• CONDENADA LA FISCALIA Y LA RAMA JUDICIAL POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD

    El 31 de enero del 2000, miembros de la fuerza publica capturaron en la región de Urabá – Antioquia, a Jairo Suarez Ospina quien se desempeñaba para ese entonces como Concejal de Apartado, por ser presuntamente fundador del grupo armado ilegal “comandos populares de la región de Urabá”

    El 22 de septiembre del 2000, la fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito de Medellín, Unidad de Derechos Humanos, profirió resolución de acusación en contra de Jairo Suarez Ospina por el delito de concierto para delinquir y el 18 de marzo de 2003, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Antioquia lo condeno por este delito.

    Jairo Suarez fue absuelto por el Tribunal Superior de Antioquia en diciembre de 2003 por falta de plena prueba sobre su responsabilidad, y ordeno su libertad inmediata después de haber estado privado injustamente de su libertad por 46 meses.

    Javier Villegas Posada y su firma apodero a Suarez Ospina y a su familia para demandar a la Fiscalía y a la Rama Judicial por su privación injusta de la libertad y el daño a su buen nombre, y el Consejo de Estado en decisión de segunda instancia y después de casi 15 años de iniciarse el proceso ordeno indemnizar a las victimas concluyendo:

    “La Fiscalía delegada ante los Jueces Penales del Circuito Judicial de Medellín impuso medida de aseguramiento a Jairo Suarez Ospina con fundamento en una declaración que lo señalaba como fundador del grupo ilegal Comando Populares de la región de Urabá”.

    Sin embargo, el Tribunal Superior de Antioquia lo absolvió porque no existía prueba de responsabilidad porque uno de los testigos generaba sospechas y no tenia fuerza probatoria para vincularlo como fundador de un grupo armado ilegal y los otros testimonios eran nulos, porque se recaudaron con violación al debido proceso”.

    “Así las cosas, como la privación de la libertad de Jairo Suarez Ospina se fundamento en la ausencia de una prueba solida, el titulo de imputación aplicable es el de falla del servicio, lo que torna en injusta privación de la libertad. En tal virtud el daño es imputable a la Nación-Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, pues la Fiscalía ordeno la medida privativa de la libertad del procesado y un juez lo mantuvo privado de la libertad al emitir el fallo condenatorio en primera instancia y, por ello, se confirmara le sentencia apelada”.

    Un sistema judicial, ineficiente, parcializado, lento y contaminado por múltiples motivaciones distintas a la búsqueda de la verdad y la justicia, es una afrenta y una burla insoportable para una sociedad decente y democrática.

1 Comment

  1. abelardo morelo lorduy dice: 17 Febrero, 2018 at 3:19 pmResponder

    Yo tambien fui victima de un falso positivo y no me han precluido mi proceso, actualmente estoy libre por vencimiento de terminos y no me han hecho la audiencia de formulacion de la acusacion, porque la fiscalia no tiene pruebas ni victimas en mi contra, mi cel 300 878 2943 Monteria-Cordoba.

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