia y control de la Policía Nacional lo que desconocían los que allí concurrían.

    De manera tardía el, Municipio de Villa de Leyva decreto el cierra del parque de atracciones el 11 de abril del 2011, unos pocos días después del trágico accidente.

    Los familiares de las víctimas apoderaron a Javier Villegas Posada Abogados para demandar al Municipio de Villa de Leyva y a la Policía Nacional, quienes no realizaron las actuaciones necesarias para proteger la integridad de las personas que frecuentaban el parque en mención.

    El 30 de septiembre del 2014 el juzgado cuarto administrativo del circuito de Tunja, condenó solidariamente a la Policía Nacional y al Municipio de Villa de Leyva, a indemnizar a los demandantes y en sentencia notificada en mayo del año en curso, el tribunal administrativo de Tunja confirmo la decisión en segunda y última instancia, señalando que asiste la razón al fallador de primera instancia cuando precisa y advierte que:

    “….. La muerte de la señora Luz Marina Pulido Pulido y las lesiones sufridas por la señora Martha Corina Pulido, resultan imputables al Municipio de Villa de Leyva y a la Policía Nacional, por una falla en el servicio por omisión, toda vez que en los hechos que dieron lugar a la muerte y lesiones de las víctimas, el estado no desplego actividad eficaz alguna sobre una situación de amenaza que era previamente conocida por dichas autoridades, incumpliendo claramente con sus deberes de acción, seguridad y protección que le asistía, en ese sentido…”

    “….. La omisión que se le atribuye a las entidades demandas, consiste en que el parque ecológico la periquera nunca conto con las autorizaciones para su funcionamiento como atracción turística, de tal manera que le era exigible al Alcalde del Municipio de Villa de Leyva adelantar las actuaciones necesarias para proteger la integridad de las personas que frecuentaban el parque…”

    “….. La medida de cerrar temporalmente el parque resulto tardía, como quiera que se efectuó con posterioridad a la ocurrencia de la tragedia, es decir, la Administración guardo un comportamiento pasivo y negligente al abstenerse de tomar una decisión eficaz sobre el establecimiento de comercio; que si bien es cierto la canastilla “telesilla” comenzó a funcionar apenas quince días antes de los hechos, el Parque la Periquera con anterioridad, venía ejerciendo actividades de las cuales tuvieron conocimiento el Municipio de Villa de Leyva y la Policía Nacional…”

    “….. La Policía Nacional tenía conocimiento de la situación de riesgo, y por lo tanto tenía la obligación asignada por la Constitución Política (artículo 218), de garantizar la vida e integridad de los turistas, de manera que se le debe imputar fáctica y jurídicamente el resultado dañoso.”

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