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    Fallo del Consejo de Estado revive ‘falso positivo’ de los 90 y lo eleva a crimen de lesa humanidad.

    El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar más de 570 millones de pesos por el asesinato de dos jóvenes en Medellín y por otros dos más que resultaron heridos en hechos ocurridos en 1992. En el caso están involucrados seis policías, que hace casi 20 años fueron absueltos por la justicia militar.

    El tribunal elevó el caso de delito a crimen de lesa humanidad y le ordenó a la Fiscalía a reabrir la investigación para establecer si se puede aplicar una sanción penal en contra de los uniformados.

    En el fallo, el alto tribunal le ordena a la Policía a pedir perdón públicamente, publicar la sentencia y hacer un acto en cabeza de los altos mandos de la institución.

    El caso se remonta al 15 de agosto de 1992, cuando cuatro jóvenes que se movilizaban en dos motocicletas fueron interceptados por seis policías en el barrio Los Colores, en Medellín.

    Las víctimas, John Freddy Arenas, Luis Fernando Hernández, Luis Fernando Rendón y Deyson Alberto Rodríguez, fueron golpeadas por los uniformados antes de que los amarraran con los cordones de sus propios zapatos para conducirlos al lugar de su ejecución.

    Sin embargo, en el camino una de las motos se averió, lo cual fue aprovechado por Rodríguez para golpear a uno de los policías y echarse a rodar por entre los matorrales. Sobrevivió a pesar de las múltiples lesiones. Los otros tres jóvenes fueron bajados en un paraje y baleados por los policías. De estos, Rendón, quien recibió seis impactos de bala, logró salvarse.

    Pese a los testimonios de los sobrevivientes -asesinados dos años después por sicarios- un Tribunal Militar absolvió a los policías, que deberán enfrentar un proceso penal, ahora en manos de la justicia ordinaria. “A pesar de haber sido fallado por la justicia militar e investigado por la Procuraduría, logramos demostrar que los jóvenes fueron ejecutados extrajudicialmente. La sentencia, además de hacer justicia para las víctimas, sienta un importante precedente para otros casos de este tipo”, dijo Javier Villegas, abogado de las familias de las víctimas.

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