• Condenada la Policía y la Fiscalía por torturas y falso positivo judicial

    Yeison Estiben Zapata Lara fue capturado el 28 de febrero del 2005 por agentes del grupo SIJIN de la Policía Nacional, torturado física y psicológicamente para obtener una confesión sobre hechos criminales que no había cometido y de los que a la postre fue señalado como autor.

    Zapata Lara, agricultor que laboraba en una vereda del municipio de Rionegro (Ant) fue obligado mediante torturas y amenazas contra el y su familia a confesar los delitos de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y porte de estupefacientes.

    La fiscalía General de la Nación el 10 de marzo del mismo año, profirió resolución de acusación por los delitos mencionados, y ordeno su reclusión en la ‘’ cárcel “ de Bellavista de Medellín, privación de la libertad que se prolongo hasta el 14 de  septiembre del año 2006, cuando el juzgado promiscuo municipal de Guarne ordeno su libertad, al declarar la nulidad del proceso. Juzgado que posteriormente lo absolvió.

    Yeison Estiben y sus familiares mas cercanos confirieron poder a JAVIER VILLEGAS POSADA abogados para demandar a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación y reclamar perjuicios por la privación injusta de la libertad y las graves violaciones de derechos humanos de que fue victima.

    El Consejo de Estado- sección tercera- en sentencia definitiva y de segunda instancia notificada en marzo pasado, condeno a las entidades demandas, concluyendo para ello lo siguiente:

    Con relación a la Policía Nacional;

    “Siendo así, se debe concluir que además de que la entidad castrense incurrió en una falla del servicio al incumplir con la obligación de proteger la integridad personal, la vida y la honra del señor Zapata Lara, se materializo una grave vulneración de sus derechos humanos, habida cuenta de que el mencionado señor fue objeto de tratos inhumanos y degradantes.

    En efecto, se demostró que agentes del Estado, haciendo uso de la autoridad que les asistía como miembros de la fuerza publica y en desmedro de la dignidad que le asiste a todos los ciudadanos, golpearon, maltrataron y amenazaron al señor Zapata Lara para que confesara la participación de unos delitos que no  cometió y de esta manera demostrar una labor eficiente, desconociendo tanto las disposiciones de los instrumentos internacionales  a los que se hizo referencia con anterioridad como las normas de derecho interno que prohíben este tipo de conductas.’’

    Y con relación a la fiscalía General;

    “ En otras palabras, pese a que la Fiscalía General de la Nación tenia la potestad y el deber constitucional y legal de garantizar los derechos de los ciudadanos puestos a su disposición , no declaro la ilegalidad de la captura del señor Yeison Estiben Zapata Lara, como debió hacerlo al tratarse de un procedimiento abiertamente ilegal. ‘’

    ‘’En efecto, esa entidad acuso al señor Zapata Lara por la comisión del delito de hurto calificado y agravado, sin antes constatar la veracidad de las manifestaciones sobre el maltrato del que habían sido victimas los testigos que dieron origen a la investigación y los sindicados y, además, sin verificar cual fue la incidencia de esos ultrajes en sus confesiones, pese a que  los informes de Policía y la ratificación de los mismos – elementos probatorios derivados del sujeto activo del posible maltrato – eran las únicas pruebas que existían para fundamentar tal acusación.’’

    “Por la razones expuestas, se concluye que la Fiscalía General de la Nación también contribuyo a la configuración del daño  antijurídico alegado por la parte actora y, por tanto, dicha entidad debe responder a titulo de falla en el servicio, por cuanto, como  se dijo, declaro ajustada a derecho una captura abiertamente ilegal y violatoria de los derechos fundamentales del procesado y, además, dicto resolución de acusación y mantuvo vigente la medida de aseguramiento durante toda la investigación, aun cuando ya se encontraba totalmente desvirtuada la existencia de los requisitos necesarios para imponerla.’’

    La sentencia condena a indemnizar a Zapata Lara y a los demandantes, por perjuicios morales y materiales y además a una medida de reparación no pecuniaria que consiste en que la Policía  Nacional establezca un link en su pagina web con un encabezado en que  reconozca públicamente su responsabilidad en lo relacionado con las infracciones a los derechos humanos (torturas físicas y psicológicas) de Zapata, y en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia, debiéndose mantener el acceso al publico por el termino de dos meses.

Agregar un comentario.