• POR FALSO POSITIVO JUDICIAL CONDENADA LA FISCALÍA

    Jorge Humberto Chavarriaga Mejía  fue señalado por la Fiscalía de ser el coautor de colocar un carro bomba en las instalaciones del Gaula de Medellín, causando la muerte y lesiones de varias personas y daño a edificaciones y automotores, el 30 de julio de 1999.

    El 28 de octubre de 1999 Chavarriaga Mejía fue capturado por orden de una Fiscalía especializada, el 5 de noviembre del mismo año se decreto medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y el 2 de octubre del 2000, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, profirió resolución de acusación en su contra por los delitos de rebelión, homicidio y lesiones múltiples con fines terroristas y terrorismo.

    Lo más importante de la investigación penal se llevó a cabo al interior de la unidad de Policía Judicial, sustraída de las más elementales garantías procesales, entre ellas las del debido proceso.

    Lo que amerito que el Juzgado Segundo Especializado de Medellín calificara esta falencia de la Administración de Justicia (policía judicial-fiscalía) de “Vergonzosa y Vergonzante”.

    El 19 de febrero del 2002, y después de más de 2 años de privación de la libertad en nuestras “cárceles” el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Medellín absolvió a Jorge Humberto Chavarriaga Mejía de los delitos imputados en aplicación al principio del In dubio Pro Reo y ordenó su libertad inmediata.

    En la sentencia del juzgado, entre otras cosas, se dijo sobre los testigos que comparecieron para incriminar a Chavarriaga  lo siguiente.

    “De esta manera, lo que el averiguatorio realmente revela, pudiendo aseverarlo sin asomo de duda, es que todo fue un burdo, tenebroso, absurdo y funesto montaje. No otra cosa se deduce de la capacidad moral para mentir al dejar a lo largo del proceso la estela de disparidad y embustes….”.

    “…….no sabemos con certeza “ Quien o quienes son los autores o participes de la conducta punible”, por cuanto, como lo expusimos a lo largo de la estimación probatoria, los testigos que implicaron a los aquí enjuiciados lo cumplieron con preclaro designio económico, previa instrucción y adiestramiento para tal efecto, no sirviendo estas aserciones ni para cobro de recompensa”.

    “De tal forma que, vista la prueba de cargos, tanto testimonial como documental, no tiene textura solida, presentando gruesas contradicciones que conllevan a su porosidad, debido a sus profundas imprecisiones y ambigüedades, resquebrajándose por si sola, restándole credibilidad…”.

    Chavarriaga Mejía, sus padres y hermanos confirieron poder a Javier Villegas Posada abogados, quien los represento durante los 15 años de duración del proceso, que termino con sentencia definitiva y de segunda instancia del Consejo de Estado, en la que se condena a la Fiscalía a indemnizar a las victimas, y concluyendo para ello lo siguiente:

    “Conforme a lo anterior, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín, encontró que acorde con las pruebas obrantes en el proceso frente a las circunstancias y antecedente en torno a la responsabilidad de la comisión de los punibles de rebelión, homicidios y lesiones múltiples con fines terroristas, y terrorismo, al analizarlas no pudo determinar con el grado de certeza la responsabilidad del sindicado, por tanto las dudas evidenciadas y que están plasmadas en el desarrollo de la sentencia dio aplicación al principio de in dubio pro reo”.

    “En consecuencia, al encontrarse acreditada la causación del daño antijurídico en virtud de las actuaciones de la Nación – Fiscalía General de la Nación, hay lugar a declarar su responsabilidad patrimonial y extracontractual”.

    Además en la sentencia se condena por concepto de daño inmaterial por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, que realicen, dentro de los 6 meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, un acto publico de reconocimiento de responsabilidad y presentación de excusas por la vulneración al buen nombre y a la honra del señor Jorge Humberto Chavarriaga Mejía, como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la cual fue victima.

    Condena esta, que no se cumple en la gran mayoría de las veces, prestándose solamente para burlar los derechos de las víctimas, como el buen nombre y la honra  en este caso, que quedan sin indemnización económica.

    Son innumerables los casos de los falsos positivos judiciales, de que han sido víctimas los ciudadanos colombianos, logrando en algunos de ellos demostrar su inocencia y por ende condenas de responsabilidad como esta, pero infortunadamente son muchos los que han purgado penas de privación injusta de la libertad que han destruido sus vidas y las de sus familias sin oportunidad alguna de ser medianamente reivindicados.

    Un sistema judicial, ineficiente, parcializado, lento y contaminado por múltiples motivaciones distintas a la búsqueda de la verdad y la justicia, es una afrenta y una burla insoportable para una sociedad decente y democrática.

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