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    Un pequeño asomo de justicia

    ” Las fuerzas de seguridad han perpetrado un elevado número de asesinatos premeditados de civiles y han presentado fraudulentamente a esos civiles como ‘bajas en combate’. Aunque al parecer estos llamados falsos positivos no respondían a una política de Estado, tampoco fueron aislados. Estos homicidios fueron cometidos por un gran número de unidades militares y en todo el país. Se produjeron porque las unidades militares se sintieron presionadas para demostrar que su lucha contra las guerrillas tenía resultados positivos a través de ‘número de bajas’ […] En general, hubo una falta fundamental de rendición de cuentas y problemas en todas las etapas de los procesos disciplinarios y de investigación”

    Doña Rosa Gaviria de López sabe que nada en el mundo puede reemplazar la emoción que le producían las tardes de charla con su hijo Juan Carlos. Nada superará jamás, el goce de servirle su desayuno caliente antes de ir a trabajar. Doña Rosa entendió que la vida nunca será la misma, pues su hijo le fue arrebatado de la vida injustamente cuando apenas estaba formando una familia.

    Sin embargo, ella también sabe que hoy la justicia hizo su parte. Hubo reparación para ella y las personas que amaron a Juan Carlos. Este es uno de los episodios más sonados de falsos positivos en nuestro país.

    En enero de 2008, la Octava Brigada del Ejército informó, que luego de 15 días de seguimiento e inteligencia, fueron dados de baja tres guerrilleros del frente 50 de las FARC, quienes pretendían secuestrar a un profesional de la región. Los cuerpos expuestos pertenecían a tres hombres que salieron de sus casas una semana antes para acampar en la zona.

    Los familiares de Carlos Arturo Velásquez, Fernel Andrés Londoño y Juan Carlos López aseguran que los tres jóvenes salieron de sus viviendas a acampar una semana antes de los hechos; la falta de comunicación y la prolongación no justificada del viaje generó sospechas entre las familias que emprendieron la búsqueda de estos tres hombres. Dicha búsqueda, los condujo a la morgue de Calarcá en la que se les informó que la muerte había sido producto de un enfrentamiento sostenido con tropas del Ejército en la vereda La Paloma.

    La situación, en ese entonces, fue relacionada con presuntos reclutamientos de la guerrilla pero para las familias no era coherente que los reclutaran, los llevaran a otro sitio y resultaran muertos en enfrentamientos con el Ejército a tan poco tiempo de haber llegado. A pesar del miedo que genera enfrentarse al poder de las fuerzas armadas, las familias de los jóvenes que tenían entre 17 y 35 años, decidieron hablar y emprender acciones legales para aclarar la situación y limpiar los nombres de estos tres hombres que se dedicaban a labores del campo.

    En ese momento, la Octava Brigada respondió que la “Operación Estocolmo”, como fue denominada por el Ejército, fue ajustada a los procedimientos militares; pero una extensa investigación que reunió pruebas y entrevistó a testigos desvirtuó la versión del Ejército sobre las muertes ocurridas en la vereda La Paloma, del municipio de Calarcá, durante operativos de patrullaje nocturno para detener una supuesta extorsión.

    La investigación de peritaje comprobó que hubo contradictorios o falsos testimonios de soldados que participaron en la operación; además, encontró que a Carlos Arturo, Fernel Andrés y Juan Carlos se les plantaron armas y objetos relacionados con las FARC . Las declaraciones fueron contrapuestas con los testimonios de habitantes de la zona.

    Esta situación fue puesta en evidencia en la sentencia expedida el mes de septiembre de 2016, por el Tribunal Administrativo del Quindío, en la que se indica que “se puede evidenciar y corroborar que lo ocurrido no fue para nada un combate en ejercicio legítimo de la fuerza pública, sino un montaje del mismo, en donde se plantaron los cuerpos de tres personas asesinadas previamente y evidentemente manipulados, de acuerdo con las manchas de sangre, la posición de los cuerpos, ropas y descripción de las lesiones. No existe alguna razón por la que una vez ocurrido el supuesto combate los cuerpos fueran movidos de su posición original…”

    En este caso, en el que el abogado Javier Villegas Posada y su firma representaba a dos de las tres familias afectadas, se pudo establecer la responsabilidad de integrantes del Ejército Nacional en la muerte violenta de estos esposos, padres y hermanos.

    En una decisión trascendental la Nación deberá brindar apoyo psicológico a las familias de estos tres jóvenes que encontraron la muerte en un fin de semana de esparcimiento. El Estado, también deberá organizar un acto público en el Batallón de Alta Montaña N.5 “General Urbano Castellano Castillo” en el que el comandante de dicho batallón exprese su reproche por los hechos investigados y ofrezca perdón público a los familiares y, como garantía de no repetición, todos los integrantes del Batallón deberán realizar un curso con una duración no menor a 50 horas acerca de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

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